Ley de Vivienda permite al gobierno fuerte injerencia que facilitará corrupción
El gobierno de la Ciudad de México quiere controlarlo todo.
La Ley de Vivienda aprobada el 6 de diciembre de 2016 permite al gobierno de la Ciudad de México tener una injerencia tal en el sector de la construcción que se presta para la corrupción, explica Josefina MacGregor, directora y fundadora de Suma Urbana.
La nueva normatividad otorga al jefe de gobierno la facultad de eliminar procedimientos administrativos o de eximir de impuestos a los constructores o compradores a su criterio.
“Los contratos, las operaciones y actos relacionados con los inmuebles a que se refiere la presente Ley, quedan sujetos a los subsidios y reducciones del pago de impuestos, derechos o contribuciones de conformidad con las normas que al efecto expida la o el Titular de la Jefatura de Gobierno,” establece el artículo 89.
Para tener acceso a los estímulos fiscales o las facilidades administrativas como la tramitación de licencias, permisos y concesiones la Ley ha dispuesto una sola condición: que los constructores se suscriban a los programas del Instituto de Vivienda de la Ciudad de México (INVI) o de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (SEDUVI).
“Esto se presta para acuerdos de actos de corrupción,” pues mientras que construir de forma común y corriente implicará a los empresarios del sector pagar cierto monto de impuestos, seguir una serie de procedimientos administrativos les otorgará la opción de entrar a cualquier programa de SEDUVI e INVI y ser excluidos de procedimientos administrativos, explica MacGregor.
“Es una intervención muy fuerte del gobierno en el mercado inmobiliario que le da facultades al Instituto de Vivienda que no debería de tener ya que recibe grandes cantidades de dinero. Es como hacer un Instituto todopoderoso,” denuncia la activista que lleva 16 años defendiendo los asuntos públicos de la ciudad.
¿Vivienda a cambio de votos?
La Ley de Vivienda es un caldo de cultivo para el clientelismo, pues abre la posibilidad de que el gobierno de la Ciudad de México subsidie vivienda con recursos públicos y criterios opacos.
El detalle está en las definiciones, la recién creada normatividad establece que la población vulnerable tendrá derecho a que el gobierno le rente o venda una casa subsidiada, pero la definición es tan amplia que casi cualquier persona podría calificar.
Vulnerables son para la Ley de Vivienda: los adultos mayores, con discapacidad, jóvenes, estudiantes, indígenas, mujeres, en especial jefas de familia, víctimas de violencia familiar y todas aquellas que en virtud de su edad, raza, sexo, condición económica, social o características físicas o circunstancias culturales y políticas u orientación sexual puedan encontrar obstáculos en el ejercicio de sus derechos.
“La probabilidad de que acabe en manos equivocadas es muy alta," asegura la directora de SUMA Urbana. Si todos los jóvenes de entre 18 y 29 años pueden entrar en esta categoría es muy fácil usarlos clientelarmente, si se les da una vivienda en renta subsidiada por 10 años con opción a venta ¿a cambio de qué? De que junten 300 credenciales de elector para votar, por ejemplo.
La normatividad eliminó también las especificaciones bajo las cuales se regía la construcción de vivienda de interés social o popular: acabados, tamaño mínimo y máximo; que no podían tener elevador, que debían tener un máximo de cinco pisos y que sólo podían estar en ciertas colonias donde el suelo no fuera caro y se permitiera vender a precios accesible, entre otras.
Tampoco especifica que la vivienda de interés social o popular debe otorgarse sin fines de lucro.
Ello abre la puerta para que el gobierno construya departamentos de 28 a 30 metros cuadrados, los venda sin acabados a precios regalados por ser vivienda de interés social y además subsidiados, luego años después, ya con acabados, la gente que rente esa vivienda acabará pagando por metro cuadrado como si fuera media o media alta, explica Josefina MacGregor.
A FONDO: Proyecto de decreto de la Ley de Vivienda de la Ciudad de México, 06 de diciembre de 2016.
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