Política Social y Seguridad

Edomex es el reino del linchamiento y no hay políticas para combatirlo

21-08-2017 06:00

Duplicar las cámaras de vigilancia no es suficiente para evitar los linchamientos, deben crearse protocolos de coordinación entre autoridades y educar a los ciudadanos en la paz.

No hay estadísticas oficiales que muestren la incidencia de los linchamientos en el Estado de México. Agrandar
No hay estadísticas oficiales que muestren la incidencia de los linchamientos en el Estado de México.

30 años de hacer justicia por propia mano volvieron a los linchamientos parte del paisaje en el Estado de México.

Su cotidianidad resta impacto a los titulares de prensa que no escatiman en grotescas descripciones sobre la violencia con la que se ejercen.

“Pasajeros golpean y desnudan a asaltantes en Ecatepec,” “Pobladores linchan a un hombre y a una mujer en Teotihuacán; a él lo matan a golpes, a ella la cuelgan,” “Queman piernas a presunto ladrón en Edomex”.

El Estado de México es el reino del linchamiento a nivel nacional, le siguen muy de cerca Puebla y la Ciudad de México. En las últimas tres décadas la mitad de los linchamientos tuvieron como escenario alguna de estas entidades.

El estado más poblado de México registró 191 casos de linchamiento entre 1988 y junio de 2016, la mayor incidencia a nivel nacional de acuerdo con los datos recopilados por los investigadores Raúl Rodríguez Guillén y Norma Ilse Veloz Ávila del departamento de sociología de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

 

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Puebla registró 101 casos y la Ciudad de México 64 en el mismo periodo. En ambas entidades la incidencia permaneció constante, mientras que en el Estado de México se registró un incremento significativo durante la última década, asegura el artículo de los académicos “Violencia social: geografía de los linchamientos en México”, publicado en diciembre de 2016.

Sin embargo, tres décadas de linchamientos y el incremento de casos no bastaron para que las autoridades con la facultad de crear políticas públicas los enfrenten como un problema particular. 

Desde lo básico. No hay estadísticas oficiales. Los datos disponibles los recopiló la academia con base en reportes de prensa, una tarea ejecutada con ciertas limitaciones ya que generalmente los medios nacionales no publican los hechos cuando no se producen víctimas mortales, casos que únicamente son retomados por la prensa local.

“Resulta un despropósito suponer que es posible prevenir los linchamientos si ni siquiera se sabe con certeza la frecuencia de estos episodios de violencia colectiva,” señaló Elisa Godínez, especialista del tema, en un artículo publicado en noviembre de 2015 para la revista Perseo de la UNAM.

Para combatir el linchamiento debería ejecutarse un programa educativo con la comunidad para reflexionar sobre las causas del hecho y ofrecer talleres de paz.

 

Para que un acto de justicia por propia mano sea considerado un linchamiento debe tener las siguientes características: cometerse por un colectivo que supere en número a las víctimas, tener un carácter privado e ilegal, generarse en respuesta a un acto de la víctima y en ocasiones puede provocar la muerte, definen los académicos de la UAM.

A pesar de la tendencia creciente de linchamientos el Plan de Desarrollo 2011-2017 del Estado de México no contempló algún tipo de programa o acción especial para prevenirlos.

Las principales acciones del objetivo llamado “disuadir el delito” fueron aumentar la videovigilancia y ampliar la presencia de policías a lo largo del territorio. El gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila, incluso prometió que instalaría 10 mil cámaras en 44 municipios.

Y parece que el linchamiento tampoco estará en la agenda del gobernador electo, Alfredo del Mazo Maza, pues sus promesas para hacer del Estado de México “el más seguro del país” son muy similares a las de su antecesor: duplicar el número de cámaras de videovigilancia e integrarlas a las unidades de transporte público junto con botones de pánico.

Las acciones para combatir la inseguridad implementadas en el Estado de México están muy lejos de las recomendaciones hechas por expertos para combatir los linchamientos.

 

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Las autoridades deberían comenzar por hacer un recuento oficial de los casos que se mantenga en constante actualización, así como contar con un protocolo de respuesta inmediata que involucre a las diferentes fuerzas del orden, quienes actuan de forma descoordinada por cuestiones técnicas o políticas, asegura Elisa Godínez, estudiosa de los linchamientos.

“Se requiere identificar los nombres y cargos de quienes no cumplieron con la tarea de garantizar la seguridad de los habitantes y la integridad de las personas atacadas […]

 

Existe evidencia de que en las semanas previas a un acto de linchamiento se denuncian con insistencia delitos que las autoridades no atienden,

Elisa Godínez, antropóloga especialista en el tema.

 

El protocolo debería incluir un plan de acción cuyo fin sea reflexionar con la comunidad sobre las causas del hecho después de ocurrido, y ampliarse a un programa educativo con talleres de paz y disculpas públicas. “No hay que estigmatizar, sino educar,” dice la académica.

La justicia por propia mano y ejercer la violencia para tal fin están prohibidas por el artículo 17 de la Constitución, pues aplicar la justicia y garantizar la seguridad pública son facultades exclusivas del Estado. En los linchamientos se trastoca el orden social establecido a través de las leyes, se aplican castigos sin parámetros de proporcionalidad y se matan a inocentes.

Policías municipales protegen a supuestos ladrones mientras que un grupo de colonos de Ecatepec tratan de sustraerlos de una patrulla. Foto: Cuartoscuro. 

 

Uno de los casos más citados por la prensa ocurrió en octubre de 2015 cuando un grupo de personas de la comunidad de Ajalpan, Puebla, torturó y linchó hasta la muerta a dos jóvenes que acusó de secuestradores, luego los quemó en la plaza, las autoridades confirmaron después que se trataba de dos encuestadores.

A pesar de que hacer justicia por propia mano es un acto contrario a la ley y de que incluso existe el riesgo de matar a inocentes, en México poco más de un tercio de las personas están de acuerdo con su ejercicio, reveló un estudio realizado por el Proyecto de Opinión Pública de América Latina de la Universidad Vanderbilt en 2015.

Y la tendencia de aceptación es creciente en América Latina, principalmente entre los jóvenes.

En México las razones tienen que ver con el hartazgo ante la ineficaz protección de las autoridades, principalmente frente a delitos cotidianos como el robo, en ello coinciden quienes estudian el tema.

 

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La mitad de los linchamientos se vinculan directamente con el robo, en segundo lugar con incidentes viales con 16% y solo entre 6% y 7% con la violación, el abuso policiaco, asesinato y secuestro, de acuerdo con los investigadores de la UAM.

Ecatepec, Texcoco y Chalco son los tres municipios que registran el mayor índice de linchamiento en el Estado de México en los últimos seis años.

“No será con despliegues excesivos de fuerza que se resuelvan las condiciones que dieron lugar a un linchamiento. En tanto no se escuche a los habitantes de los lugares donde han sucedido los linchamientos será imposible impedirlos,” opina Elisa Godínez.

 

MÁS INFORMACIÓN: Violencia social: geografía de los linchamientos en México, Raúl Rodríguez Guillén, Norma Ilse Veloz Ávila, Redalyc, noviembre-diciembre 2016.

MÁS INFORMACIÓN: Justicia popular y percepción social, Mauricio Gómez, Proyecto Justicia, 4 de agosto de 2016.

MÁS INFORMACIÓN: Los linchamientos en México: más allá del escándalo, Elisa Godínez, revista Perseo, UNAM, noviembre 2015.

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