El lastre de Pemex
Hace poco mas de un año escribía para Arena Pública sobre la compleja situación de Pemex desde la perspectiva de las finanzas públicas. Se esperaba que la empresa pública (clasificada oficialmente como empresa productiva del Estado) tuviera un cierre de sexenio muy complicado.
Lamentablemente esto se ha cumplido, incluso se está materializando uno de los peores escenarios. Su nivel de endeudamiento sigue muy alto a pesar de las enormes inyecciones federales, la producción de petróleo no levanta, la refinación pierde mucho dinero, y las calificadoras e inversionistas la ven como una empresa poco viable a mediano plazo.
El viernes 20 de octubre, de manera sorpresiva, se aprobó en la Cámara de Diputados una rebaja mayor a los Derechos de Utilidad Compartida (DUC) al 30%, versus la rebaja al 35% que proponía la Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación (ILIF). Actualmente los DUC son de 40%.
Las implicaciones son profundas y nos obligan a retomar la incómoda pregunta: ¿qué hacer con Pemex? Me voy a concentrar en su relación con las finanzas públicas del próximo sexenio1. Hay dos consideraciones inmediatas. Primero, la vieja pregunta que parecía ya superada, ¿de quién es la renta petrolera?. Segundo, un análisis de los riesgos fiscales que implica la transferencia de recursos a la empresa.
Al observar la ILIF2024 uno de los asuntos que pasó relativamente desapercibido es la caída de los ingresos petroleros para el gobierno federal en los próximos años. Para 2024 y 2025 se esperan 0.8% del PIB, a partir de 2026 bajaría a 0.7% del PIB, (2023 se estima 1.2% del PIB). Con la disminución del DUC a 30%, se perdería al menos otra décima de punto porcentual del PIB. Un punto interesante para contextualizar es lo que ocurría durante el boom de 2003 a 2014, el gobierno federal tenía ingresos petroleros típicamente arriba de 5% del PIB.
Si bien sería difícil esperar una renta petrolera tan buena como hubo a principios de siglo, una mayor producción daría unos recursos muy oportunos para el sistema fiscal. Es difícil argumentar que la Federación no tiene necesidad de mayores ingresos, basta ver cómo está el financiamiento de salud, educación, seguridad, además de una larga lista de rubros.
¿Por qué Pemex ha recibido un trato privilegiado? El caso es que tenemos una renta petrolera reducida y se le ha permitido a la empresa apropiarse cada vez más. Incluso, si consideramos aportaciones al capital, estímulos fiscales, pago de pensiones, y otros apoyos, la renta petrolera que entra al gobierno federal ya pudiera estar acercándose a cero2.
El análisis de riesgo presenta al menos dos elementos. Uno de ellos consiste en que sin renta petrolera será más complicado lograr una necesaria consolidación fiscal. Los requerimientos financieros para 2024 se estiman en 5.4% del PIB, se tendría que reducir al menos a 3.5% del PIB en dos años.
Otro riesgo presente es que la situación de Pemex empeore. Sin controles y un esquema de incentivos permisivos, la empresa puede resultar en una coladera que drene a un sistema fiscal que ya presenta importantes fragilidades.
¿Qué hacer?
Primero fortalecer la supervisión. Esto puede implicar algo que en la presente administración ha sido anatema: reguladores autónomos. La experiencia de concentración de poder en Pemex sin contrapesos ha resultado muy negativa.
Segundo, tienen que tomarse decisiones respecto a la operación. Por ejemplo, es muy improbable que la refinación entre a tinta azul en un corto o incluso mediano plazo. Dicho lo anterior, se debe poner un tope a las pérdidas, con una meta verificable y responsable de su cumplimiento. También, se debe explorar la opción de partir la operación en varias empresas públicas con objetivos específicos y bien reguladas.
Tercero, ya es tiempo que Pemex dé a conocer un plan de viabilidad a mediano y largo plazo. Éste tendría que incluir al menos tres aristas: reducción de costos y mejoras en la operación, maximización de renta petrolera en los próximos años, y el papel a jugar en la inminente transición energética.
Hay al menos tres problemas de finanzas públicas con los que va a iniciar el próximo sexenio: gasto en pensiones explosivo, cómo financiar el sistema de salud público, y el lastre de Pemex. Entre los tres pueden formar un cóctel muy complicado.
El Presidente López Obrador tiene mucho capital político. Sería injusto culpar a su gobierno de todos los males de Pemex, muchos vienen gestándose desde un largo tiempo atrás. Con todo, al revisar los recursos que se le han inyectado durante el sexenio a la empresa y su estado actual, podemos hablar de un gran fracaso de política pública. Todavía hay tiempo de enderezar el rumbo, y librar al siguiente gobierno de un grave problema.
1/ Las reformas a la empresa requieren obligadamente cambios en su operación. Varios analistas de primer nivel han escrito al respecto; por ejemplo, consultar los artículos de Eduardo Prud’homme (@eprudhomme) y Erik Sánchez (@erickussalas).
2/ Recomiendo la investigación de César Rivera en CIEP https://ciep.mx/apoyos-fiscales-y-patrimoniales-a-pemex-renta-petrolera-neta/.
Héctor Villarreal
Profesor investigador, líder de la Iniciativa para la Transición Económica y Demográfica (ITED) en el Tec de Monterrey. Fundador y ex director del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP). Es doctor por la Universidad de Wisconsin en Madison con la especialidad de microeconomía aplicada.
