Paquete Económico 2024: Perspectivas para la movilidad social
*Coautor: Édgar Pérez Medina, analista de investigación del CEEY.
El Paquete Económico 2024, conformado por los Criterios Generales de Política Económica, la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de la Federación, se encuentra en la fase final de discusión y aprobación en la Cámara de Diputados.
La viabilidad del Presupuesto de Egresos (PEF 2024) se ve comprometida por sus limitaciones en abordar problemas económicos de largo plazo y en garantizar un piso socioeconómico mínimo para aquellos en desventaja, elemento esencial para impulsar la movilidad social en el país.
Uno de los aspectos más preocupantes del mismo es el déficit sin precedentes del 5.4% del PIB, con posibles repercusiones negativas que podrían impactar de manera desigual a las futuras generaciones.1 Otro, el que no contemple fondos para la reconstrucción de Acapulco ante la devastación que le infligió el Huracán Otis y que inexplicablemente la coalición de partidos en el gobierno se niega a incluir.
Un área clave que demanda una atención inmediata es la persistente deuda social en sectores fundamentales para el desarrollo económico incluyente.
El sistema de salud, por ejemplo, enfrenta desafíos significativos y requiere una asignación más robusta de recursos. Sorprendentemente, el monto destinado a este sector se sitúa en un modesto 2.8% del PIB, una cifra que queda considerablemente por debajo de las recomendaciones de expertos que abogan por un mayor compromiso financiero. La Organización Mundial de la Salud señala que se debe destinar, como mínimo, el 6% del PIB a este rubro.
Asimismo, el gasto educativo, vital para el ascenso social, se encuentra en niveles del 3.1% del PIB, una inversión a la que, según las recomendaciones internacionales, se le debe destinar entre 4-6% del PIB para garantizar una educación de calidad.
La distribución presupuestaria revela desequilibrios notables que podrían impactar la movilidad social de manera adversa. El gasto en pensiones alcanzará el 5.8% del PIB, porcentaje equivalente casi al doble de lo destinado a la educación. Esta disparidad plantea interrogantes sobre la justicia intergeneracional, ya que se debería priorizar la inversión en el futuro del país mediante la educación, en lugar de cargarle a las futuras generaciones con un gasto pensionario desproporcionado.
El sistema de cuidados, crucial para la promoción de la movilidad social y la igualdad de género, se ve marginado en términos presupuestarios. Es imperante dar la oportunidad a las mujeres de delegar al Estado la atención de sectores vulnerables para facilitar la incorporación de ellas al mercado laboral. Sin embargo, los recursos destinados para programas de cuidados en 2024 suman apenas 44 mil 870 millones de pesos, representando únicamente el 2.3% del gasto en pensiones de acuerdo con el Centro de investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), subrayando así la necesidad urgente de priorizar la inversión en este sector para fortalecer la igualdad y la inclusión social.
Además, el gasto de inversión en infraestructura, fundamental para el crecimiento incluyente y la generación de empleo formal, se encuentra notablemente por debajo de las recomendaciones internacionales, situándose en un 3.2% del PIB. Esta brecha puede tener consecuencias adversas en la creación de empleo, mermando el crecimiento económico del país en el mediano y largo plazo y limitando así las oportunidades de movilidad social ascendente.
El aumento proyectado del 11.8% en el costo financiero de la deuda pública para 2024, que ascenderá al 3.3% del PIB, plantea preocupaciones adicionales. El incremento sugiere que se destinará más presupuesto al pago de la deuda que a áreas cruciales para la movilidad social, como educación, salud o inversión. Este endeudamiento es inconstitucional pues se destinará a gasto corriente no a la construcción de infraestructura como lo dicta el artículo 73 fracción VIII de la Constitución. Aunado a lo anterior, ocurre en un momento inoportuno ya que el Banco de México mantiene una política monetaria sumamente restrictiva con una tasa de interés del 11.25% con el propósito de combatir la inflación. Esta desviación en el uso de los fondos de la deuda amenaza con exacerbar los desafíos financieros y socavar las bases necesarias para una movilidad social ascendente efectiva.
En relación a esto, existe en curso un debate crucial sobre la estrategia más efectiva para reducir la pobreza y fomentar la movilidad social en México a través del gasto público. Aunque inicialmente se percibe un compromiso alentador por parte del Gobierno Federal al destinar una inversión prevista de 727 mil millones de pesos al gasto social, es imperativo cuestionar la efectividad de los enfoques propuestos en este paquete de índole universal y asistencial en lugar de focalizado e intergeneracional. A pesar de los avances notables en la reducción de la pobreza en México, es crucial analizar críticamente los métodos empleados para lograr estos resultados y la sostenibilidad de los mismos en ausencia de una Reforma Hacendaria.
En este contexto, la política laboral emerge como un factor destacado en la reducción de la pobreza. Específicamente, el aumento del salario mínimo ha demostrado ser un instrumento eficaz al sacar de la pobreza a 4.1 millones de personas entre 2018 y 2022. Este enfoque, centrado en fortalecer las condiciones laborales, plantea interrogantes fundamentales sobre la dirección que deben tomar las políticas sociales en el país. Aclarando que, para seguir avanzando en materia laboral, resulta fundamental tener mejoras en productividad a partir del fortalecimiento del capital humano y físico.
La evolución de la política social y, por consiguiente, del gasto público, debe transitar de manera decidida desde el enfoque actual hacia uno que promueva la igualdad de oportunidades en diversos aspectos fundamentales de la vida de los ciudadanos. Este cambio estratégico busca asegurar que todos los individuos, independientemente de sus circunstancias iniciales, tengan acceso equitativo a servicios fundamentales como salud, educación, trabajo y servicios financieros para que puedan integrarse y funcionar exitosamente en el mercado laboral.
En conclusión, el PEF 2024 refleja la necesidad de implementar una reforma fiscal que lo haga sostenible y sea justo y progresivo. Abordar los desafíos de la movilidad social en México requiere un enfoque integral que atienda la salud, la educación, los cuidados y las condiciones laborales. De aprobarse en sus términos actuales, fallará en avanzar la justicia social y en atender a los damnificados del Huracán Otis.
Si la próxima administración pretende avanzar la equidad, deberá tomar medidas audaces y sostenibles, como la de crear un sistema de protección social universal sostenible financiado con una reforma fiscal progresiva para promover una verdadera movilidad social en México. Garantizar un piso socioeconómico mínimo de derechos es esencial para el desarrollo equitativo de todas las personas en desventaja.
1/ La información cuantitativa que aquí se presenta proviene del Paquete Económico aprobado por el Congreso de la Unión y cifras de INEGI.
Enrique Díaz-Infante
Director de Sistema Financiero del Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY). Es licenciado en Derecho por la UNAM y maestro en Políticas y en Desarrollo, ambas por la London School of Economics. Ha publicado un libro sobre “Regulación Financiera y Competencia Económica” y dos en coautoría por el CEEY: “El Sistema Financiero Mexicano” y “El México del 2018, Movilidad Social y para el Bienestar”. Periódicamente publica en el periódico Reforma y en Arena Pública.
