La eterna reforma pendiente en México: el federalismo fiscal

Mucho se ha hablado de los problemas que aquejan al país en materia de seguridad, salud y educación. El país enfrenta grandes retos en las tres áreas. Las propuestas abundan desde hace muchos años y la manera de abordarlos en distintas administraciones han arrojado resultados con muchos claroscuros.

El diseño adecuado de política pública se convierte en uno de los elementos clave, pero no es el único. En mi opinión buenas propuestas que se han intentado implementar en cuando menos las últimas tres administraciones (incluyendo ésta) han olvidado, o al menos no le han dado la importancia que tiene, la estructura del Estado en cuanto al papel que tienen las entidades federativas y municipales.

Desde 1997 (algunos ubican el inicio del intento en 1983 con la reforma municipal) se descentralizaron dichas actividades. Los especialistas en la materia incluso han criticado dicho proceso en el sentido de que, argumentan, no fue una descentralización, sino una desconcentración. En el primer caso, la autoridad central transfiere la función a entidades federativas, mientras que en el segundo, la autoridad central ejerce sus funciones a través de las entidades federativas.

Esto es, para el caso mexicano las transferencias etiquetadas en principio convirtieron a las entidades federativas en un vehículo administrativo. Políticamente fueron aceptadas por los gobernadores en turno, porque con la falta de mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, la aprovecharon para desviar disfrazadamente los recursos hacia otras actividades, muchas de ellas para influir en las distintas elecciones.

Así, hemos presenciado compras de medicinas en los estados, que son adulteradas; hemos visto ver la violencia crecer en las entidades federativas; y nos hemos percatado de que la educación de nuestros niños va en detrimento. Y todo ello con un incremento muy fuerte del flujo de recursos hacia los estados.

Economía

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Por ello, el elemento olvidado cuando se habla de esas tres áreas es ordenar las responsabilidades de gasto de cada uno de los tres órdenes de gobierno. De hecho, las obligaciones de gasto de las entidades federativas son un residual. Esto es, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se señalan claramente aquéllas de orden federal y municipal. No se mencionan las de los estados, por lo que se les ha dejado “las que sobran”.

Mientras no exista una verdadera reforma al federalismo fiscal mexicano, va a ser difícil avanzar en materia de seguridad, educación y salud. Asimismo, en buena medida, la fuente de la corrupción está en las entidades federativas y municipales. Estas reflexiones las trato en un artículo que escribí en 2018.[1]

Una reforma de ese tipo requiere de un gran compromiso político por parte de los gobernadores y del ejecutivo federal. Requeriría de tener 33 “estadistas” (32 gobernador@s y un@ president@ de la República). Desde 1980 (e insisto, el 1997 fue otro "animal") no ha habido ninguna intención de modificar las relaciones fiscales intergubernamentales, pues ello requiere de cambios radicales. Nadie se atreve pues el costo político es inmenso.

Por supuesto, que habría entidades ganadoras y otras perdedoras, pero hay mecanismos que permiten minimizarlos. Mas no se nos olvide: el fracaso en las tres áreas tiene, como parte de la explicación, el mal diseño del federalismo fiscal en el país.