Los ricos y la justicia social

Como señalé en mi artículo anterior, no me parece adecuado hablar de una reforma fiscal que considere aumentar impuestos sin abordar primeramente, y con seriedad, el lado del gasto. En esta ocasión me concentraré en el tema de las políticas que buscan redistribuir el ingreso. 

El pasado 25 de octubre, dos centros de investigación de la sociedad civil de prestigio organizaron un importante foro con la participación de reconocidos expertos y que tuvo como propósito presentar los principales resultados y conclusiones de un ambicioso estudio producto del loable esfuerzo que documenta con seriedad y un escrupuloso análisis técnico aspectos como la evolución de la pobreza, la seguridad alimentaria, la desigualdad, la movilidad social y otros aspectos muy relevantes, a partir de los datos más recientes de la ENIGH (2022).

Un segundo propósito del estudio en cuestión fue contribuir al debate legislativo en torno a las prioridades del proyecto de Presupuesto de Egresos 2024 que había presentado el Ejecutivo al Congreso de la Unión y de los retos presupuestales más inmediatos, así como contribuir al diseño de políticas públicas orientadas a cerrar las distintas carencias y brechas que observamos en el país en los temas antes mencionados a fin de construir una sociedad mucho más igualitaria. Es sobre este último punto que centraré mi atención.

En particular, en la última mesa de discusión del foro en el cual se presentaron los resultados y conclusiones del estudio, acompañadas de algunas intervenciones de expertos que francamente me hicieron irme de espaldas; percibí una preocupante carga ideológica en favor de políticas orientadas a mejorar la redistribución del ingreso en México. Más allá de las “ñañaras” que me causó el tono populista de algunos expositores, el énfasis de sus propuestas se centró en el lado de los impuestos para extraer más ingresos de los ‘ricos’ en favor de los ‘pobres’ y en la instrumentación de políticas con cobertura universal en materia de programas sociales, pensiones, salud, vivienda y combate a la pobreza.

La teoría económica sobre las políticas públicas para redistribuir el ingreso contempla tanto la progresividad de los impuestos como las políticas de gasto público. Desde mi punto de vista, la redistribución del ingreso debe procurarse por el lado del gasto y, en menor medida, en los impuestos. Como quiera que sea, comparto algunas consideraciones en respuesta al tono ideológico y “populachero” de las propuestas.

Políticas públicas

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¿Quiénes son los “ricos” en México?

La ENIGH 2022 señala que, en su conjunto, 129 millones de mexicanos (38 millones de hogares)  reportaron un “ingreso trimestral percápita sin transferencias promedio de sólo 15,377 pesos” (equivalentes a 5,125.7 pesos mensuales). Por lo que hace al decil de ingresos más altos (10% de los mexicanos) se reporta “un ingreso corriente total promedio trimestral per cápita sin transferencias” de 55,568 pesos; es decir, 18,522.7 pesos mensuales. 

Como se desprende de lo anterior, México es en el mejor de los casos un país de ingresos medios. Se afirma que estos ingresos están mal distribuidos. Al respecto, lo primero que debemos preguntarnos es quién los distribuye y cómo lo hace. La distribución del ingreso no es un fenómeno aleatorio. La  distribución del ingreso se explica por una multiplicidad de factores, pero no son fortuitos (el ingreso de muchos no es maná que les cayó del cielo por un acto divino). Es un fenómeno fundamentalmente determinístico y tiene sus causas. Para algunos, el culpable de la desigualdad es la “mano invisible” de Adam Smith. Alegan que no hace bien su trabajo. Quienes piensan así proponen, como si fueran Dioses del Olimpo, decidir qué es lo que merece cada quién (por cierto, cuestionan la “meritocracia”), con total independencia de cualquier consideración distinta del nivel de ingreso o riqueza y, sobre todo, del esfuerzo individual. 

Para algunos expositores “orgánicos” del estudio, el 5% de la población con los ingresos más altos son “los ricos”. Además, pasan por alto la distinción básica entre el flujo de ingreso y el acervo de riqueza. Según ellos, en el 10% de la población con los ingresos más altos se encuentran lo que algunos de ellos llamaron los “15 hombre más ricos de México”. Pero el decil de ingresos altos incluye a 3.8 millones de hogares con 12.8 millones de mexicanos. Los expositores parecen no percatarse que ellos mismos seguramente pertenecen a ese grupo de 12.8 millones de mexicanos de ingresos “altos” que perciben ingresos mensuales promedio de poco más de 18 mil pesos, según la ENIGH 2022. Probablemente también se ubican en el 5% de la población de ingresos más altos, junto a los 15 mexicanos más ricos de México. 

