¿Tiene sentido la liberación temporal de patentes de las vacunas del Covid-19?
¿Cuál es el costo de una vacuna contra el Covid-19? Parece ser una pregunta simple, sin embargo, no es tan fácil de responder.
La información sobre la adquisición de vacunas por parte de los gobiernos en todo el mundo no se ha caracterizado por su transparencia. De acuerdo a la información fragmentada que disponemos, el costo de las vacunas ha variado por país y marca. La vacuna más económica es la de AztraZeneca con un costo entre 3 y 7 dólares por dosis. Pfizer y Moderna tienen un costo mayor, de hasta 23 y 32 dólares, respectivamente. La vacuna de Johnson & Johnson tiene un costo de 10 dólares.
A nivel país pensaríamos que los países industrializados estarían pagando el costo más alto, pero no es así. En África y América Latina es donde se han reportado los costos más elevados.
¿Por qué varían tanto los precios de las vacunas? La vacuna de Johnson & Johnson se ha ofrecido para uso de emergencia sin fines de lucro. AztraZeneca también inició comercializando su vacuna sin fines de lucro.
Sin embargo, poco a poco se ha alejado de dicha práctica y ahora fija precios que le permiten márgenes de hasta el 20%. Por su parte, Pfizer y Moderna no han sido explícitos sobre sus márgenes. La política de precios sería uno de los principales factores que expliquen la diferencia en el precio de las vacunas, el segundo son los costos. Los costos que pueden ser más relevantes para un laboratorio en la producción de vacunas son los de investigación y desarrollo. Se estima que el costo de desarrollar la vacuna de Pfizer y Moderna pudo ser de hasta mil millones de dólares para cada laboratorio.
Los precios de la vacuna tienen que ser suficientes para recuperar el costo de manufactura de la vacuna, más el costo de la inversión en investigación y desarrollo. Si esto no fuera así, los laboratorios no tendrían incentivos económicos para desarrollar nuevos productos. Esta es la lógica económica que domina el mercado farmacéutico. El estado otorga a quien desarrolla un nuevo producto, la exclusividad de explotarlos como monopolio. Así, las ganancias de un monopolio pueden financiar el costo de desarrollo, incluyendo la recuperación de pérdidas de los proyectos que hayan fracasado. Tras un periodo determinado de explotación la patente expira.
Sin embargo, la historia del desarrollo de las vacunas contra el COVID-19 merece replantear la lógica tradicional. Se estima que la inversión pública directa del Gobierno de los Estados Unidos para el desarrollo de las vacunas se ubica entre 18 y 23 mil millones de dólares. No solo eso, el gobierno contribuyó a minimizar los riesgos regulatorios, de manufactura, de mercado y comercialización, entre otros. Por ejemplo, la inversión necesaria para manufacturar las vacunas de Moderna se financió con un contrato con el Gobierno de los Estados Unidos. Johnson & Johnson tenía un contrato por mil millones de dólares para proveer 100 millones de dosis, eliminando prácticamente cualquier riesgo de mercado o comercialización. La participación del Estado para resolver la crisis sanitaria era fundamental ante la responsabilidad de los gobiernos de salvar vidas.
Estos ejemplos muestran que no fue la Mano Invisible del mercado la que permitió el desarrollo de vacunas en un tiempo récord, sino la capacidad del Estado para moldear y dirigir dichos mercados. Entonces, ¿por qué las vacunas del Covid-19 tienen que seguir la lógica tradicional del mercado farmacéutico? ¿Es justificable para la industria farmacéutica cobrar altos precios para recuperar una inversión que desde su inicio fue pública? Bajo esta lógica, se ha demandado extender los beneficios de la inversión pública de los países ricos en el desarrollo de las vacunas para los países de menores ingresos. Esto puede lograrse liberando temporalmente las patentes de las vacunas y permitiendo su libre manufactura sin el pago de regalías.
Expertos en salud y economistas tales como Joseph Stiglitz, Premio Nobel de Economía en 2001, coinciden que la liberación temporal de patentes durante la emergencia sanitaria, tendría un impacto directo sobre los países de menores ingresos, al incrementarse la capacidad en la manufactura de vacunas y así elevar los índices de vacunación. Para dimensionar la urgencia de la propuesta, solo basta recordar que a la fecha, únicamente el 17% de la población en países en bajos ingresos ha recibido al menos una dosis en comparación con el promedio mundial de 66%. Por otro lado, para los países de mayores ingresos, existen beneficios indirectos. Tal como lo ha declarado el Dr. Tedros Adhanom, director general de la Organización Mundial de la Salud, la pandemia no terminará hasta que haya terminado en todos lados.
La liberación de patentes ha sido una propuesta central de los países en desarrollo desde el inicio de la pandemia. Bajo el liderazgo de la India y Sudáfrica, en octubre de 2020 se presentó ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) una propuesta para hacer una excepción a la propiedad intelectual de las vacunas del COVID-19. La propuesta considera excepciones en derechos, propiedad, diseño industrial, patentes e información confidencial bajo el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (TRIPS por sus siglas en inglés).
A mediados de junio pasado, se discutió la propuesta de excepción durante la 12 Conferencia Interministerial de la OMC en Ginebra. El acuerdo alcanzado terminó siendo mucho menos ambicioso que la propuesta original planteada por la India y Sudáfrica. Este permitirá la manufactura de vacunas bajo licencia habiendo pagado una compensación al propietario de la patente. Organizaciones no gubernamentales y académicos se han manifestado en contra del acuerdo por no responder a las demandas de la pandemia. Por su parte, la OMC ve en el acuerdo una negociación exitosa que muestra la capacidad del organismo para responder ante crisis.
¿Como interpretar este acuerdo? Sin duda, el texto del acuerdo no cumple las expectativas iniciales y deja serias dudas sobre si este es un caso más de privatización de ganancias y socialización de pérdidas. El caso para la liberación de patentes durante la pandemia tiene un fundamento sólido en los beneficios que conlleva mayor acceso a la vacuna para todos los países, incluyendo la posibilidad de poder terminar con la pandemia.
Para las empresas farmacéuticas, la liberación de patentes financiadas con recursos públicos no tendría por qué poner en riesgo su viabilidad financiera. En última instancia, tienen la posibilidad de continuar con el desarrollo de nuevos productos a partir de las tecnologías que surgieron con las vacunas.
Sin embargo, ante la ausencia de un acuerdo más ambicioso, muy probablemente durante 2023 continuemos observando una gran variación en el precio de las vacunas en perjuicio de los países más pobres, obedeciendo la lógica tradicional del mercado, aun cuando este haya necesitado de la intervención pública para solucionar el reto sanitario más grande de los últimos años.
Roberto Durán-Fernández
Roberto Durán Fernández es profesor en la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey. Es economista por el ITAM, cuenta con una maestría en economía por la London School of Economics y se doctoró por la Universidad de Oxford, especializándose en desarrollo regional. Ha sido consultor para el Regulador de Pensiones del Reino Unido, el Banco Interamericano de Desarrollo, la Corporación Andina de Fomento y la Organización Mundial de la Salud. En la iniciativa privada colaboró en la práctica del sector público de McKinsey & Co y la dirección de finanzas públicas e infraestructura de Evercore. En el sector público fue funcionario en la SHCP y en el Banco de México.
