Política Social y Seguridad

El espionaje telefónico se paga caro en Latinoamérica ¿Será México la excepción?

03-07-2017 18:40

El expresidente panameño ya espera extradición para ser juzgado por espionaje telefónico a ciudadanos y más de 10 funcionarios colombianos fueron llevados a prisión por intervención telefónica a periodistas y activistas.

Anteriormente los casos de espionaje telefónico a periodistas, activistas y defensores de derechos humanos ya se habían dado en Panamá y Colombia. Agrandar
Anteriormente los casos de espionaje telefónico a periodistas, activistas y defensores de derechos humanos ya se habían dado en Panamá y Colombia.

Tres nuevos casos de intentos de espionaje en México fueron revelados por Citizen Lab, organización de la Universidad de Toronto especialista en seguridad.

El senador del Partido de Acción Nacional (PAN), Roberto Gil Zuarth, el presidente del mismo partido, Ricardo Anaya y el secretario de comunicación, Fernando Rodríguez, se unen a la lista de ya 18 blancos a los cuales se les intentó infiltrar el software espía, Pegasus.

El presidente de la república, Enrique Peña Nieto, aseguró era una difamación el que se creyera que él o su administración hubieran intentado espiar a periodistas, activistas, defensores de derechos humanos y ahora opositores.

A pesar de ello, NSO Group, empresa israelí comercializadora de Pegasus, asegura que solo vende el programa a gobiernos para el combate del crimen organizado y terrorismo, lo que no significa que todos sus clientes se limiten a estos dos lineamientos para el uso de un software tan invasivo como Pegasus.

Y es que anteriormente los casos de espionaje telefónico con Pegasus por parte de los gobiernos contra activistas ya se habían dado.

Uno de los ejemplos más claros es Panamá, cuyo expresidente, Ricardo Martinelli fue acusado por el secretario del Consejero de Seguridad y director de Policía de su país por utilizar el Pegasus para interceptar los dispositivos de empresarios, periodistas, activistas y opositores entre 2009 y 2014, tiempo que duró su administración.

 

Entre 2009 y 2014, el ahora expresidente de Panamá, Ricardo Martinolli utilizó Pegasus para espiar a periodistas y opositores.

 

Las investigaciones en su contra fueron aceptadas por la Corte Suprema de Justicia de Panamá en 2014, no obstante, fue en septiembre de 2016, cuando el gobierno de Panamá pidió su extradición pues fue ubicado en Miami, Estados Unidos, donde se refugió tras salir de la administración.

Pero fue hasta el pasado 12 de junio de 2017 que fue capturado por las autoridades estadounidenses, la extradición se tiene en espera.

Lamentablemente los casos de espionaje en América Latina no terminan en México y Panamá. El expresidente de Colombia, Álvaro Uribe también fue acusado de crear redes de espionaje telefónico en su periodo administrativo.

 

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En Colombia, el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) operó al grupo de inteligencia G-3, cuyo objetivo era desprestigiar a las organizaciones, políticos, defensores de derechos humanos y periodistas críticos con el gobierno de Álvaro Uribe.

Uno de sus métodos fue el de la intervención telefónica a quienes llamaron “blancos políticos”, no obstante, también fueron más allá, pues hicieron seguimientos ilegales de las personas, intimidaciones, amenazas y se llegó a asesinatos y secuestros, de acuerdo con el informe Espionaje contra periodistas: La justicia tiene palabra, publicado en 2010.

El G-3 solo estuvo activo entre 2003 y 2005 según reportes de la prensa local, pero el gobierno de Uribe se mantuvo por ocho años, entre 2002 y 2010.

 

En julio de 2016, el subdirector del DAS de Colombia fue declarado culpable de, entre otros cargos, inverferencia telefónica ilegal. 

 

Desde julio de 2016, el subdirector del DAS, José Miguel Narváez Martínez, se encuentra cumpliendo una condena de casi ocho años en prisión, a la cual le fue sumado un pago de 100 salarios mínimos colombianos, equivalente a 13,600 pesos mexicanos, a las víctimas de los actos del departamento a su cargo, en donde se incluyen colectivos de abogados, periodistas y sus familiares, así como centros de investigación.

Junto con el subdirector del DAS, al menos 10 miembros del departamento fueron llevados a prisión en 2010 de los 52 funcionarios que se investigaron.

Por su parte el ex presidente Álvaro Uribe no ha sido condenado por ningún delito, aunque la investigación en su contra continúa abierta en la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes.

 

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Mientras tanto en México, la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle) será la responsable de llevar a cabo las investigaciones respecto a las intervenciones ilegales a teléfonos celulares de los afectados.

La periodista Carmen Aristegui, y el director del Centro Prodh, Mario Patrón ya presentaron su denuncia formal, no obstante Patrón aseguró que “no hay ni voluntad política ni capacidad institucional para este tipo de investigaciones” por lo que solicitó que se creara una comisión independiente de especialistas para el escrutinio y monitoreo del trabajo de la fiscalía.  

 

MÁS INFORMACIÓN: Senadores y políticos mexicanos también fueron blanco del programa espía Pegasus, junio 2017. 

MÁS INFORMACIÓN: Informe sobre el espionaje a periodistas desde el DAS, diciembre 2010. 

MÁS INFORMACIÓN: PGR abre carptea de investigación por delitos intervención de comunicaciones privadas, PGR, junio de 2017. 

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