Un Instituto de Pensiones, ¿solución al sistema para el retiro?
Si se quiere solucionar el problema de las pensiones en México, se debería empezar por un sistema único para el retiro.
De acuerdo con Alejandra Macías, directora de investigación del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), “se tiene que hablar de un solo sistema de pensiones, con una sola serie de requisitos y una sola serie de beneficios para todos los trabajadores y las personas, vinculando la pensión para adultos mayores con todo lo demás”.
A esta conclusión se arriba por la importante fragmentación en la que se encuentra el sistema de pensiones mexicano. De acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y El Caribe (Cepal), el ecosistema para el retiro en el país es gestionado por siete instituciones federales principales, más los esquemas definidos por estados, municipios, universidades y otros agentes públicos y privados.
Los diferentes requisitos y beneficios entre cada uno de estos esquemas para el retiro son parcialmente responsables del incremento en el costo de las pensiones para las finanzas públicas. De acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo (IDB), por “la falta de complementariedad con los sistemas no contributivos, particularmente de los estados, los costos se multiplican para beneficio de una proporción reducida de beneficiarios intra e intergeneracionales”.
Macías reafirma que en este contexto, la creación de un “Instituto de Pensiones que norme el sistema de pensiones a nivel federal, estatal y municipal” es necesaria porque “muchas veces se firman convenios laborales con beneficios que nadie sabe cómo se van a financiar, y eso no debería estar pasando en ningún lado”.
Agrega que “debería haber una entidad que observe estas cosas, que dé lineamientos a los sistemas de pensiones, haga valuaciones a futuro de cuánto costaría un sistema de pensiones, etcétera. Ese tipo de cosas no se hacen, y cuando se hacen son de manera privada y al final no queda claro quién termina pagando esas pensiones”.
Acción limitada en costos a pensiones
La propuesta de crear un “Instituto de Pensiones” parece responder a los pocos resultados que se han tenido en reducir la carga fiscal del sistema para el retiro en el erario público.
Desde inicios de la década pasada, analistas advertían que el costo fiscal de las pensiones continuaría creciendo, acumulándose y presionando las finanzas del Gobierno al punto de restringir al Estado en su capacidad para atender otras demandas sociales.
La reciente reforma al sistema de pensiones, que entró en vigor este año, tendría que haber abordado algunos de estos retos. De acuerdo con la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), se incrementarán las aportaciones patronales gradualmente de 2023 y hasta 2030. Asimismo, se contempla que el Gobierno de México suspenda las aportaciones sociales para trabajadores con salarios debajo de las cuatro Unidades de Medida y Actualización (UMA).
Un análisis de Banco de México (Banxico) sobre esta reforma al sistema de pensiones apunta que, con la focalización de las cuotas sociales y las mayores aportaciones a las cuentas individuales de los trabajadores, el Gobierno de México debería percibir un beneficio fiscal conjunto de 8.8% del Producto Interno Bruto (PIB) entre 2023 y 2100.
Al mismo tiempo, advierte que las modificaciones a la pensión mínima garantizada podrían, entre 2023 y 2100, significar un costo fiscal de 0.3% del PIB. Y ese cálculo asume múltiples condiciones de participación y resultados en el sistema de pensiones, como el hecho que los ciudadanos participantes cotizarán sin interrupción durante todo el periodo hasta su retiro a los 60-65 años, que mantendrán el mismo salario y que el rendimiento anual de los recursos es de 3%.
El mismo Gobierno de México parece reconocer, parcialmente, que el desafío del sistema de pensiones no está del todo resuelto.
En el Presupuesto 2022 que presentó al Congreso de la Unión, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) apunta que “entre los riesgos fiscales de mediano plazo destacan las presiones por el pago de pensiones en curso del sistema de reparto anterior […] que deben ser considerados en el marco de una política hacendaria prudente y responsable”.
Y aunque Alejandra Macías reconoce que la reciente reforma al esquema de pensiones tiene aspectos destacados, como la expectativa que los recursos administrados por el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) crezcan hasta el 40% del PIB en los próximos nueve años, también asegura que la calificación de Hacienda sobre el problema de las pensiones no es suficiente.
Señala que “está bien que se reconozca este pasivo, [pero] nos estamos quedando cortos en la valuación de los recursos que se tienen que dedicar a pagar pensiones. Es el gasto que más está presionando” al erario público, junto con la deuda.
Incluso con respecto a la creación de un nuevo Instituto de Pensiones, Macías apunta que “no es algo que sucede inmediatamente, pues se tienen que revisar muchas cosas, ni es una solución única”.
Otras propuestas
Junto con la creación de esta entidad pública que integre y regule un sistema único de pensiones en México, la especialista apunta que se deben considerar otros cambios en el sistema para el retiro. Reafirma que, “con la dinámica demográfica, el requisito de [pensionarse] mayor a 68 años estaba bien, no había por qué bajarlo a 65. Incluso debería hacerse una revisión de la edad de retiro en todo el sistema de pensiones, porque la esperanza de vida ha ido aumentando”.
Esta es una idea que ya se ha propuesto con anterioridad. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) defiende que, con las adecuadas políticas de empleo a edades avanzadas y facilidades fiscales para los trabajadores de mayor edad, no solo se reduciría la carga fiscal por pensiones de los gobiernos, sino que se podría ver un aumento general en las tasas de productividad de las naciones.
Además, el costo político promete ser alto. En países como Estados Unidos, donde ocasionalmente se ha propuesto continuar aumentando la edad de retiro incluso por encima de los 70 años, organizaciones civiles y públicas han protestado terminantemente contra estas propuestas, frecuentemente citando la profunda desigualdad de condiciones laborales entre diferentes segmentos de la población.
En este sentido, es poco probable que al menos la actual administración realice nuevos cambios a la situación de las pensiones en México. En parte porque, como se refleja en temas como carga fiscal y deuda de sus paraestatales, el gobierno en turno parece tener aversión al costo político que conlleva una reestructuración profunda del gasto y de los ingresos de la federación.
Pero también, como apunta Macías, porque el acercamiento del Gobierno federal en turno ha sido “como tapar agujeros […] uno por uno”. No solo eso sino que, a su parecer, “la discusión de la reforma a pensiones se va a agotar este sexenio, porque ya aprobaron una reforma”.
