El crimen, la amenaza de los negocios en México, sigue ensanchándose
El crimen es el principal obstáculo para hacer negocios en México. Y aunque la tendencia marginal a la baja que muestran las cifras recientes sobre la inseguridad pública puede leerse como señal de mejora, lo cierto es que la sombra del crimen organizado se acentuaría aún más en el territorio nacional en este año.
Dos datos de los últimos días muestran -a priori- una ligera tendencia descendente en la inseguridad pública. El martes se dio a conocer que 2023 cerró con 30,523 asesinatos en el país. Una reducción de 4.5% respecto de los 31,954 de 2022, de acuerdo con las cifras de las fiscalías que compila el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP); si bien la cifra sigue siendo escandalosa para México que encabeza la tasa de asesinatos per cápita entre las mayores economías de América Latina. Este jueves el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) también publicó un descenso en la percepción de inseguridad pública en 75 ciudades. Ahora, 59.1% de los encuestados dicen vivir inseguros en su ciudad.
Para los expertos encuestados por el Banco de México, el crimen es el principal obstáculo que enfrentan los empresarios para hacer negocios en el país, según la más reciente encuesta publicada el 15 de diciembre. Una opinión que se acentuó en el segundo semestre de 2023, muy por encima de la corrupción y el estado de derecho, que han sido los señalamientos ya tradicionales de los empresarios.
Para el consenso de los expertos, es la problemática de la inseguridad pública la que obstaculizará el crecimiento económico en México en los próximos seis meses. Todos lo demás factores, incluyendo la inestabilidad política internacional, la falta de cambios estructurales o la política monetaria, prácticamente los han puesto a un lado. En su radar de preocupaciones, en una escala del 1 al 7, la inseguridad pública se apuntó un 6.4, la más alta preocupación.
“Nos gustaría que el gobierno mexicano preste especial atención a la mejora de la seguridad de los empleados, de las empresas japonesas”, dijo Shinya Katanozaka, presidente ANA la mayor holding de aerolíneas de Japón, en una reunión empresarial entre ambos países en diciembre. Katanozaka también preside el Comité Japón-México de un grupo que reúne a más de 1,500 empresas japonesas. Y es que la incidencia delictiva en estados en los que están asentadas grandes plantas de empresas transnacionales, como Guanajuato, Aguascalientes, Baja California, Querétaro, Estado de México, San Luis Potosí, Coahuila, Chihuahua, Ciudad de México o Morelos, se encuentra por encima de la media nacional y varios de ellos tienen las tasas de asesinatos per cápita más altas del país.
Por los datos duros resultantes la estrategia de seguridad del gobierno federal no solo no ha dado resultados, sino que, peor aún, dicen los expertos que puede ser fatalmente contraproducente. "La estrategia de disuasión que el gobierno federal ha recomendado a las fuerzas armadas federales y estatales se consume en sus propios términos", escribe Salvador Maldonado, investigador del Colegio de Michoacán y experto en violencia y territorios ingobernables, en un artículo que acaba de publicar la Revista Mexicana de Sociología de la UNAM.
"Los múltiples trabajos analíticos sobre las violencias en este sexenio nos hacen pensar que lo que la estrategia está generando es un proceso de afianzamiento del crimen organizado con mayor impunidad; los esfuerzos gubernamentales por detener los costos de la violencia están contribuyendo a reconfigurar territorialmente el dominio de grupos armados. Como consecuencia, asistimos a una pérdida central del control territorial por parte del Estado, en la medida en que la presencia militar y de guardia civil está sujeta a innumerables situaciones de riesgo", señala Maldonado, doctor en antropología con un enfoque en antropología política.
Para expertos en riesgos políticos, la situación de gradual apoderamiento de territorios de los grupos armados en el país, que detalla Maldonado Aranda, podría exacerbarse en un año electoral histórico, en el que están juego 9 gubernaturas, 1,098 curules de congresos locales, 1,802 presidencias municipales y 14,423 regidurías, entre otros puestos públicos locales y federales que alcanzan los 20,367 puestos públicos.
De acuerdo con los analistas de Integralia Consultores, existe un riesgo "muy alto" de ocurrencia de que los grupos criminales aprovechen "la coyuntura electoral para ampliar su control sobre los gobiernos y los mercados locales", con consecuencias a corto plazo de mayor violencia política y a mediano plazo de fortalecimiento de "su autoridad a nivel territorial, dejando vulnerables a las comunidades y organizaciones frente a delitos como extorsiones, cobro de piso o robos". De acuerdo a los expertos en riesgos políticos de Integralia, éste riesgo, junto a la "acentuación del proceso de militarización", son los dos -entre 10- de "muy alta probabilidad de ocurrencia" para 2024 en México.
