Reforma judicial: ¿Está México comprometiendo su futuro comercial?

La reforma judicial en proceso de aprobación no solo amenaza la independencia del Poder Judicial, sino que también podría tener graves implicaciones económicas. México depende de la estabilidad jurídica para atraer inversión extranjera y mantener relaciones comerciales saludables, especialmente con el TMEC.

La estabilidad jurídica no solo protege los derechos de los empresarios, sino que es esencial para la confianza de los inversores extranjeros. Sin un marco legal claro, inversiones en proyectos clave podrían detenerse, afectando gravemente la economía mexicana. Varias son las voces de todos los sectores que han expresado su preocupación a este respecto señalando que, de hecho, varios proyectos de inversión ya autorizados están detenidos debido a la incertidumbre generada por la reforma judicial.

Uno de los puntos quizá más sensibles es cómo afecta la reforma nuestra relación con el exterior. El 80% del PIB mexicano depende de sus relaciones con el exterior. México cuenta con 14 tratados de libre comercio que permiten el acceso a 50 países. El más importante es el TMEC, que cubre el 82.6% de nuestras exportaciones hacia Estados Unidos y Canadá. Es como si en un negocio estuviéramos hablando de afectar a nuestros principales clientes con cambios en nuestras políticas. Aunque algunos podrían argumentar que la relación comercial no se verá afectada, en realidad, la reorientación de exportaciones hacia otros mercados sería un desafío considerable, siendo que Estados Unidos es el mercado más grande del mundo, mientras que las importaciones podrían resultar más caras.  

Uno de los principales riesgos de esta reforma judicial es su impacto en el TMEC, un acuerdo que depende de la certeza jurídica. Un poder judicial debilitado podría generar tensiones y comprometer los compromisos asumidos por México en este tratado.

En 2026, los tres países evaluarán el desempeño del TMEC para determinar su continuidad o posibles ajustes. Esta revisión será clave para garantizar que el tratado sigue cumpliendo sus objetivos comerciales y de inversión. Dependiendo de sus resultados, los países pueden decidir continuar con el tratado, hacer ajustes necesarios, o incluso iniciar un proceso para su terminación.

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Entre los puntos clave está una evaluación del desempeño, es decir, revisar si se siguen cumpliendo los objetivos principales del tratado, como la promoción del comercio y la inversión, la protección de derechos laborales, y la sostenibilidad ambiental. Además, se revisarán las disposiciones para determinar si necesitan ser actualizadas o ajustadas en función de cambios en el contexto económico, político, o tecnológico. Finalmente, se discutirá sobre la continuidad del tratado tal como está o negociar modificaciones, o si inician el proceso de terminación del acuerdo.

Estas revisiones no quieren decir que el tratado se pueda cancelar tan pronto como en 2026. De hecho, la caducidad del acuerdo es de 16 años, de acuerdo con la cláusula conocida como “sunset clause”, que establece que el TMEC caducará automáticamente tras este período, a menos que los países acuerden renovarlo. De esta manera, las decisiones tomadas durante la revisión conjunta pueden influir en si el tratado se extiende o no al final de su período de 16 años.

Hay que tener en cuenta las controversias que ya están abiertas en el marco del TMEC. México tiene abiertos 6 procesos, entre los que se incluye el que se refiere al sector energético y el referente a los productos transgénicos. Estos casos dependen de la estabilidad jurídica para resolverse, la cual podría verse comprometida por la reforma judicial. El caso del sector energético se refiere a las enmiendas de 2021 a las leyes de mexicanas que priorizan la electricidad producida por las entidades estatales mexicanas sobre la electricidad producida por productores privados en la distribución de electricidad a la red eléctrica, lo que se considera discriminatorio para las empresas de los otros dos países. En este caso, se hicieron las consultas, que es el primer paso para una posible disputa comercial en el contexto del tratado, a la espera de formar un panel que resuelva la controversia. En el de los productos transgénicos, particularmente el maíz, el panel se instaló, pero todavía no se han presentado los resultados. Ambos probablemente estén pendientes de los cambios de administración correspondientes tanto en Estados Unidos como en México. 

La reforma judicial en México no solo amenaza la independencia del Poder Judicial, sino también la estabilidad económica y comercial del país. Sin certeza jurídica, tanto las inversiones como los acuerdos internacionales como el TMEC corren un riesgo significativo. Todas estas relaciones se sustentan en la confianza mutua y en un marco legal sólido.

La inminente cláusula de revisión conjunta en 2026 será una prueba crítica para evaluar si las condiciones del tratado se siguen cumpliendo o si será necesario renegociar sus términos. Mientras tanto, los casos de disputas comerciales, como las controversias sobre la energía y los productos transgénicos, requieren una base legal estable que hoy se ve comprometida.

La pérdida de confianza en el sistema judicial no solo dificultará la resolución de estas disputas, sino que podría tener consecuencias devastadoras para el desarrollo económico y comercial del país. Es vital que se proteja la certeza jurídica para asegurar que México continúe siendo un socio comercial confiable en el escenario internacional.