Barbarie criminal y frialdad presupuestal
Las desapariciones de personas no son un problema nuevo, pero sí uno que se agravó recientemente. El caso de Teuchitlán, Jalisco, ejemplifica el destino de parte de los jóvenes desaparecidos, su masacre sistemática que contrasta con la negligente investigación de estos crímenes por parte de las autoridades. A la barbarie criminal se le contrapone la frialdad presupuestal con que se debilita a las autoridades federales y locales para cumplir labores de seguridad. Esto debe ser corregido.
Según la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, en 2007 había 847 casos de quienes habían desaparecido y se encontraban sin localizar e iniciaba la tendencia al alza de este número. Para 2024 la cifra llegó a 13,501 personas, registrándose en ese año el mayor aumento desde que se tienen estadísticas, con un total de 3,100 casos adicionales respecto a 2023. Con ello las desapariciones alcanzaron un promedio de 37 al día. En lo que va de 2025 desaparecen 42 personas diariamente.
El creciente número de desapariciones debe ser enfatizado. De acuerdo con las cifras anuales disponibles más recientes, entre 2022 y 2023 las desapariciones aumentaron en 1,913 personas, superando la reducción en los homicidios,1,035, según el INEGI. Esto significa que por primera vez la suma de homicidios y desapariciones aumentó desde 2018. Así, tiene poco sentido celebrar menos homicidios cuando el total de personas que ya no se encuentran al alcance de sus familias aumentó.
En Teuchitlán se haya una pista de lo que ocurre a un gran número de quienes desaparecen. De acuerdo con los testimonios recabados, el rancho Izaguirre, ubicado en esa localidad de Jalisco, servía como campo de concentración, entrenamiento y exterminio de adolescentes privados de la libertad que pretendían ser integrados al crimen organizado. A la coerción a la que estaban sujetos frecuentemente le seguía la tortura, la muerte con crueldad y su incineración sistemática.
A la desaparición y holocausto metódicos de las víctimas de Teuchitlán se le contrapone la negligencia de las autoridades federales y locales. Desde 2019 la Guardia Nacional conocía de cuerpos calcinados en el rancho en cuestión, pero es hasta 2024 que asegura temporalmente el centro de adiestramiento, según reportes de Mexicanos Contra la Corrupción. Tras ello, cesó la investigación de lo ahí ocurrido y las autoridades estatales y municipales dejaron de vigilar el lugar.
El caso de Teuchitlán deja patente la ausencia del Estado. No ha sido la Fiscalía General de la República, ni otras autoridades federales o locales, las que han llenado los vacíos de información necesaria para esclarecer el paradero de las víctimas, sino las madres buscadoras y las organizaciones civiles que las acompañan. Sin embargo, el vacío que deja el Estado, y que más preocupa, no es el de información, sino el de disuasión y persecución efectiva del crimen organizado, la impunidad del delito.
La incapacidad del Estado mexicano para combatir la delincuencia organizada se puede atribuir a múltiples factores, desde la desigualdad de oportunidades para las nuevas generaciones, lo que crea el caldo de cultivo para la proliferación de la criminalidad, hasta la falta de recursos públicos para una actuación efectiva de las autoridades. Sin embargo, entre estos elementos están las frías decisiones presupuestales que revelan la poca importancia que se da a la seguridad pública.
Desde por lo menos hace una década, el gasto en seguridad pública se ha estancado en términos per cápita y se ha reducido como proporción del PIB. De 2013 a 2024 los recursos federales dedicados a la seguridad pública federal disminuyeron del 0.90% al 0.43% del PIB. Esta situación, de por sí preocupante, se agrava si se considera que los recursos para las policías municipales se han recortado en 93% en un lapso similar, según análisis de México Evalúa. En 2025 se prosigue con estas tendencias.
Es claro que el Estado mexicano no sólo ha sido rebasado por la delincuencia organizada en su capacidad para contener los delitos, sino también por la sociedad civil en la localización de los desaparecidos. Se puede argumentar que los problemas sociales de fondo son complejos y añejos, y que los recursos para atenderlos son muy limitados. Lo que es indefendible es que las decisiones de asignación del presupuesto público minimicen la importancia de las funciones básicas del Estado.
Rodolfo de la Torre
Actualmente es Director de Movilidad Social del Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY). Ha sido coordinador de la Oficina de Desarrollo Humano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Director del Instituto de Investigaciones para el Desarrollo con Equidad de la Universidad Iberoamericana, y Director de El Trimestre Económico, del Fondo de Cultura Económica (FCE). Fue parte del Comité Técnico para la Medición de la Pobreza en México. Es economista por el ITAM, y maestro en Filosofía de la Economía por la Universidad de Oxford.
