Continúan atropellos a la propiedad privada en CDMX, ahora con Ley de Vivienda
Los funcionarios públicos de la Ciudad de México están dispuestos a sacar partida de la normatividad para regular la vivienda y la propiedad.
Primero con el proyecto de Constitución de la Ciudad de México y ahora con la recientemente aprobada Ley de Vivienda.
En el proyecto de Constitución se redactó un artículo que impacta a la propiedad privada de forma tan ambigua que no se entiende a que se refiere, pero organizaciones de la sociedad civil que se oponen a su aprobación lo han interpretado de la siguiente manera:
El gobierno podrá apropiarse del incremento de valor de los bienes inmuebles que se genere con mejoras en las calles como pavimentación, renovación del alumbrado público, construcción de centros comerciales, parques, universidades o transportes públicos cercanos, entre otras.
Tal como está escrito el artículo 21, inciso C, fracción 7 establece: “Los incrementos en el valor del suelo derivados del proceso de urbanización, se considerarán parte de la riqueza pública de la ciudad. La ley regulará su aprovechamiento para restaurar los ecosistemas y las zonas degradadas de la ciudad.”
Una de las salidas de protesta contra el artículo fue la plataforma Change.org donde la petición para eliminarlo reunió más de 57 mil firmas.
En respuesta a las críticas y protestas de la ciudadanía el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, solicitó a la asamblea constituyente eliminar el artículo 21 de la propuesta de Constitución que el mismo elaboró y reemplazarlo por el 122 de la Constitución federal.
La modificación solicitada no elimina la facultad del gobierno para cobrar un impuesto por la plusvalía de los bienes inmuebles, dice el creador de la petición en Change.org, Luis Ruiz, quien argumenta que el artículo federal otorga al gobierno la potestad de “establecer las contribuciones sobre propiedad inmobiliaria, su fraccionamiento, división, consolidación, traslación y mejora, así como las que tengan por base el cambio de valor de los inmuebles.”
La decisión de realizar el cambio solicitado por Mancera o cualquier otro en el artículo 21 están en manos de la Comisión de Dictamen de la Asamblea Constituyente y se discutirá a más tardar el 10 de diciembre de 2016.
Con independencia de los cambios que se puedan realizar al artículo 21, la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México aprobó el 6 de diciembre otra normatividad que amenaza la propiedad privada, la Ley de Vivienda para la Ciudad de México.
El artículo 94 de la mencionada Ley establece que “el gobierno de la Ciudad de México, deberá generar e implementar mecanismos para la captación de plusvalías generadas por las acciones urbanísticas.”
En muchos estados ya hay un impuesto cuando hay obras públicas nuevas que van a aumentar la plusvalía, eso tiene cierta lógica, pero el artículo 94 de esta Ley podría ser inconstitucional por el hecho de que la autoridad decidiría por sí misma cuándo aumenta el valor de una propiedad, explicó Jorge Carlos Ramírez Marín, diputado por el Partido Revolucionario Institucional a El Economista.
La captación de plusvalía no puede considerarse un impuesto porque no está dentro del marco legal de carácter fiscal, si lo fuera se trataría de una doble tributación porque la ciudadanía ya paga el impuesto predial que también sube en función de mejoras de carácter urbanístico, agregó.
A FONDO: Proyecto de Constitución para la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, 15 de septiembre de 2016.
A FONDO: Proyecto de decreto de la Ley de Vivienda de la Ciudad de México, 06 de diciembre de 2016.
