¡No es tan sencillo! Integrar a los jóvenes repatriados requiere atender su problemática social
Reducir el papeleo burocrático es necesario, pero no lo único para acoger a los jóvenes soñadores, aseguran especialistas.
El dictamen que reforma la Ley General de Educación para agilizar los procesos de integración escolar de los jóvenes deportados desde Estados Unidos recogió la opinión de una veintena de expertos en materia de migración quienes coinciden -e insisten- en que más allá del papeleo, la ley debe contemplar mecanismos para que los soñadores logren adaptarse.
El proceso de integración de una persona que migra a otro país es de aproximadamente siete años, asegura la investigadora del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), Mónica Jacobo Suárez, quien señala que la capacitación de los funcionarios públicos y docentes es clave para minimizar esos tiempos.
La exclusión social por las diferencias idiomáticas es otro potencial problema que se debe evitar, asegura la coordinadora de Incidencias Políticas del Centro de Atención a la Familia Migrante e Indígena, Itzel Polo Mendieta, quien explica que en muchos casos los niños repatriados tienen un conocimiento básico e incluso nulo del español, lo que les traería complicaciones de comunicación con el resto de sus compañeros en las aulas y con los profesores que no dominan el inglés.
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Incluso a nivel universitario se ha detectado la necesidad de diseñar cursos remediales para los jóvenes deportados sobre historia y geografía del país o el propio sistema jurídico mexicano, pues los estudiantes deportados no cuentan con ese bagaje, asegura la rectora de la Universidad Veracruzana, Sara Ladrón de Guevara. La casa de estudios cuenta ya con un programa piloto que integra a 14 soñadores deportados.
A pesar del énfasis que los expertos hicieron en la necesidad de incluir mecanismos de adaptación para los soñadores, las 13 modificaciones que realizaron los senadores a la Ley General de Educación se centró en la reducción del papeleo requerido para incluirlos más rápido dentro de las aulas mexicanas.
Profesora de Inglés en escuela pública
La modificada ley -aun por aprobarse- establece que la falta de documentos de identificación como acta de nacimiento o Clave Única de Registro de Población (CURP) no serán motivo para negar el acceso a la educación y que los grupos vulnerables por cuestiones migratorios accederán a medidas preferentes para ingresar a los centros escolares.
También que el proceso de revalidación de estudios dejará de realizarse por homologación de un mínimo de 75% de los créditos entre los programas de estudios extranjeros y los mexicanos, en su lugar se establecerán una serie de requisitos a definir en la reglamentación de la Ley General de Educación.
La ley propone además la existencia de una serie de instituciones públicas y privadas que contarán con el permiso de la secretaría de Educación para otorgar un reconocimiento oficial a los estudios realizados en otros países, una facultad que hasta hoy está a cargo del Sistema Nacional de Créditos, Revalidación y Equivalencias de Estudios (SINCREE).
Esas instituciones deberán crear un Sistema de Información y Gestión Educativa para registrar todos los certificados, constancias y grados educativos otorgados a migrantes.
En caso de que los diputados federales aprueben las reformas propuestas por el Senado, la secretaría de Educación Pública dirigida por Aurelio Nuño tendría hasta un año para crear el Marco Nacional y de Cualificaciones, reglamento necesario para la revalidación de estudios extranjeros.
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La iniciativa de reforma a la Ley General de Educación fue elaborada por el Presidente Enrique Peña Nieto y entregada a los senadores el 31 de enero, quienes la modificaron y luego aprobaron el 28 de febrero para trasferirla a la cámara de diputados federes. La reforma fue aprovada por los diputados el 16 de marzo.
