Sindicato petrolero amenazado por juicio millonario. Sentencia en EU revela negocios turbios en Pemex

Mientras disfruta que la reforma energética ni siquiera lo roza, el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), encabezado por el senador Carlos Romero Deschamps, enfrenta un fallo legal en tribunales estadounidenses que puede representar un riesgo para sus finanzas.

Esa amenaza se deriva de la sentencia dictada por la jueza Sylvia A. Matthews, titular de la 281ª. Corte Distrital del condado de Harris –en Houston-, en contra del gremio y que le obliga a pagar entre 426 millones y un mil 400 millones de dólares por incumplimiento de contrato.

En su resolución de nueve páginas de extensión parte del expediente 1985-35446-AC, que fue consultada por arenapublica.com, la magistrada resolvió el 15 de julio que la empresa Arriba Limited, de Bahamas y la acusadora del caso, puede hacer cumplir la sentencia en cualquier parte del mundo y con todos los medios legales.

De esa cuenta, Arriba puede confiscar propiedades y pertenencias del STPRM y de Romero Deschamps que se encuentren fuera de México, pues Matthews resolvió en varias ocasiones que el litigio no podía desarrollarse basado en leyes mexicanas, como la organización sindical pretendía.

Esa autorización procede, de verificarse que los bienes y activos en cuestión fueron adquiridos con dinero del STPRM. El pliego no contiene un listado de propiedades del dirigente y sus allegados.

Con su resolución, Matthews respaldó el veredicto alcanzado por un gran jurado que sesionó entre febrero y marzo de este año y que sopesó cientos de folios y testimonios de los implicados.

Caso con historia

El dictamen es el desenlace de un litigio atrabancado que se remonta a 1984 y que ha pasado por tribunales estadounidenses y mexicanos.

La pugna jurídica involucra al sindicato, a Arriba y al abogado texano Carlos Alberto Ryerson, quien fue representante legal del gremio petrolero entre 1990 y 2004.

La historia parte de la extraña decisión del empresario estadunidense Bill Flanigan, ya fallecido, y de la extinta Comisión de Contratos del Comité Ejecutivo del sindicato de instituir Arriba en el paraíso fiscal de las Bahamas para comprar y vender residuos petroleros. El líder del STPRM era Sebastián Guzmán Cabrera, bajo la vigilancia de Joaquín Hernández Galicia “La Quina”.

El 1 de octubre de 1984 ambas partes firmaron un contrato para la compra-venta de seis millones de barriles de residuos de petróleo provenientes de la refinería de Minatitlán, a entregar entre esa fecha y el 31 de diciembre de 1985 y a un precio de 20 dólares por barril.

Flanigan ya tenía un acuerdo para revender ese material a la compañía Sabre Refining, de Corpus Christi.

El trato parece extraño, por decir lo menos, pues Arriba carecía de oficinas, empleados, negocios o activos. Una empresa de fachada en un paraíso fiscal.

Era la época en que la Comisión de Contratos podía efectuar negocios a nombre del sindicato, una facultad que Carlos Salinas de Gortari eliminaría en enero de 1990.

Por razones no del todo claras, el sindicato incumplió con el acuerdo. Por eso, el 14 de junio de 1985 su socio interpuso una querella en la corte del condado de Harris por incumplimiento de contrato y el 23 de abril del año siguiente el tribunal sentenció al STPRM a pagar 92 millones de dólares.

Increíblemente, las partes volvieron a concertar una alianza aunque con propósitos más amplios, pues podrían también obtener, mover, transportar, refinar, mercadear y vender sustancias petroleras, hacer contratos de excavación de pozos petroleros, construcción y transportación.

En virtud de ello Arriba fundó la empresa Astor Limited mientras que el sindicato otra, llamada Comater.

El vínculo duraría 10 años, de 1987 hasta noviembre de 1997, con la posibilidad de renovarse por otro decenio.

Como en el primer capítulo de la historia, Comater nunca cumplió lo pactado, por lo cual Arriba regresó a la primera demanda.

El 22 de febrero de 1989 esa empresa retornó a la corte por el incumplimiento de la alianza de 1987.

El 4 de abril de 1989 el tribunal la favoreció de nuevo, pero esta vez con cifras más duras: 750 mil dólares por daños especiales e incidentales, 30 millones en costos de abogados y 150 millones por daños punitivos.

De esa manera, el adeudo entre abril de 1989 y diciembre de 2002 superó los mil millones de dólares, con todo e intereses. Esa cantidad pasó a convertirse en motivo de polémica en la segunda fase del litigio.

Aparece el Pemexgate

Es en ese punto en el cual la pugna legal se mezcla con el Pemexgate, el financiamiento ilícito del Partido Revolucionario Institucional de la campaña de su candidato presidencial Francisco Labastida Ochoa fondeado con dinero de Pemex.

