Ley de ingresos 2024, sin discusión ciudadana ni transparencia
El 20 de octubre es una fecha crucial, pero pasará relativamente desapercibida para la mayoría de la ciudadanía en México: es la fecha límite para la aprobación de la Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación (ILIF) para 2024.
Esta legislación, que determina cómo el Gobierno Federal obtendrá sus ingresos, es de suma importancia para el país y debería ser objeto de un debate público amplio y transparente. Sin embargo, la realidad es que su aprobación ha sido en gran medida una tarea realizada en las sombras, con escasa discusión y participación ciudadana.
La ILIF 2024 propone recaudar 7.3 billones de pesos, lo que representa el 21.3% del Producto Interno Bruto (PIB) de México. Este porcentaje es solo ligeramente mayor que el 21.2% observado en 2018, a pesar de que, después de 2020, el país ha crecido y recuperado el nivel post-pandemia; además de las oportunidades de inversión que se están presentando.
Entre las principales razones de este limitado crecimiento se encuentran los elevados gastos fiscales en el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y en el Impuesto Especial a Producción y Servicios (IEPS), así como el impacto de la reducción en los precios del petróleo en 2023 y el Derecho de Utilidad Compartida (DUC) de 2019 a 2023.
Es innegable que la situación fiscal de México es un asunto que merece atención y acción. La dependencia histórica de los ingresos petroleros ha demostrado ser inestable y poco sostenible, como lo ilustra el hecho de que la recaudación petrolera en 2024 sería un 23.9% menor que en 2023, representando solo el 3.0% del PIB. Esto es un punto porcentual menor que en 2018, y refleja una reducción significativa en la importancia de los ingresos petroleros para las finanzas públicas.
En contraste, la recaudación tributaria ha aumentado y se espera que represente el 14.4% del PIB en 2024. Esto es un aumento del 2.0% en comparación con 2023 y un 1.7% más que en 2018. Sin embargo, este incremento no ha sido suficiente para compensar la disminución en los ingresos petroleros, y las finanzas públicas continúan bajo presión.
Lo que es aún más preocupante es la falta de discusión abierta y transparente en torno a este importante tema, contrario a lo que sucede con el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF), para el cual se organizan mesas de parlamento abierto en la Cámara de Diputados y existen bases de datos abiertos publicados en Transparencia Presupuestaria.
La discusión de los ingresos presupuestarios debería incluir reflexiones y soluciones sobre qué hacer con Pemex y su contribución al presupuesto. La respuesta no está en la subestimación o no del precio del petróleo, sino en la falta de inversión en infraestructura y mantenimiento que la hace menos productiva y al retiro de obligaciones que ha implementado esta administración. También es necesario entender mejor, con datos abiertos, la base gravable, las tasas efectivas de los diferentes impuestos y los gastos fiscales. Sin ello, es más difícil realizar propuestas de reformas tributarias. La Secretaría de Hacienda, por Ley, debe publicar estos datos, pero no lo hace.
Las decisiones sobre la recaudación de ingresos y el gasto público afectan directamente la vida de los ciudadanos y, por lo tanto, deberían ser tomadas con la máxima participación y escrutinio público. La falta de debate en torno a la ILIF 2024 socava la confianza en el sistema y deja a los ciudadanos sin voz en asuntos que los afectan profundamente.
En última instancia, la falta de discusión abierta y transparencia en torno a la Ley de Ingresos de la Federación 2024 es un recordatorio de la importancia de la participación ciudadana y la rendición de cuentas en la toma de decisiones que moldean el futuro económico de un país.
México necesita un debate público sólido y bien informado sobre su sistema fiscal y la asignación de recursos, para garantizar que las políticas económicas reflejen verdaderamente las necesidades y aspiraciones de la sociedad actual y de las siguientes generaciones.
Alejandra Macías
Es economista por la UDLAP y doctora en Políticas Públicas por la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del ITESM. Ha trabajado en gobierno federal y en organismos internacionales. Tiene experiencia en temas de evaluación, seguridad social y desarrollo social, sobre los cuales ha publicado. Actualmente es directora ejecutiva en el CIEP y se especializa en cambio demográfico y finanzas públicas con perspectiva de género.
