Comienza el ajedrez del Sistema Nacional Anticorrupción

Si 2014 fue el escenario más importante en los últimos años para el debate de reformas en el ámbito económico en México, este 2015 lo será en el ámbito de la legalidad y el cumplimiento del Estado de derecho.

La desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa por obra del crimen organizado en Guerrero en colusión con el gobierno municipal, las ejecuciones extrajudiciales por militares en Tlaltaya, Estado de México, y el escándalo de la Casa Blanca presidencial, han sido las últimas ediciones del vasto libro de la opacidad y la corrupción en México.

Sin embargo, estos hechos no han pasado desapercibidos por la sociedad mexicana.

En la más clara muestra de ello, entre 30 mil y 100 mil personas se congregaron el pasado 20 de noviembre en el Zócalo capitalino y en varias plazas del país ante la acumulación de los agravios por parte del poder público y la ausencia de un verdadero cumplimiento de la ley en México; donde sólo el 2% de los delitos se castigan.

Entre los varios reclamos, el principal fue la aparición con vida de los 43 normalistas; no obstante, en medio de los gritos y mantas había un objetivo compartido por varios de los presentes: la destitución del actual gobierno.

Como respuesta ante el polvorín que el caso Ayotzinapa representa, el presidente Enrique Peña Nieto anunció el 27 de noviembre un decálogo con medidas para atajar la inseguridad y la corrupción.

En su discurso, entre las acciones figuraron las propuestas de leyes para la desaparición de los poderes en municipios en el caso de infiltración del crimen y de 1,500 policías municipales, así como la creación de 32 mandos policiacos únicos en los estados.

Como parte de este histórico discurso también dio el respaldo al proyecto de ley que en ese momento impulsaba el Partido Acción Nacional (PAN) en la Cámara de Diputados: un Sistema Anticorrupción lo suficientemente fuerte como para empezar a realizar cambios profundos en el combate al envilecimiento de la vida nacional.

Antes de enumerar sus bondades, el titular del ejecutivo dijo: “expreso el decidido respaldo del Ejecutivo Federal al Sistema Nacional Anticorrupción, que actualmente están debatiendo las diversas fuerzas políticas, (…) la ciudadanía contará con mecanismos ágiles para denunciar los hechos de corrupción y lograr que sean sancionados”, dijo.

Con sus palabras, el presidente hizo corresponsable al Poder Legislativo de apagar los fuegos del descontento social.

Las piezas a mover

Al momento, en la construcción de este mecanismo dos proyectos han chocado en el seno del poder político mexicano.

Abanderado por el PAN y alimentado por 79 académicos y activistas así como por 31 organizaciones, el primero pretende crear una fiscalía especializada en combate a la corrupción y dotar a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la Secretaría de la Función Pública (SFP) de mayores facultades y autonomía para auditar el dinero público.

El segundo resulta en una versión que asigna a los actores políticos la responsabilidad del combate a la corrupción. Respaldado por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), éste no fortalece a la ASF pero sugiere un Consejo de Integridad, presidido por el Presidente de la República y los gobernadores.

Esta segunda opción ha suscitado profundas críticas, considerándola como incompleta cuando menos por actores de la sociedad civil.

Por ejemplo, en un comunicado a medios el pasado 15 de diciembre, el principal órgano empresarial mexicano, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), aseguró que este Consejo de Integridad resultaba “inaceptable”, ya que los sujetos a regulación y vigilancia no pueden ni deben ser los que vigilen, establezcan controles y sancionen.

De esta forma rechazó “cualquier reforma superficial o simbólica que se quede corta ante las dimensiones y complejidad de la problemática, como ha ocurrido en otras coyunturas de la historia nacional reciente”.

Posturas como esta terminaron por hacer que los legisladores decidieran que el debate para la conformación del Sistema Nacional Anticorrupción se aplazara hasta el próximo periodo ordinario de sesiones, a iniciar en febrero próximo.

El camino por recorrer

De acuerdo con organismos internacionales como Transparencia Internacional, Trace International o la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), de manera consistente México ocupa los primeros lugares de corrupción de América Latina, tanto desde el gobierno como por obra de particulares.

