Ni mineras, ni gobierno responden por trabajadores extorsionados por crimen organizado

Ni los gobiernos, ni los empresarios en Canadá y México asumen la responsabilidad por las extorsiones y secuestros que sufren los trabajadores de las minas a cargo de grupos criminales, con quienes las corporaciones pactan para poder operar.
17 Febrero, 2017 Actualizado el 20 de Febrero, a las 10:58
Los trabajadores son los únicos perdedores en la relación que sostienen las mineras y los grupos criminales.
Los trabajadores son los únicos perdedores en la relación que sostienen las mineras y los grupos criminales.
Arena Pública

Cuando se trata de resolver los problemas de los mineros mexicanos parece que se juega a la papa caliente.

Ni los gobiernos, ni los empresarios en Canadá y México asumen la responsabilidad por las extorsiones y secuestros que sufren los trabajadores de las minas a cargo de grupos criminales, con quienes las corporaciones pactan para poder operar.

México es el país de América Latina que cuenta con la mayor cantidad de proyectos mineros canadienses ligados a daños a trabajadores por actos violentos, reportó el informe La marca de Canadá, violencia y mineras canadienses en América Latina, de la Universidad de York en Ontario, Canadá.

El 42% de los problemas legales u órdenes judiciales contabilizadas en el informe se localizan en el país, así como el registro de ocho muertos, dos desaparecidos, 14 lesionados y 35 arrestados.

Muestra de ello es la comunidad de Carrizalillo, Guerrero, que alberga a la mina Los Filos, dirigida por la compañía canadiense Goldcorp, que fue rodeada por una ola de extorsiones, secuestros y asesinatos durante 2015. En abril de ese año se reportó que cerca de la mitad de las familias que habitaban la comunidad abandonaron sus hogares. 

Camino a la mina "Los Filos", Guerrero

La relación entre la criminalidad y las compañías canadienses ha causado que organizaciones civiles, académicos e incluso diputados canadienses aboguen por que las compañias asuman una mayor parte de responsabilidad.

El juez Ian Binnie de la Suprema Corte de Canadá sugirió que los esfuerzos por disciplinar a las compañías deberían venir tanto de sus países de origen como de las naciones que las albergan.

En 2010 el partido liberal canadiense intentó que se aprobara el proyecto de ley C-330, el cual buscaba implementar sanciones a compañías canadienses que se vieran envueltas en actividades ilegales y obligar a las mineras a cumplir estándares más estrictos de protección a derechos humanos y ambientales. El entonces diputado Justin Trudeau votó a favor de esta ley.

 

Te puede interesar: Trump y depreciación del peso salvaron a mineras de un duro 2016, 25 de enero de 2017.

 

Pero los empresarios mineros se justifican argumentando que el entorno en el resto de los países no permite trabajar como lo harían en su natal Canadá, en octubre de 2016 el presidente y jefe ejecutivo de la Asociación Minera de Canadá, Pierre Gratton, comentó a periodistas:

Algunas compañías canadienses trabajan en jurisdicciones con niveles de violencia significativamente altos, mientras que el respeto por la ley está por debajo del que se vive en Canadá, por lo que representa un reto. 

Durante 2015 el presidente de McEwen Mining, Robert McEwen comentó a través de un canal de televisión canadiense que en lo general ellos tenían una buena relación con los grupos criminales de la zona, pues si necesitaban ir a explorar algún área primero consultaban con los grupos de manera que les informaran en que momento podrían hacerlo.

Robert McEwen, CEO de McEwen Mining Inc.

La respuesta de las autoridades canadienses y mexicanas ha brillado por su ausencia.

Académicos como Jaime Porras Ferreyra, doctor en ciencia política por la Universidad de Montreal, esperan que la visión de respeto por los derechos humanos que el Primer Ministro, Justin Trudeau, mostró cuando fue diputado tenga algún impacto en el trabajo de las mineras canadienses con proyectos en el extranjero, "de otro modo, la decepción sería colosal," comentó al New York Times.

La minería equivale a 20% de los bienes exportados por Canadá. 

Actualmente ni el Consejo de Responsabilidad Social Corporativa, ni el Punto de Contacto Nacional canadiense tienen el poder de sancionar a las compañías directamente, sólo pueden hacerles recomendaciones.

La seguridad para los trabajadores quedó de lado en el Plan de Desarrollo Minero 2013-2018 del Presidente Enrique Peña Nieto, que se enfoca en la modernización de la normatividad institucional del sector mediante la simplificación de trámites y la reducción de tiempos de atención a solicitudes de concesiones mineras.

En 2015 el valor de la producción minera mexicana -a precios corrientes- alcanzó un monto total de 417 mil millones de pesos y representó el 8.8% del PIB industrial.

 

MÁS INFORMACIÓN: La marca de Canadá, violencia y mineras canadienses en América Latina, de la Universidad de York en Ontario, Canadá, 2016.

MÁS INFORMACIÓN: Justin Trudeau y el lodo de las mineras canadienses en América Latina, Jaime Porras, NYT, 2016. 

 

Archivado en