Fallas en el Programa Integral para erradicar la violencia contra las mujeres. Una crítica

El informe General Ejecutivo de la Cuenta Pública 2021 de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) puso en evidencia una serie de inconsistencias y la aplicación inoportuna de los recursos aprobados para el “Programa Integral para prevenir, atender, sancionar y erradicar la Violencia contra las mujeres (PIPASEVM)”.

Mientras que la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM) en el Diario Oficial de la Federación (DOF del 30 de diciembre de 2021), muestra todo tipo de ineficacias operativas en los Tribunales de Justicia, generando que los delitos de violencia de género no sean oportunamente denunciados y debidamente tratados, situación que genera impunidad. La Comisión también denota una limitada e inoperante coordinación interinstitucional afectando los resultados de las estrategias para la disminución de la violencia de género. 

La violencia de género en México es un problema grave que se debe atender de manera inmediata. En 2021, el 70.1% del total de mujeres de 15 años y más indicaron haber vivido alguna situación de violencia (psicológica, física, sexual, económica) a lo largo de su vida.

Este porcentaje, que ya de por sí es alarmante, se acentúa cuando se compara con la prevalencia de violencia contra las mujeres en 2016: 66.1% (Endireh 2021). Es decir, en los últimos 5 años, la violencia de género -en cualquiera de sus modalidades- se elevó 4 puntos porcentuales. Aunado a lo anterior, de enero a agosto de 2023, las carpetas de investigación relacionadas con violencia de género (diferente a violencia familiar), registraron un aumento de 11%, pasando de 518 denuncias a 575. 

Gráfica 1. Violencia de género en todas sus modalidades distintas a la violencia familiar. 2023

Finanzas

La Figura de la Semana: Regina García-Cuéllar, una mujer que rompe techos

Fuente: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Informe 2023.

Los datos de feminicidio indican que en lo que va del año se han registrado 572 casos, siendo junio el mes con más denuncias de este delito. Es necesario señalar que los feminicidios cometidos con otros elementos, como golpes, estrangulamientos, asfixia, envenenamiento, etc., han aumentado en lo que va del año, esto muestra el odio, desprecio, un sentimiento profundo de hostilidad o aversión hacia las mujeres, que muchas veces es causado por el machismo, estereotipos de género, misoginia, etc.

Lo grave de esta situación es la poca importancia que se le da a este tipo de delitos por parte de las autoridades que son responsables de prevenir, atender y fomentar la cultura de denuncia. En México, el 85.1% de las mujeres que sufrieron algún tipo de violencia en 2021, no denunció ni solicitó ninguna ayuda (ENDIREH, 2021). Además, solo el 8.3% de los casos de violencia familiar se judicializa (DOF 2021). 

El PIPASEVM es el instrumento de planeación nacional que describe las funciones y obligaciones de las autoridades en todos los niveles y poderes de gobierno con relación al derecho al acceso de las mujeres a una vida libre de violencia.

Este programa tiene como objetivo atender las causas que genera la violencia de género a través de 4 acciones:

1. Implementar medidas preventivas de los factores de riesgo;
2. Promover servicios de atención integral especializada a las mujeres víctimas de violencia;
3. Asegurar la sanción, reparación del daño y la no repetición y
4. Mejorar la coordinación entre las instancias encargadas de atender este tema, a nivel nacional y estatal.

En un inicio, cuando se diseñó el PIPASEVM, se identificaron áreas de oportunidad en términos de violencia de género, entre las que destacan: falta de coordinación interinstitucional, falta de seguimiento y monitoreo de la implementación de políticas, ausencia de capacitación de actores y autoridades que atienden aspectos relacionados con la violencia en contra de las mujeres; deficiencia en la homologación de los protocolos de atención, legislación, servicios de atención, entre otras. Sin embargo, estas acciones no han sido corregidas. 

Algunas fallas que la ASF detectó del PIPASEVM, se relacionan con la mala administración y ejecución de los recursos. Por ejemplo, en 2021, se diseñó la campaña “Vacúnate contra la Violencia”, pero ésta no se llevó a cabo por falta de presupuesto.

En ese mismo año, se dispusieron recursos para la capacitación de 9,679 funcionarios públicos en temas de violencia de género y transversalización de la perspectiva de género; sin embargo, estas actividades no se articularon con el programa anual de capacitaciones, lo cual muestra la falta de interés para que estos programas se lleven a cabo de forma controlada y adecuada. Tampoco se pusieron en operación las medidas reeducativas dirigidas a los agresores y, respecto a la atención de víctimas de violencia. En 2021 se otorgaron 116.8 millones de pesos a 18 entidades -con alerta de género- para que se implementen estrategias de seguridad, prevención y justicia para los casos de violencia de género, no obstante, solo el 4.8% de las medidas implementadas se cumplió, el 35% estaba en proceso de implementarse y el 33.8% no se habían ejecutado. 

Por su parte, la CONAVIM observó que la coordinación interinstitucional para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres es limitada y no ha arrojado los resultados esperados. Ejemplo de ello es la falta de estadísticas e información sobre víctimas, denuncias, feminicidios, carpetas ministeriales resueltas y/o sin resolver, etc. que debió haber sido generada y mostrada a través de la coordinación de los tres órdenes de gobierno.

Tampoco se generó  la información apropiada para dar seguimiento y monitoreo a la implementación de políticas, ya que los indicadores existentes para medir los avances no consideran los elementos suficientes para determinar los resultados obtenidos, por ejemplo, no existe información relacionada con la erradicación, sanción, coordinación, operación, y seguimiento de los casos denunciados. Esta falta de coordinación también se refleja entre el sistema de procuración, administración de justicia y defensoría pública en la atención a la violencia de género, ya que no garantiza el acceso a la justicia hacia las mujeres.

Respecto a los Tribunales de Justicia, la CONAVIM ha detectado diversas fallas operativas, tales como la falta de formación especializada en materia de derechos humanos de las mujeres, la ausencia de protocolos para llevar a cabo la atención debida de las víctimas, el incumplimiento de órdenes de protección que conlleva a la revictimización y la falta de atención continua y oportuna que generan la desconfianza en las instituciones de procuración de justicia.

Es urgente que los gobiernos lleven a cabo un papel activo y efectivo en la atención y prevención de la violencia de género. Este es un problema grave que atenta contra los derechos humanos de las personas y, en consecuencia, demerita el desarrollo económico y social del país. Es una obligación atender las recomendaciones que arrojan las distintas instancias encargadas del monitoreo y evaluación de los programas para resolver la problemática. Es importante lograr la eficiencia contundente y total de las estrategias diseñadas e implementadas para atender verazmente la violencia de género.

Estratégicamente, se sugiere poner énfasis en la prevención de la violencia contra las mujeres y ofrecer los elementos suficientes para que las víctimas denuncien y confíen en que dicho acto será atendido debidamente con todo el rigor de la Ley.