Gobierno Federal presenta Reforma a la Ley de Obras
El gobierno federal presentó la iniciativa de reforma a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para ser legislada y aprobada en la Cámara de Diputados.
Ésta iniciativa considera una serie de cambios para acelerar los procesos de licitación y adjudicación de las obras así como para asegurar los principios de transparencia, eficacia y honradez, comentó el presidente Enrique Peña Nieto.
En evento celebrado en Los Pinos, el secretario de comunicaciones y transportes, Gerardo Ruiz Esparza, recordó que en el Programa Nacional de Infraestructura (PNI) 2014-2018 se han planteado inversiones en infraestructura por 7.7 billones de pesos para la construcción de obras.
Con la gran cantidad de proyectos por delante y el dinero erogado —dijo— es que una actualización del marco normativo es necesaria.
Ruiz Esparza mencionó diversas disposiciones en la propuesta:
· Se incorpora el concepto de “magnitud o alcance relevante” que establece criterios de gestión y evaluación especiales para el desarrollo de megaobras debido a la importancia y dinero involucrados.
· Se incorpora la figura de “gerencia de proyectos” que posibilitará contratar servicios integrales de planeación, organización y control en todas las etapas de las obras.
· En los procesos de contratación se privilegiará a empresas mexicanas cuando se encuentren en igualdad de condiciones sin afectar la plena competencia.
· Se establece un reglamento para las adjudicaciones directas, el cual no existe.
· Mandata a la Secretaría de la Función Pública (SFP) el establecimiento de lineamientos para la construcción de estudios de mercado para las obras.
· Se promueve el uso de Compranet como la principal plataforma de contratación para así obtener más licitantes, más competencia y mejores condiciones de contratación para las entidades de gobierno contratantes.
· Se reducen a un máximo de dos las juntas de aclaración durante los procesos de licitación con el fin de darle celeridad al proceso.
· Se establecen sanciones para empresas que incumplan con sus obligaciones.
· En caso de recesión de contrato, se establece la obligación de la autoridad para fundamentarla junto con el finiquito correspondiente.
· Las dependencias de gobierno que contraten servicios de construcción deberán alertar sobre faltas a las leyes de seguridad social en las empresas contratadas.
· Se obliga al uso de una bitácora electrónica para ser medio de comunicación entre las partes y que servirá como un registro de todo el proceso.
· También se incluye el uso de la firma electrónica como medio para agilizar los procesos.
· Mayor publicidad en medios electrónicos de los procesos de contratación para eliminar la discrecionalidad, dilaciones y reducir gastos de traslado.
Presente en el evento, el presidente de la Cámara Mexicana de la Construcción (CMIC), Luis Zárate, dijo que este es el primer paso para lograr una homologación en los procesos de licitación y adjudicación a nivel estatal respecto al federal, aportando mayor certidumbre, modernidad y competitividad al sector.
Enrique Peña Nieto comentó que esta iniciativa de reforma es para la dinamización de la economía nacional, el incremento en la competitividad y el desarrollo regional, mientras que para el presidente de la Comisión de Infraestructura de la Cámara de Diputados, Alfredo Curi Naime, tiene el carácter de impostergable.
De acuerdo al estudio Doing Business 2015 del Banco Mundial —el cual considera las condiciones normativas alrededor del globo para hacer negocios de forma sencilla y rápida— México está en el lugar 108 de entre 189 naciones en cuanto a facilidad en la obtención de permisos de construcción. En la edición 2014 del estudio, el país ocupaba el lugar 97.
De 100 puntos posibles evaluados por el Banco Mundial, México obtiene en esta materia una calificación de 68.4 puntos, al necesitar 11 trámites para obtener el permiso de construcción, con un costo del 10.3% de la edificación y un tiempo de espera de 87.6 días en promedio.
MÁS INFORMACIÓN: Valor de la construcción privada es 17% mayor que pública. Nota de Arena Pública del 3 de noviembre del 2014.