El 5 de junio de 2000 el sindicato y la paraestatal signaron el Convenio Administrativo Sindical 9399 por 640 millones de pesos, justificado con la necesidad de enfrentar los costos del affaire Arriba.

En esa negociación participaron Rogelio Montemayor Seguy, entonces director de Pemex; Carlos Fermin Juaristi Septién, director corporativo de Administración: Juan José Domene Berlanga, director corporativo de Finanzas, Julio Pindter González, subdirector corporativo de Relaciones Laborales; Manuel Gómezperalta Damirón, director corporativo de Administración; Romero Deschamps, secretario general del STPRM, y Ricardo Aldana, tesorero del sindicato y actual senador.

En 2001 el gobierno del entonces presidente Vicente Fox presentó una denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR) en contra de Pemex por el desvío de fondos a la campaña de Labastida.

Montemayor, Romero Deschamps y Aldana fueron sindicados de lavado de dinero, delincuencia organizada y peculado electoral, pero en julio de 2003 fueron exonerados de los dos primeros cargos y el tercero prescribió en agosto de 2011, por lo que el caso fue cerrado.

En marzo de 2003 el entonces Instituto Federal Electoral castigó al PRI con mil millones de pesos que terminó de pagar en 2006.

Hacia 2000 la gente de Arriba averiguó de 43 millones de dólares que el sindicato poseía en la cuenta 6MN-215309 de la firma Afin Securities International Ltd, Pershing, una división de Donaldson, Lufkin & Jenrette Securities Corporation en Nueva York.

Los empresarios activaron la causa M-02-906 ante la Corte del Distrito Este de Nueva York y lograron el embargo de ese dinero.

Posteriormente, la PGR intervino en el caso y obtuvo una orden de restricción sobre esos fondos con el argumento de que le pertenecían por el Pemexgate.

Los documentos judiciales consultados indican que la PGR dejó una carta de crédito certificada por Banorte en el juzgado estadounidense como garantía en el caso de ganar Arriba el litigio.

De esa cuenta, el 17 de abril de 2006 la corte neoyorquina avaló la repatriación de los fondos, aunque se ignora si el sindicato o la PGR dispusieron de ellos.

Ryerson no respondió a la consulta de arenapublica.com

Golpe, pero no letal

El desenlace contrario podría comprometer las finanzas del sindicato, aunque no se descarta que eche mano de las cuotas sindicales o del salvataje de Pemex, como ocurrió con el Pemexgate.

Para Alejandro Corona, miembro de la Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros –agrupación contestaría a la organización de Romero Deschamps-, puede enfrentar una eventual erogación.

“Es una amenaza, porque tienen que pagar” mucho dinero, según Corona, quien hace cuentas.

Considerando un mínimo de 100 mil trabajadores sindicalizados, con un aporte mensual de 500 pesos, la suma da 600 mil millones, más las transferencias de Pemex.

“Con 6 meses o menos de cuotas pagarían” el fallo en contra.

Durante el sexenio de Felipe Calderón, el STPRM recibió más de un mil 470 millones de pesos en financiamiento.

Un caso revelador fue el Acuerdo CA-083/2011 del 26 de julio de 2011, con el cual el Consejo de Administración de la paraestatal le autorizó un préstamo de 500 millones de pesos, eximido de intereses, para la dotación de vivienda, a cobrar entre enero de 2016 y noviembre de 2020.

Además, Pemex le entregó otros 105 millones para “gastos” dentro de la revisión contractual 2013-2015 que ambas partes ya rubricaron.

Cerco legal en México

Arriba ha ganado prácticamente todos los litigios del caso en tribunales estadunidenses pero no ha sido tan exitosa en cortes mexicanas. Quizás por eso al STPRM quería que la ley nacional imperara en la disputa.

Cualquier fallo sería virtualmente inaplicable en México, a la luz de las sentencias provenientes de juzgados nacionales, una muestra del poder e influencia del gremio.

Arriba pidió la homologación de un fallo de la Corte Superior de California del 16 de noviembre de 1989 que le autoriza cobrar adeudos por el litigio. Un juzgado civil mexicano otorgó el 15 de mayo de 2007 un amparo por el cual le embargó 219 millones de dólares al sindicato.

El Juzgado Cuarto Civil del DF resolvió el 28 de octubre de 2004 a favor del STPRM, apelado por Arriba y que obtuvo una sentencia favorable de la décima sala civil del Tribunal Superior de Justicia del DF.

Pero el 29 de agosto de 2006 el juzgado cuarto consideró improcedente la homologación por la prescripción del lapso para ejecutar la sentencia y que fue ratificado el 6 de marzo de 2007 por la décima sala civil. Por ello, Arriba se amparó el 28 de marzo de 2007, obteniendo un fallo favorable.

