¿Cómo cobrar impuestos a plataformas digitales? La polémica en la CDMX
Cobrar impuestos a la economía digital es un esfuerzo global y federal, no un tema que pueda resolverse a nivel local, advierten expertos en la economía digital.
El debate se reavivó en la Ciudad de México a raíz de la propuesta del gobierno de la capital de aplicar un impuesto de 2% a las ventas en plataformas digitales de reparto. La propuesta ya fue aprobada en el Congreso local.
El cobro de impuestos a las empresas y emprendimientos de la economía digital es complejo no solo porque su estructura y composición tienden a ser más dinámicas que las de compañías más tradicionales, con operaciones predominantemente físicas. También porque su integración con el resto de las actividades comerciales significa que cualquier carga impositiva adicional en estas actividades se traslada al resto del ecosistema, particularmente consumidores y proveedores, explican expertos entrevistados.
Varios gobiernos de escala nacional y local han establecido nuevos esquemas para mejorar su recaudación a través de nuevos impuestos a la economía digital. Pero los especialistas de la industria defienden que estas propuestas unilaterales no son la forma correcta de asegurar aportaciones fiscales de estos agentes online.
No solo consideran que es necesario establecer un marco legal común a todo el mundo, de forma que los agentes digitales enfrenten una igualdad de condiciones en materia de recaudación que elimine los incentivos para cambiar su facturación a regímenes fiscales menos exigentes. También creen que la conversación sobre cómo gravar a los agentes digitales debe llevarse, en todo caso, a nivel federal; pues las administraciones locales no tienen injerencia en las actividades online.
La forma correcta de cobrar impuestos a negocios digitales
No es nuevo el debate en torno a cómo generar una recaudación justa dentro de la economía digital. La propuesta entre los países de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) para establecer un impuesto global mínimo parte, en buena medida, de la urgencia por cobrar impuestos justos a los gigantes tecnológicos del calibre de Facebook y Google.
En este contexto, Sissi de la Peña, gerente regional de Comercio Digital de la Asociación Latinoamericana de Internet (Alai), defiende que estas negociaciones internacionales son el mejor camino que se puede seguir en México para incrementar la recaudación en esta industria. Apunta que “si se aplica de manera unilateral políticas públicas arbitrarias para poner impuestos a la economía digital […], sin conocerla, se romperían acuerdos internacionales y solo logrará aislar al país de esa economía global, nadie va a querer invertir aquí porque hay muchas regulaciones, no hay buen ambiente de negocios y no se siguen los acuerdos que ya se ratificaron”.
Al mismo tiempo, reconoce que incrementar la recaudación en la economía digital y gravar las ganancias de las empresas que operan principalmente online representa un reto significativo. “México no es el primer país que quiere atender los retos de la economía digital en relación a las plataformas […]. Pero no lo han hecho hasta ahora [….]. La cadena de valor de un producto digital es tan compleja ahora porque no todo se hace en un solo lugar […]. El reto es cómo implementarlo, saber cuánto cobrarle a Estados Unidos, a Tombuctú, a Chile, a México”, señala.
Y es que, de acuerdo con Luis Curiel, socio de la firma de abogados SMPS Legal, si cada administración federal y local aplica sus propios impuestos sobre las economías digitales, se puede terminar con un atropello al negocio de esas compañías. “Pensemos que, si quisiéramos gravar a Facebook, alguien podría argumentar que hay que gravar donde están sus servidores, otros países podrían reclamar una recaudación donde están sus cuarteles generales, y otros podrían pedir aportaciones en donde se realiza su actividad de publicidad”, explica.
Pero si en cada una de estas administraciones se aplica una tarifa independiente (como un 30% de la utilidad como sucede en México para el impuesto sobre la renta), sin que haya una coordinación internacional, “pues 30% donde se prestó el servicio, 30% donde está el domicilio y 30% en donde están los servidores, ya juntamos 90% y nos acabamos la utilidad. Eso no puede ser razonable”, afirma el fiscalista.
En este sentido, ambos especialistas están de acuerdo que, aún cuando todavía no hay una respuesta correcta sobre cómo gravar las actividades de la economía digital, es necesario que se continúe la discusión entre diferentes administraciones a escala global para eventualmente llegar a un consenso internacional satisfactorio para todas las partes.
El problema con el gravamen a las plataformas de la CDMX
La pelea sobre cómo establecer un sistema de recaudación justo a las plataformas online en México se disparó nuevamente a raíz de una iniciativa del Congreso de la Ciudad de México (CDMX) para reformar, adicionar y derogar varios puntos del código fiscal capitalino, presentada a finales de noviembre.
El punto más llamativo del documento es la adición del artículo 307 TER, que pretende cobrar impuestos por 2% del ingreso total de cada entrega a las plataformas intermediarias, promotoras o facilitadoras de la entrega de mercancías o alimentos.
Este caso es representativo de cuáles pueden ser las consecuencias de implementar un régimen fiscal inadecuado para gravar a la economía digital. Y es que la propuesta fue inmediatamente rechazada por varias organizaciones de este sector en la capital, mientras que múltiples especialistas han denunciado las consecuencias de esta iniciativa que ya fue aprobada por el Congreso local.
Víctor Carreón, profesor del Laboratorio Nacional de Políticas Públicas del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), calculó que, por cada peso de esta recaudación, los repartidores perderían 13 centavos, los restaurantes 1.67 pesos y el mismo Servicio de Administración Tributaria (SAT) se quedaría sin 1.49 pesos, a raíz del incremento en los costos, el desincentivo al comercio y la disminución de la base gravable.
Por su lado, varias asociaciones y colegios de derecho y abogados en México apuntaron que la iniciativa viola el principio de equidad tributaria (porque pone a las actividades de la economía digital en desigualdad frente a negocios similares que no operan en el entorno online) y el derecho humano a la libertad de empresa (por restringir injustificadamente las actividades de la economía digital).
En este contexto, Sissi de la Peña apunta que la propuesta de impuesto a las plataformas digitales de entrega en la CDMX “es como si quisieran subirle el impuesto a la ropa fashion, la ropa de moda, y en lugar que las tiendas departamentales hagan una reestructura de costos, quieran en el Gobierno que sea Antara, el área donde todos estos jugadores se congregan, quien absorba el impuesto. Un poco así de irracional es […]. Es ilógico. Antara no vende ni compra. Solo provee el espacio para que los compradores y vendedores se encuentren y hagan negocio”.
Por su parte, Luis Curiel no solo reprocha el acercamiento de la CDMX, señalando que el gravamen a la economía digital debería ser en todo caso a nivel federal, pues las administraciones locales no tienen injerencia en las actividades en línea.
Antes de la votación en la cámara capitalina (que ya aprobó la iniciativa), el experto advirtió que de pasar la iniciativa del Congreso, la resolución sería enterrada por amparos y, eventualmente, sería golpeada con una declaración de inconstitucionalidad por parte del Poder Judicial de la Federación.
Y por desgracia, no ve que la iniciativa de ley vaya a servir siquiera para impulsar la conversación sobre los impuestos a la economía digital hacia adelante.
“El intento estuvo tan poco planeado y mal ejecutado que, en lugar de poner el tema en una discusión que facilite llegar al resultado final adecuado; ha generado tal cantidad de críticas que terminará por retrasarlo", dice Curiel.
"Una buena iniciativa, con un análisis adecuado, tomando en cuenta el contexto y la experiencia internacional, estableciendo una contribución, hubiera ayudado a incorporar la discusión al debate público. Un proyecto tan desaseado, tan mal hecho, en vez de ayudar, va a retrasar esta situación”, concluye el experto de SMPS Legal.
