Cambios a ley de transparencia diluyen logros alcanzados: expertos
La Consejería Jurídica, encabezada por Humberto Castillejo, envió al Senado 88 modificaciones a la Ley de Transparencia original que diluyen el espíritu de la reforma al sexto constitucional.
Un año transcurrió para que, en un esfuerzo inédito, organizaciones de la sociedad civil y legisladores cocinaran una propuesta de Ley General de Transparencia que recogiera las mejores prácticas internacionales de acceso a la información pública y las adaptará a la realidad mexicana.
Hoy, vencido el plazo para aprobar dicha ley, la contrapropuesta de la propia Presidencia de la República podría derrumbar los cimientos de aquel trabajo y diluir los logros del país en la materia, coinciden expertos.
Entre otras modificaciones, la Consejería Jurídica envío al Senado un documento que propone que la Ley General de Transparencia establezca sanciones —bajo ciertos supuestos— a los institutos de transparencia que exijan a las entidades obligadas la apertura de información pública.
También, que los ciudadanos no puedan levantar una denuncia contra los sujetos obligados por incumplimiento a las obligaciones de transparencia, y que se incluya a los sujetos obligados a informar en el consejo rector de transparencia a fin de que participen de sus decisiones.
“Pareciera que el presidente baja la vara, impone un retroceso rapaz para tener que negociar a la baja los grandes temas de la Ley. Con esta estrategia, el debate público se deteriora ampliamente y tanto el IFAI como las organizaciones sociales apenas tienen oportunidad de defender los fundamentos, pero todo el entramado complejo y avanzado que se había construido por el equipo se ha perdido,” señaló la especialista en derecho a la información del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Issa Luna Pla.
Preocupados por los cambios que desde la presidencia de la República se propusieron para modificar la propuesta original de Ley entregada al Senado el pasado 2 de diciembre, los integrantes del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos (IFAI) enviaron a los legisladores una carta donde detallan diez puntos de la Ley que consideran irreductibles.
No restar a la Ley la obligación de publicar el nombre de las personas a quienes el SAT condone un crédito fiscal; hacer prevalecer la Ley de Transparencia por encima de otras que también contengan causales de reservas de información e incluir en la Ley como un deber para los sujetos obligados realizar la prueba de daño cuando nieguen información a un ciudadano, son algunas de las peticiones del IFAI.
No acatar la solicitud del IFAI tendría un costo muy alto para el país, pues instituciones internacionales —como la ONU que hizo observaciones a la Ley de Transparencia— y la ciudadanía se darían cuenta de que se están generando leyes y creando instituciones que no promueven la democracia y la justicia en México, señaló la coordinadora del programa de Gasto y Rendición de Cuentas de México Evalúa, Mariana Campos.
La especialista comentó que si el Senado no atiende las observaciones del IFAI y en cambio absorbe las modificaciones presidenciales y las incluye en la propuesta de Ley General de Transparencia se diluirá el espíritu de la reforma al sexto constitucional, ya que varias de estos cambios pretenden generar mecanismos de reserva que no son apropiados y que no promueven la máxima publicidad.
La principal diferencia entre la Ley General de Transparencia creada en 2003, durante el sexenio de Vicente Fox Quesada, y la Ley propuesta por organizaciones civiles, es que esta última amplía la obligación de informar a una mayor cantidad de sujetos, ya no sólo a los organismos que integran el gobierno federal, sino a cualquiera que reciba dinero público como el Poder Judicial, los Congresos, los fideicomisos, los sindicatos, los partidos políticos, entre otros, organismos que antes no tenían la obligación de transparentar su información.
La Ley reglamentaria del artículo sexto constitucional —reformado a principios del 2014— establece como principio rector a la máxima publicidad, esto es, parte de la base de que toda la información en principio debe ser pública bajo todos los formatos posibles, salvo contadas excepciones.
A un paso de lograrlo todo cambio
El 7 de febrero del 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la última y más importante reforma al artículo sexto constitucional que, entre otras cuestiones de enorme relevancia, amplía considerablemente el catálogo de sujetos obligados a toda autoridad que reciba y ejerza recursos públicos.
También, otorga autonomía constitucional al IFAI, aumenta de cinco a siete el número de comisionados y les permite conocer de asuntos relacionados con el derecho al acceso a la información en posesión de cualquier otra autoridad.
La reforma aprobada a principios del 2014 estableció que el Congreso debía expedir una ley general reglamentaria al artículo 6° constitucional en no más de un año, es decir, antes del 7 de febrero del 2015.
De ahí que en conjunto, senadores del PRI, PAN, PRD y PVEM como Arely Gómez, Laura Rojas, Alejandro Encinas y Pablo Escudero, entre otros—en un hecho inédito para los procesos legislativos del país—convocaron a una serie de organizaciones ciudadanas especializadas en la materia para formar parte del grupo redactor de la iniciativa.
