Dominan farmacéuticas e imponen precios inaccesibles para los mexicanos
Costear tratamientos para enfermedades crónicas es imposible para los mexicanos pobres, alrededor del 40% de la población total.
Esta situación se repite en toda Latinoamérica, donde el tratamiento anual con Atripla, un retroviral para el tratamiento del VIH, por ejemplo, cuesta lo mismo que un auto nuevo.
Los 187,000 pesos que cuesta equivalen a comprar un Chevrolet Spark 2017 o 46 quincenas de alguien que gane 8,000 pesos al mes.
Los altos costos de las medicinas en la región son resultado del poder que ejercen las farmacéuticas, revela la investigación periodística The Big Pharma Project realizada por Ojo Público, un medio digital de investigación fundado en Perú.
Las farmacéuticas presionan el mercado porque al poseer las patentes de un medicamento fijan su precio de acuerdo a criterios poco claros, muchas veces aduciendo a que esto es para costear sus investigaciones médicas. También deciden a qué países y bajo qué condiciones venderlos de acuerdo con la investigación.
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Algunos tratamientos como el imatinib, usados en el tratamiento de la leucemia, se puede producir por 1,005 pesos al mes; sin embargo, este se vende en casi 484,000 pesos en México, el dato se reveló durante el Congreso Europeo del Cáncer, donde se dieron a conocer los resultados de los costos de la fabricación de medicamentos oncológicos de la lista de esenciales de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Otro buen ejemplo de la manipulación de precios es el de Merck Sharp & Dohme (MSD), la trasnacional logró que el retroviral Atripla entrara al mercado mexicano cuatro años tarde, en 2010, para hacer que las instituciones de salud tuvieran que comprarle efavirenz, emtricitabina y tenofovir por separado, medicamentos que combina Atripla por un cuarto del precio, de acuerdo con lo descubierto por Ojo Público.
El costo de este medicamento, lejos de reducirse al ser introducido al mercado, se elevó hasta ser uno de los más altos de América Latina, de acuerdo con la investigación.
México es el segundo en precios más altos en Latinoamérica en la mayoría de los medicamentos que se investigaron.
Estos medicamentos resultan incosteables para quienes no tienen acceso a la seguridad social. Aunque cifras del informe de gobierno 2015-2016 del Presidente Enrique Peña Nieto indican que el 90% de los mexicanos cuenta con seguridad social, el 50% de ellos están afiliados al Seguro Popular.
El Seguro Popular no cubre todo el tratamiento de enfermedades crónicas, solo el diagnóstico del VIH; cáncer de mama, en caso de mujeres y cáncer de colón y próstata en caso de hombres.
Los dos tipos de cáncer para los que sí ofrece tratamiento quirúrgico son cervicouterino y de piel –en este último no incluye el tratamiento para melanoma, la manifestación más común de cáncer de piel–.
Aunque sí incluye el diagnóstico y tratamiento de la diabetes mellitus tipo 1 y 2, de las neuropatías generadas por esta enfermedad y de la amputación de miembros.
En junio de 2016, 54,924 millones de personas estaban afiliadas al Seguro Popular, según el Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (Inegi).
El monopolio mexicano
En México la situación es agravada por el poder monopólico que permite inflar precios sin que haya consecuencias.
Pablo Escandón, dueño de la distribuidora farmacéutica Nadro, y Marina Matarazzo, su esposa, representan la mayor participación en la distribución farmacéutica del país: 37.5% de los medicamentos son distribuidos por empresas que les pertenecen.
Esta situación es el resultado de la compra de la distribuidora Marzam, la que había sido la principal competidora de Nadro, a través de un supuesto grupo holandés, pero con dinero de Matarazzo.
Esta operación, que la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) no supervisó porque en teoría no suponía la formación de un monopolio, fue puesta en evidencia en la filtración de los Papeles de Panamá, una filtración de información de la firma de abogados panameña Mossack Fonseca, por la que se descubrieron actividades fiscales ilegales.
Así Ecandón consiguió una participación mayoritaria que le permitió incrementar el precio de las medicinas en 30% desde 2015, de acuerdo con la presidenta de la Cofece, Alejandra Palacios.
Fuente: Aristegui Noticias, 2016
Ese mismo año, tras la crisis del Grupo Casa Saba, un conglomerado de distribución que incluía a Farmacias Benavides, que perdió liderazgo en el mercado mexicano, Grupo Nadro aumentó su participación entre 5 y 6 puntos porcentuales, de acuerdo con Escandón.
Esta empresa no participa en la Bolsa Mexicana de Valores desde 2005, cuando se retiró. Al no hacerlo, los ciudadanos no tienen la posibilidad de conocer qué es lo que se hace con sus transacciones financieras.
El drama de los pacientes
“El problema de fondo en México está en que el 80% de la oferta de antirretrovirales son fármacos con patente. Por eso, el control del VIH en un país con más de 140,000 personas con este diagnóstico y 12,000 nuevos casos al año le cuesta cada vez más dinero al Estado,” afirma el reportaje de Ojo Público.
El otro problema es el gasto público dedicado a abastecer de medicamentos a la población, pues el gobierno debe adquirirlos a precios cada vez más inflados.
En 2015-2016, la Secretaría de Salud gastó 2,525 millones de pesos solo en la compra de retrovirales utilizados en el tratamiento del VIH/SIDA, de acuerdo con cifras de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud.
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La industria farmacéutica es un gigante mundial en cuanto a ingresos. En México, representó 11,430 millones de dólares en producción en 2014 y 14,522 millones de dólares en consumo, según datos de Pro México de 2016. Esto representa 0.5% del PIB nacional y 2.9% del PIB manufacturero.
La producción farmacéutica en el país da empleo a 58,749 personas y deja una derrama en inversión extranjera directa de más de 3,500 millones de dólares desde 2005, es decir el 1% del total de la Inversión Extranjera, de acuerdo con datos de esa institución.
Sin embargo, la producción mundial de medicamentos en 2015 se concentró en la región Asia-Pacifico y la Unión Europea. Así, a pesar de lo grande de los mercados latinoamericanos, estos se reducen a importar estos productos.
MÁS INFORMACIÓN: The Big Pharma Project. Ojo Público, 2017.
