Los gobernadores: Corrupción sistémica
Los casos conocidos de gobernadores que han enfrentado cargos penales o están prófugos de la justicia no son de ninguna manera un fenómeno aislado.
Un presunto número de nueve o 10 de ellos -de 1993 a 2017- nos habla de casos repetidos que han afectado a los principales partidos políticos.
Ponen de relieve una correlación entre el poder político y la corrupción de alto nivel.
Estos gobernadores recuerdan la imagen de virreyes que han abusado de su posición y de su autonomía. Son claramente un incentivo, al menos en principio, a la abstención o anulación del voto.
Como afirmamos en otras ocasiones, la corrupción, la impunidad y la violencia son fenómenos que se concatenan de manera sistémica: los estados donde la corrupción es contundente son violentos, de varias maneras reina la impunidad.
Los casos recientes de Duarte y Yarrington son paradigmáticos pero de ningún modo aislados en el sentido de ser excepcionales.
Tomás Yarrington y Javier Duarte exgobernadores del PRI.
Es necesario aclarar que hay casos de gobernadores mencionados aquí que tienen la imagen de la corrupción en sus administraciones sin que enfrenten un proceso vigente como es el caso del exgobernador Humberto Moreira, quien dejó a los coahuilenses una cuantiosa deuda y logró librar el proceso que iniciaban las autoridades españolas en enero de 2017.
En México, siendo un país tan grande con instituciones federales es susceptible de padecer corrupción sistémica y lamentablemente es el caso.
Tras un breve recuento de gobernadores a los que se les han formulado cargos, están prófugos, presos o procesados, es necesario argumentar dos tesis:
1. La alternancia política no ha tenido los efectos esperados sobre la corrupción de los gobernadores o la está teniendo apenas.
La corrupción sistémica como sabemos por el caso venezolano siempre puede empeorar en una espiral de ingobernabilidad.
2. Un gobierno populista es particularmente grave en casos latinoamericanos dada la debilidad de las instituciones y la falta de pesos y contrapesos al poder de jure y de facto.
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En el tiempo, tenemos diferentes casos de corrupción que han involucrado procesos penales independientemente de las sentencias o la libertad posterior de los procesados.
El objetivo del listado no es sino ilustrar la proliferación del fenómeno, en el tiempo, los partidos y la geografía.
Primero está el de Mario Villanueva, exgobernador del PRI en Quintana Roo, capturado en 2001. En seguida tenemos dos de ellos con gobiernos de 2004 a 2010 y de 2005 a 2011, a saber, Luis Armando Reynoso Femat, del PAN, en Aguascalientes y Narciso Agúndez Montaño del PRD en Baja California Sur, respectivamente.
También se incluye a Pablo Salazar Mendiguchía del PRD que gobernó de 2000 a 2005 en Chiapas. Recientemente capturado, Tomás Yarrington gobernó Tamaulipas por el PRI de 1999 a 2004.
Más recientes se ubican el gobierno de Andrés Granier en Tabasco por el PRI, de 2007 a 2012; en Sonora, Guillermo Padrés por el PAN de 2009 a 2015. En Nuevo León, Rodrigo Medina que gobernó de 2009 a 2015.
También recientemente se ubica a Jesús Reyna por el PRD quien gobernó Michoacán de 2013 a 2014.
El Presidente Enrique Peña Nieto con 24 gobernadores en 2012.
Puede mencionarse el gobierno de César Duarte por el PRI en Chihuahua de 2010 a 2016 y el de Roberto Borge de 2011 a 2016 por el PRI en Quintana Roo.
Finalmente, el emblemático Javier Duarte quién gobernó por el PRI en Veracruz de 2010 a 2016 y ha sido recientemente capturado.
La corrupción sistémica es, a partir de lo anterior, con matices y atendibles opiniones si se quiere, evidente.
Es claro que hay ejemplos de gobiernos de todos los partidos importantes en los años de tránsito democrático.En muchos de los casos ha habido alternancia de partido y en algunos no (muchos de ellos son estados que están experimentando alternancia).
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Pero esta última no es garantía de que se extinga la corrupción. Está por verse si nuevos casos de alternancia rinden frutos y cuentas.
Lo que nos lleva a la segunda tesis: siempre se puede empeorar y el populismo es proclive a ello. El triste caso venezolano está sobre la mesa.
La prueba de fuego acerca de la reconstrucción institucional y el fin de la impunidad es contundente para lo que hoy son 16 estados o entidades gobernadas por el PRI, 10 por el PAN, 5 del PRD, uno del Verde y un independiente.
Se verá si con inteligencia y voluntad políticas se abate la corrupción sistémica que tanto cuesta a la imagen de los partidos y a sus gobernados.