La corrupción que lastró la productividad

Apenas había iniciado el sexenio.

Corrían los días de mayo de 2013 y Luis Videgary, el secretario de Hacienda, no dejaba de criticar públicamente el bajo crecimiento económico del país durante la última década.

Su argumento central para explicar este decepcionante resultado era la baja productividad de la economía. Así que frente a un nutrido grupo de empresarios de todo el país reunidos por el banco BBVA Bancomer volvió a la carga con su arsenal de bien elaboradas gráficas que sustentaban sus contundentes argumentos. 

Luis Videgaray, secretario de Hacienda 

“La razón que explica estas decepcionantes estadísticas de crecimiento y no sólo en este momento, sino cuando vemos las últimas décadas, tiene que ver con la productividad y con el muy bajo o incluso negativo crecimiento de la productividad”.

Allí, de cara a una multitud de consejeros regionales del mayor banco del país, con el tono del experto y arrogante catedrático universitario, Videgaray alertó –casi instruyó- que la productividad deberá crecer no solo como promedio nacional, sino en cada región del país.

“Hay que democratizar la productividad” fue la frase que acuñó para repetirla en los siguientes meses hasta el cansancio. Eran los tiempos de ‘vender’ las reformas suscritas por Peña Nieto en el Pacto por México.

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Y sí, la productividad creció en estos tres últimos años pero solo en unos cuantos sectores y estados al abrigo de la reforma energética y de telecomunicaciones.

Pero la democratización de la productividad nunca llegó; al contrario, las desigualdades se han profundizado o, en el mejor de los casos, se han mantenido entre empresas, sectores y regiones.

De los 65 subsectores según la clasificación industrial de América del Norte (SCIAN), 55 mantuvieron una baja productividad de los factores, mientras que solo 10 –las mayormente ligadas al comercio exterior- han destacado, según un reporte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) publicado en enero de 2017.

La brecha entre grandes conglomerados y Pymes se amplió. Lo mismo ocurrió con las históricas brechas de productividad entre estados y regiones como lo muestra el más reciente reporte sobre las economías regionales del Banco de México.

Obrero de una fábrica automotriz 

Las diferencias siguen ampliándose y los llamados ‘dos Méxicos’ se han multiplicado.

Concuerdo con Diego Castañeda (Nexos, 5 mayo 2016) en que la baja remuneración del trabajo que ha ampliado la brecha de la desigualdad de ingresos y de riqueza, así como la escasa contribución de la educación a la participación del trabajo en la economía, son factores que inciden de manera importante en la baja productividad y en el mediocre crecimiento económico.

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Así que el llamado a la democracia de la productividad fue un buen apunte teórico –y retórico- que nunca llegó al diseño ni a la ejecución de las políticas públicas. Quién sabe si realmente fue concebido para implementarse.

Los analistas de la OCDE (2017) no niegan el repunte en la productividad de los sectores ligados a las exportaciones en este periodo, aunque subrayan un gran ‘pero’.

Dicen en el reporte: “Sin embargo otros sectores se han rezagado, al verse afectados por las regulaciones locales demasiado rigurosas, instituciones jurídicas débiles, informalidad arraigada, corrupción y desarrollo financiero insuficiente”.

 

No es posible asumir seriamente la democratización de la productividad, sin la construcción de confianza institucional

Corrupción, inseguridad, informalidad, debilidad en el estado de derecho. Los viejos conocidos de la maltrecha institucionalidad mexicana que en los últimos años han ganado espacios limitando cualquier avance integral en la productividad.

No es posible asumir seriamente la democratización de la productividad, ni del crecimiento económico, sin la construcción de confianza institucional para las inversiones. Un pendiente de tal tamaño que ya es el sello distintivo del presidente Peña Nieto y de su gobierno.

Casi todos los empresarios creen que el gobierno es un problema más que una solución para hacer negocios en México. Solo 9% de los 868 altos directivos empresariales encuestados creen que la actuación del gobierno tuvo un impacto positivo en la competitividad de sus empresas, según la encuesta 2017 de KPMG publicada recientemente.

El 90% cree que el combate a la corrupción es el principal factor para incrementar su competitividad, 10 puntos porcentuales más que en 2014; y el 61% dijo que el estado de derecho es factor para mejorar sus competiviidad.

Cuatro de cada 10 directivos señalan a la inseguridad pública como un problema para la competitividad de su empresa.

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Los datos sobre esta percepción entre el sector empresarial abundan. En una encuesta que hizo en 2016 la Cámara Americana de Comercio a 340 directores generales, 5 de cada 10 mencionó a la corrupción como la principal amenaza a sus negocios, por encima de los ataques que han sufrido al transporte (46%), la extorsión de la delincuencia (45%), la impunidad (44%), el robo interno (42%) o el secuestro (40%).

Así que la campaña de democratización de la productividad resonó bien en el discurso político -y hasta para la argumentación teórica- en aquellos días de 2013. Pero cuatro años después, los genes del autoritarismo, de la arrogancia por la verdad absoluta, de la corrupción enquistada, se antepusieron a esa tan urgente democratización de la productividad.  

Twitter:  SamuelGarciaCOM

Correo:  samuel@arenapublica.com