#QueNoSeNosOlvide Socavón, huachicol, Estafa Maestra y Odebrecht, aún pendientes
Miles de damnificados dejaron los sismos de 7 y 19 de septiembre en el país. Cientos de muertos, miles de heridos, decenas de miles de viviendas afectadas, cientos de miles de ciudadanos que sufrieron alguna afectación.
Y sin embargo, hay un puñado de beneficiados por el sismo, pues pueden tener la fortuna de que los escándalos en los que estaban involucrados queden en el olvido.
Integrantes de primer nivel del gobierno federal y exfuncionarios de la actual administración estaban bajo lupa por presuntas irregularidades o actos de corrupción y los terremotos de este mes representa una bocanada de oxígeno, pues la atención de la opinión pública ya no está sobre ellos.
Los secretarios de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, Desarrollo Social, Luis Miranda, y Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Rosario Robles, así como el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, se encontraban en el ojo del huracán por casos que, hace algunas semanas, ocuparon las primeras planas de los medios de comunicación, pero ahora pueden quedar en el olvido.
Una vez que pase la emergencia por los terremotos, estos asuntos pendientes deberán tener las explicaciones necesarias. Veámos los casos.
Ruiz Esparza, la suerte del privilegiado
Desde antes del sismo ha quedado claro que el presidente Enrique Peña Nieto no tenía la menor intención de remover del gabinete al secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, a pesar de estar involucrado en escándalos por irregularidades y señalamientos de corrupción.
Luego del sismo de 7 de septiembre, Ruiz Esparza se ha dedicado a dar información sobre reparación de carreteras dañadas y el estado que tiene la infraestructura del país…. oxígeno puro para alguien que estaba señalado de ser el responsable político de la muerte de dos personas.
Te puede interesar: Ruiz Esparza, un intocable al cobijo de Enrique Peña, 18 de agosto de 2017.
En la mañana del miércoles 12 de julio se abrió un socavón de ocho metros de diámetro sobre los carriles del Paso Express, que cruza Cuernavaca, Morelos, rumbo a Acapulco. Una obra que no tenía ni seis meses de haber sido inaugurada por el presidente Enrique Peña Nieto.
En el lugar cayó un automóvil en el que viajaban dos personas, las cuales perdieron la vida.
#QueNoSeNosOlvide que dos personas murieron a causa del socavón en el Paso Express.
El 12 de septiembre, la Secretaría de la Función Pública (SFP) informó que la auditoría que el gobierno federal aplicó a cuatro contratos relacionados con el Paso Express sumó irregularidades por mil 34 millones de pesos.
Entre los responsables de las irregularidades están la Dirección General del Centro SCT Morelos, la Dirección General de Desarrollo Carretero y la Dirección General de Carreteras, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
Te puede interesar: Pagan indemnización por homicidios en el socavón, pero ¿y la corrupción?, 13 de septiembre de 2017.
Entre las fallas detectadas, hay anomalías en los procedimientos de licitación y adjudicación, trabajos ejecutados sin comprobación documental, incumplimiento del programa de obra convenido, pagos en exceso, inadecuada planeación y programación de la obra y una supervisión inadecuada de la construcción… y lo más grave es que la SCT ignoró las alerta de posibles daños en la vialidad antes de ponerla en operación.
En respuesta a este informe, Ruiz Esparza se volvió a lavar las manos y aseguró que los funcionarios involucrados en las irregularidades tendrá que enfrentar su responsabilidad.
Rosario Robles, la cara de la reconstrucción
El lunes 25 de septiembre iniciaron las labores de reconstrucción de viviendas que resultaron afectadas en Chiapas y Oaxaca por los terremotos del 7 de septiembre. Se estima que se llevará a cabo algún tipo de acción en 110 mil viviendas en ambas entidades.
La tarea está encomendada a Rosario Robles, secretaria de Desarrollo Agrícola, Territorial y Urbano, del gobierno federal, quien ese mismo día dio al menos cuatro entrevistas en radio o televisión para detallar el programa de reconstrucción.
Rosario Robles se encarga de las tareas de reconstrucción de vivienda en las zonas afectadas.
De acuerdo con las versiones estenográfica de dichas entrevistas disponibles en la página de internet de la dependencia, en ninguna de ellas se le cuestionó a Robles sobre su gestión en la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol)-en 2013 y 2014- en la que se “esfumaron” unos 2 mil 224 millones de pesos que debían destinarse a atender a la población más pobre del país, pero que terminaron en empresas fantasma o con alguna irregularidad.
A principios de septiembre, el portal de noticias Animal Político dio a conocer el resultado de una investigación periodística que desnudaba un modus operandi para “desaparecer” recursos públicos mediante la adjudicación de contratos a universidades públicas que a su vez transferían ese dinero a empresas fantasma o irregulares, previo cobro de una comisión.