Según el primero, aproximadamente cada año la corrupción cuesta 400 mil millones de pesos mediante la derrama generada por la existencia de 200 millones de actos de corrupción.

Esta sangría de recursos no sólo se queda en el país. En su estudio titulado “Exportando la Corrupción”, Transparencia Internacional asegura que el gobierno mexicano está fallando a la hora de establecer un marco legal riguroso para que las empresas nacionales no evadan el pago de impuestos, corrompan a agentes comerciales u obtengan ilegalmente permisos y licencias en el comercio internacional. 

El director para América Latina para la consultoría en temas empresariales internacional, FTI Consulting, comenta que este hecho es bien sabido por las empresas: México es un país donde para hacer negocios las empresas están tentadas a coludirse en actos de corrupción con autoridades.

Según este experto en seguridad empresarial, en el caso mexicano están presentes las características clásicas de un mercado emergente: un grado de corrupción ya conocido, una justicia lenta e ineficaz cuando se trata de crímenes de guante blanco y una falta de aplicación de la ley.

—¿Qué se puede hacer entonces? —se le pregunta—.

—Hacer cumplir la ley —contesta de cuajo—.

Legislar para dejar de simular

“Las leyes que tenemos actualmente no son suficientes para esto. Son leyes que han estado replicando y perpetuando al sistema. Necesitamos nuevas leyes, nuevas instituciones”, comenta el excomisionado del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), José Octavio López Presa.

Sobre la necesidad de un Sistema Nacional Anticorrupción robusto asegura que en México no existe una verdadera autonomía en la impartición de justicia y de fiscalización del poder que logre desincentivar los actos de corrupción, prevenirlos, identificarlos y castigarlos.

“El Sistema Nacional Anticorrupción no sólo es crucial para 2015, sino para la vida sana del país. El estado de derecho no se cumple por la corrupción. Hay una liga perversa entre falta de estado de derecho, la simulación, la impunidad y corrupción. Por algún lado se tiene que romper y la forma de hacerlo es poner un piso institucional para dar la mayor garantía posible de desalentarlo”, comenta.

Para la presidenta de la organización no gubernamental Causa en Común, María Elena Morera, el régimen actual de impartición de justicia no cumple con su principal principio, aquel que dice que todo individuo es igual ante la ley.

Mientras que políticos, servidores públicos y ciudadanos no sean juzgados como iguales en las cortes —comparte—, la decisión entre delinquir y la honestidad será fácil.

“Estamos peor que hace muchos años, todo ha sido una simulación. Por eso es importante hacer un Sistema Nacional Anticorrupción, que tenga contrapesos y que por un lado prevenga y castigue, porque las cosas no cambian, ni las personas ni las instituciones, cuando no son vigiladas”, comenta quien fuera hace 10 años una de las principales organizadoras de la llamada Marcha Blanca del 28 de junio de 2004.

El presidente de la Red por la Rendición de Cuentas, Mauricio Merino, ataja que la construcción de un verdadero Sistema Nacional Anticorrupción sería la primera parte del proceso político para reconstruir la confianza perdida.

Añade para 2015 este tema resultará crucial al ser un año electoral. Mientras que puestos de elección popular a nivel federal, estatal y municipal estarán en juego, también habrá grandes cantidades presupuestarias involucradas.

El académico del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) asegura que dentro de la institucionalidad mexicana está el poder de comenzar a desterrar a la corrupción de la dinámica nacional.

Casos como la apertura democrática del 1997 con la pérdida de la mayoría legislativa del partido en el poder y del 2000 con la transición presidencial son ejemplo de ello.

“No veo alguna razón para que no podamos enderezarnos igual y detener a la corrupción. Se vive una situación en la que el crimen organizado y las instituciones públicas empiezan a entrelazarse  y si no somos capaces de marcar una diferencia de una cosa con la otra realmente estamos en peligro como individuos y como sociedad”, sentencia.

2015 habrá de ver qué Sistema Nacional Anticorrupción se merece México, según el poder político.

MÁS INFORMACIÓN: Agenda 2015: AICM, los efectos secundarios de un proyecto desarticulado. Nota de Arena Pública del 22 de diciembre de 2014.