El documento de análisis de Integralia plantea que una consecuencia del dominio territorial del crimen organizado es que "se agravan las afectaciones de por sí existentes para las empresas: inversiones adicionales en protección y seguridad; gastos en seguridad para el transporte e interrupciones logísticas; extorsiones constantes; y, en casos extremos, trato directo con grupos criminales que fungen como autoridades locales. Estas dificultades aumentan en el caso de las industrias extractivas, como la minería".
Para el Instituto Baker, de la Universidad de Rice, la violencia y la inseguridad provocada por el crimen organizado en el país, continuará en 2024 y más allá, "lo que resultará en delitos graves que afectarán el ámbito público, el turismo, las empresas multinacionales y la migración. No hay señales de que esto disminuya en 2024", dice el informe sobre perspectivas de México presentado este jueves por Tony Payan, Director del Centro para Estados Unidos y México.
Homicidios totales y tasa por cada 100 mil habitantes
Tomado de: Estudio Mundial sobre el Homicidio 2023, UNODC
Menos homicidios y ¿más crimen organizado?
Bajo ciertas circunstancias, la disminución en las cifras de homicidios o en la mejora de la percepción ciudadana de la inseguridad pública puede ser solo un espejismo. Una reducción en el número de homicidios no necesariamente es compatible con una menor actividad delictiva, dicen los expertos.
"La disminución de los homicidios (pero no de los robos) a medida que la presencia de la delincuencia organizada se hace más visible en un municipio determinado, sugiere el papel particular que la violencia puede desempeñar en las operaciones de los grupos de delincuencia organizada", explica el Estudio Mundial sobre el Homicidio 2023 de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) publicado el 8 de diciembre.
"Estos grupos pueden ser más violentos cuando establecen o afirman su presencia, pero una vez que sus operaciones se han consolidado y se han hecho visibles, pueden necesitar emplear la violencia letal en menor medida", se explica en el documento elaborado por el brazo de Investigación y Análisis de Tendencias de la UNODC.
"No existe una asociación lineal entre la violencia y la presencia del crimen organizado en una comunidad y México, un país con altos niveles de crimen organizado, ofrece un ejemplo de cómo una mayor presencia del crimen organizado no siempre se traduce en un mayor nivel de violencia", se lee en un recuadro del estudio titulado, "¿Más crimen organizado, menos homicidios? Una mirada a los datos municipales en México".
Delitos en México sin denuncia o sin inicio de carpeta de Investigación
Fuente: Encuesta Nacional de Victimización de Empresas 2022, Inegi
Dos expertos en seguridad pública y crimen organizado, que prefirieron no ser citados, no ven una disminución reciente de la actividad criminal en los territorios en que operan y que ya abarca, según refirieron, entre 30 y 40% del territorio nacional. "La extorsión en sus diversas modalidades es uno de los delitos de mayor proliferación aunque no se registra cabalmente en las cifras oficiales", dijo uno de ellos.
Maldonado Aranda señala que "la extorsión de grandes ramas productivas, así como de economías regionales de agronegocios, minería o comercio, sigue vigente, sin posibilidad de denuncias debido a las amenazas". Un estudio del Banco de México sobre las afectaciones de la extorsión a las ventas y producción de las empresas en el país, publicado en diciembre de 2019, señala que "el delito de extorsión afecta de manera negativa en la actividad de las empresas no manufactureras, en particular en la región sur, donde la incidencia de ese delito ha mostrado una trayectoria ascendente en los últimos trimestres de acuerdo con los reportes de las empresas".
Y añaden los investigadores de Banxico que, "estos hallazgos son congruentes con la información anecdótica recabada por el Banco de México mediante el Programa de Entrevistas a Directivos Empresariales... Algunos directivos de empresas del sector servicios han reportado que, como consecuencia del delito de extorsión, reducen sus horarios de operación, o incluso llegan a cerrar definitivamente o mover sus actividades a otras entidades con una menor incidencia delictiva".
El investigador del Colegio de Michoacán, un estado azotado por la violencia en la última década, concluye su artículo, "la herencia que nos deja el presidente López Obrador en materia de seguridad, justicia y paz es un país con los mismos problemas de violencia, pero agravados por una postura política que, en lugar de contener la criminalidad organizada, optó por cuidar la imagen presidencial, fortaleciendo a las fuerzas armadas y militarizando a la sociedad mexicana, pero no para desarticular sistemas de poder bajo esquemas de crimen organizado".
Y agrega Maldonado, "los mexicanos seguiremos sorteando las inseguridades cotidianas como se han venido enfrentando por décadas: unos en silencio, otros protestando a costa de la vida, pero la mayoría asimilando el miedo para empezar de nuevo".
