Crisis de financieras, malas noticias para la movilidad social
La crisis económica detonada por la pandemia afectó, principalmente, al sector productivo de las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPyMES), que es donde hubo mayor cierre de empresas y pérdida de empleo. En consecuencia, los intermediarios financieros que atienden a estas empresas y a sus empleados están también entre los más afectados.
Bajo este contexto se inscribe el actual proceso de reestructura de adeudos de Crédito Real, Alpha Credit y UNIFIN cuya debacle financiera es mala noticia para la inclusión financiera del sector productivo micro, pequeño y mediano, con repercusiones negativas para la movilidad social.
De acuerdo con el INEGI1, en 2020 la crisis hizo que cerraran poco más de un millón de un total de 4.9 millones de establecimientos MIPyMES, es decir, el 20.81% de estos. La misma fuente estima que el 80% de las empresas habrían sufrido disminución de ingresos y que se perdieron 1.14 millones de empleos formales y alrededor de 5.5 millones informales. Y aunque gran parte del número de establecimientos se ha restablecido y el número de empleos formales e informales se ha recuperado, la precariedad de los mismos ha impactado negativamente en la productividad y el crecimiento del país.
El INEGI ha informado que el número de establecimientos MIPyMES actuales es de 4.9 millones2 y el número de personas ocupadas para junio de 2022 es de 57.4 millones de personas3, cifras similares a las pre-pandémicas. No obstante, se estima que el PIB regrese a su nivel de 2019 hasta 2023 o 2024. Por eso no sorprende que estas entidades financieras, cuya clientela se compone principalmente por MIPYMES, estén entre las más emproblemadas para repagar los créditos que solicitaron para fondear su actividad.
Los problemas financieros de estos intermediarios financieros representan un reto considerable para la movilidad social, por la relación positiva que existe entre inclusión financiera de las MIPYMES y la mejora en el bienestar socioeconómico de las personas. A decir del Banco Mundial (2014) en su “Reporte sobre el Desarrollo Financiero” el acceso al financiamiento para las empresas, principalmente las pequeñas y jóvenes se asocia con innovación, creación de empleo y crecimiento. En ese sentido es que generan mayor movilidad social.
Los intermediarios que tienen mejor capacidad para atender a estas empresas son los intermediarios no bancarios, o aquellos bancarios que siguen una metodología de evaluación de riesgo de tipo relacional4. Es decir, aquellos que privilegian el conocimiento del cliente a través de información “suave” (cualitativa) generada a partir de conocer directamente a la empresa, el giro del negocio, el mercado y los socios de la misma. El tipo de intermediarios que utilizan esta evaluación de riesgo son las Sofomes (Sociedades Financieras de Objeto Múltiple), uniones de crédito, sociedades de ahorro y crédito popular (Socaps) y bancos pequeños y medianos.
En contraposición, los bancos grandes generalmente otorgan créditos en forma masiva a partir de productos de crédito estandarizados y que tienden a excluir del financiamiento a gran parte de las MIPYMES en razón de la metodología de riesgo que utilizan. Normalmente analizan a la empresa sin necesidad de conocerla personalmente y con base en información “dura” (o sea, estados financieros auditados, historial crediticio, garantías, etc.). Con base en ésta, asignan puntuación por parámetro para determinar si al final el solicitante alcanza el “score” requerido para que su solicitud de financiamiento sea aceptada. Por la información que requiere, esta metodología excluye del crédito a una gran cantidad de MIPyMES que no están en posibilidad de entregar esa información.
Así, si bien el incumplimiento de pagos de estos intermediarios a sus acreedores -y el proceso de reestructura de adeudos que sigan- no representa un riesgo sistémico para el sistema bancario, por la limitada interconexión de estos con aquel, pues su fuente de fondeo principal proviene del mercado de valores y de la banca de estatal, sí debe preocupar, desde el punto de vista socioeconómico.
Y es que la suspensión de créditos por parte de estas entidades afectará aún más el financiamiento a las MIPyMES del país y, por ende, en la generación de más y mejor remunerados empleos. Esto tendrá impactos negativos en la movilidad social de las personas. ¡Mala noticia!
* Investigador del CEEY
Twitter: @ediazinfante
enrique.diazinfante@ceey.org.mx
[1] De acuerdo con los resultados de la Segunda Edición Encuesta sobre el Impacto Económico Generado por COVID-19 en las Empresas (ECOVID-IE 2020). Disponible aquí.
[3] De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, Nueva Edición (ENOE N), en junio de 2022. Disponible aquí.
[4] Para lectores interesados en tener más información sobre las metodologías del crédito y su impacto en el financiamiento al sector productivo, se sugiere leer el “Capítulo 2” del Libro Sistema Financiero Mexicano, Diagnóstico y recomendaciones de Del Ángel y Díaz-Infante (2017, pp 55-72). Disponible aquí.
Enrique Díaz-Infante
Director de Sistema Financiero del Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY). Es licenciado en Derecho por la UNAM y maestro en Políticas y en Desarrollo, ambas por la London School of Economics. Ha publicado un libro sobre “Regulación Financiera y Competencia Económica” y dos en coautoría por el CEEY: “El Sistema Financiero Mexicano” y “El México del 2018, Movilidad Social y para el Bienestar”. Periódicamente publica en el periódico Reforma y en Arena Pública.