Te puede interesar: Desvíos de la Estafa Maestra alcanza para darle salario mínimo a 400 mil mexicanos durante un año, 11 de septiembre de 2017.
El caso de la Sedesol de Rosario Robles llamó la atención por el monto desviado, así como porque se trataba de recursos para la gente más pobre del país, esa a la que ahora la funcionaria federal les ayudará a reparar su casa.
Esta investigación se basó en las investigaciones de la Auditoría Superior de la Federación, la cual ya interpuso denuncias en la Procuraduría General de la República, además de que ya también intervino la Secretaría de la Función Pública. Ojaló el sismo no sepulte estas indagatorias.
Luis Enrique Miranda, el huachicolero que lleva apoyos
El 11 de septiembre, el secretario de Desarrollo Social fue señalado por el diario Reforma de tener vínculos con huachicoleros, y es que su hermana y su cuñado eran los dueños de una gasolinería que vendía combustible ordeñado en el Estado de México.
La denuncia periodística se hizo con base en un reporte de la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana (CES) del Estado de México el cual indicaba que el 25 de agosto, elementos de la Gendarmería de la PF y de la Policía Estatal detuvieron a 7 personas cuando descargaban combustible ilegal en la estación E 07181, en el kilómetro 2.4 de la Carretera Mexicaltzingo-Santiago Tianguistenco.
Luis Miranda ha estado en Chiapas la mayor parte del tiempo luego de deslindarse de su familia huachicolera.
La gasolinería es propiedad de Ricardo Víctor Mercado Galán y María del Carmen Miranda Nava, lo que puso al funcionario en el ojo del huracán y debió salir a deslindarse de las actividades de su familia.
“Es mi hermana, pero cómo voy a saber lo que tiene mi hermana y mi cuñado, no sé de sus negocios ni me interesa. No les ando revisando su patrimonio ni cómo lo hicieron”, dijo a manera de deslinde.
Te puede interesar: Funcionarios leales a Peña Nieto, responsables de investigar los millonarios desvíos de recursos, 6 de septiembre de 2017.
Un día después de esa publicación, el presidente Peña Nieto designó a su amigo y secretario de Desarrollo Social como uno de los encargados de la atención a damnificados por el sismo del 7 de septiembre en Chiapas.
Y desde entonces, la información generada por Miranda y la Sedesol se ha limitado única y exclusivamente a los apoyos entregados a los damnificados por los desastres naturales… el escándalo del huachicol, puede esperar.
Lozoya, salvado por el terremoto
La riqueza del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, ya estaba siendo investigada por la PGR, debido a las acusaciones que fue él quien recibió 10 millones de dólares (unos 180 millones de pesos) por parte de la empresa constructora brasileña Odebrecht, a cambio de resultar beneficiada en la asignación de contratos de obra.
El 18 de septiembre, un día antes del terremoto que sacudió la Ciudad de México, se daba a conocer que la PGR había solicitado a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) un informe de los movimientos financieros de Lozoya entre el 1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2016.
Te puede interesar: Emilio Lozoya, el punto donde convergen EPN, Carlos Salinas, OHL y Odebrecht, 14 de agosto de 2017.
Además la SFP investigaba, también a petición de la PGR, la evolución patrimonial del funcionario, a partir de su ingreso al servicio público, mientras que el Instituto Nacional de Migración debía responder si Lozoya viajó a Brasil durante su gestión en Pemex.
Todo parecía indicar que se terminaban meses de impunidad que gozó el exfuncionario, pero tembló y no se ha vuelto a saber más del caso.
Apenas el 14 de agosto, la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad reveló, con base en las declaraciones hechas por altos directivos de Odebrecht a la justicia brasileña, montos, fechas y otros detalles de las transferencia realizadas por la empresa en favor de Lozoya.
Lozoya ha negado ser el destinatario de los sobornos de Odebrecht.
Un par de días después, el exfuncionario negó estos hechos y se presentó a declarar en la PGR y a salir dijo que no había nada que lo vinculara con estos actos de corrupción.
Pero la sospecha seguía sobre él hasta que el 18 de septiembre se dieron a conocer las acciones que realiaba la PGR… pero el terremoto, al parecer, le dio tiempo.
MÁS INFORMACIÓN: Determina SFP observaciones a cuatro contratos de obra del Paso Exprés, Secretaría de la Función Pública, 12 de septiembre de 2017.
MÁS INFORMACIÓN: Sedesol: ¿dónde quedó el dinero para los más pobres?, Animal Político, septiembre de 2017.