El riesgo de una rebaja crediticia existe, pero no de inmediato

Uno de los temas que más se han discutido recientemente es la posibilidad de un ajuste ya sea en la perspectiva o, incluso, en la calificación soberana de México. Esto, ante los cambios realizados en el marco institucional del país y el elevado déficit público programado en este año, con la promesa de disminuirlo a la mitad en 2025, lo cual genera incertidumbre. 

Aunque de manera incipiente, los mercados parecieran descontar dicha posibilidad, esto si se compara la prima de riesgo de nuestro país con otros que tienen la misma calificación crediticia.

En este sentido, sí existe el riesgo de una reacción negativa por parte de las tres principales agencias calificadoras: S&P, Moody´s y Fitch. Sin embargo, si se consideran los principales determinantes de la prima de riesgo soberano, esto no sería de manera inmediata.

El riesgo soberano depende de cuatro determinantes: 1) el balance fiscal, 2) la deuda pública, 3) las reservas internacionales, todas como porcentaje del producto interno bruto (PIB) y 4) la tasa de crecimiento económico. 

S&P and Moody´s han ratificado una calificación dos escalones arriba del grado de inversión, mientras que Fitch está a un escalón. Las tres permanecen con perspectiva estable, lo que significa que, por ahora, están dispuestas a mantener sus calificaciones. Lo que significa que las tres agencias consideran que el nivel de riesgo de incumplimiento de pago de deuda es moderado en relación con otros emisores.

Finanzas

Mercados ya descuentan reducción de calificación soberana a México por mayor riesgo

En 2024, el déficit fiscal más amplio, los Requerimientos Financieros del Sector Público, serán cercanos al 6 por ciento del PIB y la promesa es disminuirlo a la mitad en 2025. Probablemente disminuya un poco, dado que las autoridades gubernamentales disponen de hacerlo, lo cual implicará un ajuste significativo en el gasto público, que conllevaría asimismo un menor crecimiento económico. 

Sin embargo, la tarea será difícil dado que en la actualidad alrededor del 75 por ciento del gasto público está comprometido en pensiones, participaciones a estados y municipios y costo financiero, además de salarios a empleados públicos y subsidios y transferencias.

Estos compromisos, además de la promesa de la administración entrante de ampliar los subsidios y transferencias, apuntan a un déficit público cercano a 4.5 por ciento del PIB.

Un déficit público elevado, en particular si se registra un balance primario (ingresos menos gastos sin incluir servicio de deuda), presionará los niveles de deuda pública, elevándola un poco de su nivel actual que ronda el 50 por ciento del PIB.    

Hay que considerar, además, que en 2025 se registrará un remanente de operación del Banco de México, debido a la depreciación del peso durante 2024, mismo que se estima estará cercano a medio punto porcentual del PIB, que por ley debe utilizarse para amortizar la deuda pública o disminuir el déficit fiscal.

Para Fitch, en particular, aunque aplica también para las otras dos calificadoras, la actual calificación crediticia de México (BBB-) se mantendrá si el déficit público no rebasa el 5.5 por ciento del PIB y la deuda pública se mantiene debajo del 55 por ciento del PIB. Fitch estima que la deuda ascenderá a 52.8 por ciento del PIB en 2026.

Por su parte, en nivel de reservas internacionales es históricamente alto, lo que supera los 226 mil millones de dólares. Este nivel es considerado en los estándares internacionales como “adecuado”.

Asimismo, falta conocer el Programa Económico 2025, cuya fecha límite para su publicación es el 15 de noviembre. El escenario oficial será optimista. El punto clave es si los mercados lo tomarán positivamente, si será creíble.  

No obstante, existen dos determinantes que se han deteriorado: la gobernanza y el crecimiento económico, aunque su impacto está acotado en opinión de las tres principales calificadoras.  

S&P considera que las reformas recientes debilitarán las calificaciones de México y Pemex, pero sin que el grado de inversión esté en riesgo. Además, que México cuenta con “colchones que lo protegen”: política monetaria estable, flexibilidad cambiaria y un sólido perfil de cuentas externas, los cuales no se deterioran fácilmente. 

Fitch, por su lado, considera que la reforma judicial podría afectar el marco institucional de México, pero que es muy temprano para el impacto. Aunque enfatiza que la gobernanza de nuestro país es relativamente débil, al considerar el Indicador de Gobernanza Mundial publicado por el Banco Mundial, pues se ubica debajo de la mediana de los países con calificación ´BBB´. 

Finalmente, para Moody´s, el sólido marco macroeconómico compensa la debilidad del marco institucional.

Es evidente que la economía mexicana se está desacelerando, que este año el crecimiento será de alrededor del 1.5 por ciento y el siguiente posiblemente se acerque al 1 por ciento. El bajo crecimiento se reflejará en una menor recaudación tributaria y mayor presión en las finanzas públicas. Sin embargo, todavía está por verse el impacto positivo de la relocalización de empresas en nuestro país (nearshoring). 

Si se deterioran los principales determinantes de la prima de riesgo soberano, se puede esperar un cambio en la perspectiva de la calificación, no en la misma, lo que implica que las agencias podrían ajustar a la baja su calificación entre seis y doce meses después del ajuste.

La decisión de Fitch es la más relevante para los mercados financieros, pues implica la pérdida del grado de inversión. Con S&P y Moody´s, la probabilidad de perder el grado de inversión es mucho menor.  

De cualquier manera, incluso un cambio en la perspectiva de calificación tendrá implicaciones en los mercados financieros: mayores tasas de interés, depreciación cambiaria y salida de capitales.

Así, resulta fundamental que la administración entrante mantenga la fortaleza de los fundamentos económicos y un nivel de incumplimiento de pago moderado; idealmente, que lo mejore, con políticas y decisiones responsables.