El decil de los mexicanos que perciben en promedio ingresos mensuales de 18 mil pesos incluye, por dar algunas referencias, a individuos que ganan menos que ese monto y a los que perciben 20 mil, 40 mil o 50 mil pesos al mes. ¡Ahora resulta que todos ellos, incluidos los propios expositores, también somos “ricos” y no pertenecemos a lo que podríamos llamar la clase media! ¿Es en serio? No parecen entender que la desigualdad en México es tan pronunciada que un alto porcentaje de lo que consideramos clase media se encuentra en lo que ellos clasifican como “ricos”.

El ingreso promedio del país (5,125.7 pesos mensuales) no es lo que usted y yo  llamaríamos “clase media”. La clase media es un concepto multifuncional asociado con un cierto estándar de vida.

Pues para algunos expositores son “ricos” quienes van a las taquerías y a algún restaurante los fines de semana o con sus hijos los domingos, quienes realizan un esfuerzo para enviar a sus hijos a colegios o universidades privadas, quienes pagan un seguro de gastos médicos mayores, quienes son profesores universitarios o trabajadores independientes, quienes trabajan más de 40 horas por semana incluidos fines de semana y que muchas veces no pueden tomar vacaciones, quienes ponen un arbolito de navidad y realizan un modesto intercambio simbólico de regalos, quienes que van al cine una o dos veces al mes y compran palomitas, quienes hacen donaciones a la Cruz Roja de 200 o 500 pesos una vez al año, quienes tienen contratado Netflix, quienes tienen un teléfono inteligente de 1,500 pesos, quienes tienen una laptop con 10 años de antigüedad con Intel 3 y una suscripción a Windows 10 y Office, quienes tienen un automóvil y lo renuevan cada cinco o más años vía autofinanciamiento y que probablemente nunca tendrán un coche de lujo (mucho menos híbrido), quienes vacacionan en Cuernavaca, Tepoztlán o Oaxtepec una vez al año, o quienes tienen un saldo promedio de 100 mil pesos en su cuenta Afore. 

Algunos presentadores del último foro subrayaron la importancia de la “Justicia Social” y la urgencia de celebrar un nuevo “Contrato social” o “Pacto Social” y otros calificativos ideológicos, para proponer redistribuir el ingreso del 5% o 10% de la población con mayores ingresos al resto de la sociedad. 

Entre sus propuestas, estos “expertos” mencionaron barbaridades como aumentar la progresividad de los impuestos a los autos nuevos, al ahorro, al predial, al ISR, a la riqueza, etc. Pero como ya debo haber dejado suficientemente claro en ese porcentaje de presuntos “ricos” hay millones de mexicanos que no lo son, que no viven suntuariamente con todo tipo de lujos, que no traen Suburbans, que no usan relojes de 100 mil pesos, que no conocen Europa y, si acaso, la visitan por una semana una vez cada cinco años, o que no tienen un departamento en Acapulco, Valle de Bravo, San Miguel de Allende, San Antonio, Nueva York, Miami, Madrid.

Por el lado del gasto público, promulgan más gasto social, con énfasis en programas que tengan cobertura universal para garantizar el acceso de todos los mexicanos a lo que ellos consideran “bienes públicos”. Al parecer, sus bienes públicos incluyen que el Estado se haga cargo de satisfacer en su totalidad y de manera suficiente las “necesidades básicas o más apremiantes” de toda la población: una sana alimentación, una buena educación, servicios de salud como en Dinamarca, una pensión digna, etc. Por otra parte, reconocen que hay un problema de sostenibilidad de las finanzas públicas derivado en buena medida de las presiones derivadas de las pensiones y de los programas sociales de la presente administración. Afirman que el espacio fiscal es nulo o por lo menos muy escaso.

Esos expertos pasan por alto que nuestro sistema fiscal (en realidad hacendario) está muy lejos de ser adecuado a la realidad mexicana. Los principios básicos de eficiencia, recaudación, progresividad, y redistribución distan mucho de ser satisfechos cabalmente. En mi opinión parecen olvidar las imperfecciones de nuestro sistema tributario. Existen muchos gravámenes que distorsionan las decisiones de trabajo-ocio, consumo-ahorro, y en general la eficiencia económica. Para ellos la diferencia entre los gravámenes y su incidencia sólo tiene que ver con los “ricos”, y pasan por alto algunas excepciones fiscales que no tienen ninguna justificación o que se han justificado en aras de la “Justicia Social”. Para ellos, la única solución es más impuestos a lo que ellos llaman “ricos” para financiar programas sociales con cobertura universal.