El 10 de julio de ese año el STPRM presentó un recurso de revisión ante un tribunal unitario que le dio la razón.

En 2012 el sindicato se anotó otra victoria legal, de la cual entregó el 16 de marzo de ese año un Aviso de Presentación de Sentencia de un País Extranjero al tribunal texano y a los abogados de Arriba y Ryerson.

Previamente, el 17 de marzo de 2009, Gustavo Saavedra Torres, del Juzgado Sexto de Primera Instancia del distrito dos en Tamaulipas, declaró nulos los acuerdos de 2004, bajo el argumento de que Moreno Álvarez carecía de autoridad legal para sujetar al STPRM a esos acuerdos. Arriba y Ryerson no apelaron esa resolución.

Pero del otro lado de la frontera, el camino ha estado sembrado de espinas para el sindicato.

El 29 de octubre de 2012 Matthews rechazó una moción de los acusados para aplicar la ley mexicana en el caso. El 23 de agosto de 2013 la 14ª. Corte de Apelaciones de Texas denegó la petición de los representantes legales del STPRM, Paul Simon y Shane Allister McClelland, de la firma Simon Herbert McClelland & Stiles, LLP , de obligar a Matthews a considerar que en el caso debe prevalecer la ley mexicana. Además, rechazó el 27 de agosto la moción de revisión de ese fallo.

El monto a cobrar por Arriba varía dependiendo de los intereses acumulados

Los acusadores buscan formas de comprobar que familiares de Romero Deschamps adquirieron inmuebles con fondos del sindicato. José Carlos Romero Durán, vástago del dirigente, poseería dos departamentos en un condominio de lujo en Miami Beach, valuados en siete millones 550 mil dólares. Además, su hermana Paulina Romero tendría propiedades en Las Vegas, Texas y Dubai, donde en 2012 mostró fotos en Facebook.

El arreglo de la discordia

El caso dio un giro más acentuado en 2005, cuando Ryerson, de 65 años de edad, y Arriba reclamaron el cumplimiento de un arreglo por mil millones de dólares y una cuota de siete millones para el primero para zanjar el litigio.

El 8 de febrero de 2005 Ryerson presentó una solicitud de cumplimiento del acuerdo. El 7 de marzo de ese año Arriba amplió su queja. Su común denominador fue que el sindicato debía apegarse al pacto.

El 21 de mayo de 2004 James Gómez, en representación de Arriba Ltd y Astor Ltd, y el STPRM rubricaron el Acuerdo sobre la disposición de los fondos congelados, certificado por la Suprema Corte de Bahamas.

El documento, que contiene una cláusula de confidencialidad y consta de ocho artículos y nueve páginas, estipula que 52 por ciento del dinero sería entregado a Gómez, como síndico de las empresas, y el resto al sindicato. De este porcentaje, un millón de dólares adicional sería transferido al síndico. Un buen negocio por sólo pura firma de papeles.

El 27 de noviembre de 2004 Noé Moreno Álvarez, en ese entonces apoderado legal del STPRM, y Ryerson firmaron otro acuerdo por el cual el gremio se comprometía a pagar al abogado siete millones de dólares por su participación y ejecución del arreglo de mayo de ese año.

Entre 1998 y 2004, Ryerson no actuó en ningún caso del sindicato. Pero reapareció en noviembre de 2004 en procedimientos relacionados con el expediente en cuestión.

Pero luego de escuchar versiones sobre la repartición de los fondos congelados, George Muñoz, recién incorporado a la representación legal del gremio, le envió una carta a Ryerson separándolo de esas labores, a instancias de Romero Deschamps.

El argumento del STPRM es que Ryerson carecía de autoridad para representarlo legalmente.

El 14 de junio de 2013 Ryerson prestó testimonio oral, a petición de los acusados, durante ocho horas.

En su discernimiento, Ryerson respondió que tenía la autoridad para representar al sindicato y que ésta no fue revocada sino hasta 2004.

“El quid del acuerdo fue la distribución de los fondos en Nueva York que el sindicato quería, y no pudimos conseguir eso. Y aún había agitación en el sindicato y me dijeron que lo detuviera hasta que los recursos estuvieran disponibles o hasta que necesitáramos acudir a la corte y presentar” el arreglo, declaró Ryerson.

Cuestionado por qué éste fue aprobado en las Bahamas y no en otros tribunales, Ryerson, quien ya había rendido un testimonio jurado el 28 de octubre de 2005, contestó que el sindicato creía que podía hacer que el gobierno mexicano retrocediese en su reclamo en un corto lapso.

Ryerson relató que David Black, copropietario de Arriba con James Gómez, discutió el arreglo con Romero Deschamps en una conversación sostenida en la casa del dirigente en México semanas antes de cerrarlo.  (Derechos Reservados, Arena Pública, 2014)

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