Más de 200 horas de trabajo se contabilizaron para la elaboración de dicha iniciativa en la que participaron la Red por la Rendición de Cuentas, México Infórmate y el Colectivo por la Transparencia, entre otras organizaciones.
El fruto de este trabajo conjunto entre legisladores y la sociedad civil se presentó el pasado 2 de diciembre como una iniciativa con proyecto de decreto para expedir la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública ante el Senado.
La iniciativa legitimada por las sociedad civil fue turnada a las Comisiones Unidas de Anticorrupción y Participación Ciudadana presidida por el senador del PVEM, Pablo Escudero, y a la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, presidida por el senador del PRD, Alejandro Encinas.
El plazo constitucional para que ambas cámaras aprobaran dicha Ley era el 7 de febrero pasado.
De acuerdo con el coordinador de la Red por la Rendición de Cuentas, Mauricio Merino, esta iniciativa es un “magnífico producto” que de ninguna manera pone en jaque los logros hasta hoy alcanzados por el país en materia de acceso a la información.
Sin embargo, hace unas semanas se corrieron rumores de que una nueva propuesta había sido entregada a dichas Comisiones del Senado, sin que se supieran más detalles. Dicha propuesta sería uno de los motivos principales por los que el Senado no aprobó en tiempo y forma la Ley General de Transparencia.
Fue el pasado 10 de febrero cuando, en conferencia de prensa, la senadora por el PRI, Arely Gómez González, corroboró que la Consejería Jurídica de la presidencia envío a las comisiones unidas del Senado un documento que recoge el sentir de la Administración Pública Federal —sujetos obligados a informar— y plantea 88 cambios a la propuesta original presentada el 2 de diciembre, sobre la que hoy se está deliberando.
“El proyecto presentado por las Comisiones Unidas (el 2 de diciembre) tiene todos los méritos necesarios para ser aprobada, sin embargo, en diciembre del año pasado la oficina del presidente mostró preocupación por diversos puntos de la Ley y a través del Consejero Jurídico se impusieron obstáculos al proyecto legitimado,” sostuvo la especialista en derecho a la información de la UNAM, Issa Luna Pla.
La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública se discute en un momento crucial para el país, ya que la administración de Enrique Peña Nieto, a sus primeros dos años del sexenio, sufre una fuerte crisis de credibilidad.
En días pasados fue el mismo secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray Caso, quien admitió a la prensa internacional que la incredulidad es uno de los principales problemas con que debe lidiar este gobierno.
Una lenta reacción ante la desaparición de 43 estudiantes en el estado de Guerrero y la revelación de lujosas casas propiedad de la primera dama y el secretario de Hacienda adquiridas a contratistas beneficiados durante la administración peñista infundieron en el ánimo de los ciudadanos la incredulidad.
El coordinador de la Red por la Rendición de Cuentas, Mauricio Merino —uno de los personajes de la sociedad civil más comprometidos con la lucha por el derecho al acceso a la información pública de los ciudadanos— expresó su preocupación por la situación.
“Son las organizaciones de la sociedad civil, los medios de comunicación, los académicos, los que están fuera del entorno formal del gobierno quienes están haciendo todo lo que está a su alcance, todo sin exagerar, por rescatar la confianza pública en el gobierno mexicano, porque el presidente salga de crisis de ética en que esta sumergido el país.”
Así, los principales beneficiarios de una Ley de Transparencia de vanguardia, la administración pública, son a su vez los principales opositores. “El mundo al revés,” concluyó el académico.
Afortunadamente estamos a la mitad del proceso legislativo, muy a tiempo de que las tentaciones de frenar el acceso a la información pública quede fuera del texto legal, confió el director de Transparencia Mexicana, Eduardo Bohórquez.
SEGUNDA PARTE DEL REPORTAJE: Ambigüedad en Ley de Transparencia es arma contra vigilancia ciudadana. Reportaje de Arena Pública del 24 de febrero del 2015.
A FONDO: Consulta la Propuesta de Ley General de Transparencia elaborada por el IFAI.
A FONDO: Consulta la Ley General de Transparencia presentada el 2 de diciembre del 2014 con el respaldo de la sociedad civil organizada.
A FONDO: Consulta el Cuadro comparativo: Iniciativa, propuestas del Consejero Jurídico de EPN y observaciones del Grupo Parlamentario del PAN.
A FONDO: A FONDO: Consulta los 10 puntos irreductibles que el IFAI envió al Senado.
MÁS INFORMACIÓN: Publicar lista de beneficiarios por condonación de impuestos: reclama IFAI. Nota de Arena Pública del 16 de febrero del 2015.
