Tener un abogado de oficio es lo mismo que no tener nada
Con abogados de oficio ¿quién necesita enemigos?
La mayoría de los defensores de oficio -costeados por el erario público- ni ejercen una defensa activa en favor de las personas que están por iniciar un juicio penal, ni encuentran incentivos para litigar en favor de los imputados.
Ésta fue una de las conclusiones de ¿Cómo se juzga en el Estado de México?, un estudio realizado para conocer las fortalezas y debilidades en la implementación del nuevo sistema de justicia penal acusatorio en la entidad federativa más poblada del país. Para realizar el estudio se revisaron 1,145 expedientes concluidos entre 2010 y 2014.
Es tal la ineficacia de los defensores públicos, que tenerlos es como no tener nada. Ésta suerte la corrieron poco más de la mitad de los imputados en dicho estudio, quienes fueron defendidos únicamente por un abogado de oficio.
“La defensa (de oficio) no dedica tiempo suficiente a los recursos para intentar convencer al juez de la inocencia de sus clientes […] Observamos que pocos abogados presentaron pruebas a favor de sus clientes (24%) y una proporción aún menor (14%) promovió recursos para cuestionar decisiones judiciales que les fueron adversas. También notamos que los escasos recursos promovidos suelen ser ineficaces,” revela el estudio.
Al no cumplir con su rol de manera eficaz, un defensor público abre las puertas para que el Estado cometa abusos de poder y propicia la condena de inocentes, pues no funge como contrapeso para las autoridades, explica el estudio editado por México Evalúa, el Centro de Investigación y Docencia Económicas, el Programa Transnacional sobre Justicia Penal de la Universidad de California y la Universidad Nacional de Tres de Febrero.
El engaño
A la mayoría de las personas procesadas judicialmente se les asigna un abogado de oficio, este dato pudieran presumirlo las autoridades. El detalle es que éste abogado de oficio ni ejerce una defensa activa, ni se le otorga al imputado de manera oportuna.
“Nos inquieta que el derecho a la defensa se circunscriba a una designación formal de abogado sin que exista realmente un desempeño profesional acorde con el rol que se le encomienda,” explica el estudio.
Al 87% de las personas que enfrentaron un proceso penal se les asignó un abogado de oficio en los primeros momentos de la audiencia inicial, es decir, no tuvieron a su defensor ni durante los interrogatorios de la policía ministerial, ni antes de la audiencia, un momento crucial para el resultado del proceso, advierte el estudio.
“Con personas mal preparadas, mal pagadas, con escasos medios de actuación, con enormes cargas de trabajo y, en no pocas ocasiones, con el mínimo conocimiento de aquello que deben defender. La suma de estos elementos negativos ha provocado que las personas procesadas cuenten con una defensa, sí, pero que esta sea tan ineficaz que los deje en estado de indefensión,” escribió el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, José Ramón Cossío Díaz, en su columna “En Concreto” para El País el 3 de mayo de 2016. La cita fue incluida en el estudio.
A siete años de la implementación del nuevo sistema de justicia penal en el Estado de México, la calidad de la defensoría y la "vieja prácticas de incomunicación en la etapa policial/ministerial" continuán siendo un reto a superar.
A FONDO: ¿Cómo se juzga en el Estado de México? Una radiografía de la operación del sistema de justicia penal acusatorio. CIDE, 2016.
MÁS INFORMACIÓN: Privatización de cárceles viola derechos humanos, convierte a presos en medio para obtener ganancias. Arena Pública, 19 de septiembre de 2016.
MÁS INFORMACIÓN: Crece 4.6% población en cárceles del país durante 2014. Arena Pública, 14 de diciembre de 2015.
MÁS INFORMACIÓN: México entre los 10 países con el peor sistema penitenciario. Arena Pública, 14 de julio de 2015.