También parecen olvidar que el 55-60% de la fuerza laboral (entre 30 y 35 millones de trabajadores) se ganan la vida en la informalidad y que sus ingresos no están regidos por el salario mínimo. Estos trabajadores del sector informal no pagan impuestos, o los eluden o evaden. No aportan ni un quinto a la seguridad social y están excluidos de sus beneficios.

Los expositores en cuestión ignoran que muchos trabajadores del sector informal se decidan a actividades ilegales, que venden bienes pirata o de baja calidad introducidos como contrabando  desde China o algún otro país asiático, que no pagan luz porque cuelgan diablitos del alumbrado público, que no contribuyen en nada al financiamiento del gasto público. Lo único que pagan son derechos de piso a los “alcaldes” y a los líderes del sector informal. No es raro ver algunos vendedores ambulantes de tacos de canasta descender de sus “SUV” para montar su puesto. Algunos comerciantes de las Centrales de Abasto conducen autos Audi, BMW, Mercedes Benz, Suburbans High Elite y hasta guaruras traen, y tienen verdaderas mansiones en las colonias más exclusivas. Ellos sí viajan a Europa y Asia, van frecuentemente de “shopping a Estados Unidos” y tienen propiedades en Cancún y en el extranjero. 

En la economía informal también hay “ricos” y “ricachones” capturados en el 10% de la población con más altos ingresos de la ENIGH. Sus ingresos pueden ir desde 100 mil a un millón de pesos mensuales, libres de impuestos. Ellos no son como tú y como yo. Claro que se trata de una minoría, pero definitivamente no son pobres o clasemedieros. Mucha de su riqueza es producto de las rentas que algunos reciben como líderes, del comercio de mercancías introducidas ilegalmente al país, de la explotación de los campesinos. Otros son líderes sindicales que cobran cuotas a sus agremiados y viven como reyes. No están sujetos a las mismas obligaciones fiscales o cargas tributarias de los trabajadores del sector formal del mercado laboral. 

Muchos mexicanos trabajan en la informalidad porque no hay suficientes fuentes de empleo permanente y bien remunerado, pero también es cierto que algunos están en la informalidad porque los incentivos para ser parte del mercado formal de trabajo no están ahí. El mercado laboral está segmentado y la actividad informal no está regulada. Muchos votarán por quienes les permitan permanecer en la informalidad o ilegalidad. Algunos viven de adueñarse de las calles y los escasos espacios de estacionamiento. Te cobran 50 pesos por adelantado por quitar su “tina” de la vía pública y no se hacen responsables de los daños a tu auto, que te lo roben, o de que se lo lleve (con justa razón) la grúa. Hemos normalizado la informalidad.

En cambio, 25 millones de trabajadores que se desempeñan en la formalidad pagan los impuestos (o el endeudamiento en que incurren) los tres niveles de gobierno. Son causantes cautivos que sostienen el gasto público para 37.6 millones de hogares (128.9 millones de habitantes) según la ENIGH 2022. ¡Y es a ellos a los que se pretende subir impuestos para financiar todo tipo de gasto público, incluidos programas universales en pensiones, salud, y ahora hasta vivienda para quienes no contribuyen a la recaudación fiscal!

Definitivamente, los expositores del último foro del evento del pasado 25 de octubre sólo demuestran que carecen de una percepción real de nuestro país que vaya más allá de señalar que la desigualdad del ingreso es acentuada. Carecen de un mínimo apego a los principios básicos de las finanzas públicas. ¿Con qué cara se puede proponer gastar más cobrando más impuestos a causantes cautivos cuando admiten las fuertes presiones sobre las finanzas públicas? Su sesgo ideológico no les permite ver más allá de sus narices.

Alegan que el espacio fiscal es mínimo o nulo. No es cierto. El espacio fiscal es reducido porque el mercado laboral está segmentado, porque entre 55 y 60% de la fuerza de trabajo tiene ingresos por debajo del sector formal, porque no pagan impuestos, porque tenemos programas sociales onerosos y mal diseñados, porque el gobierno invierte en empresas y proyectos que no resisten el análisis costo-beneficio más elemental, porque se agotaron los fideicomisos, porque hay corrupción, porque el gobierno gasta mal, porque somos un país de ingresos medios o bajos.

Subir impuestos no será suficiente para financiar programas sociales universales poco efectivos y sin la adecuada transparencia y rendición de cuentas, ni la inversión pública mínima en infraestructura básica y productiva. Por ello, la única “salida fácil” es el endeudamiento público por 1.9 billones de pesos. Ya es tiempo de abordar una reforma hacendaria integral.