El FMI asesora al gobierno en la fiscalización de informales
Las políticas fiscales y económicas de los últimos años no han podido influir en el debilitamiento de la economía informal que se ha convertido en un rompecabezas para el país.
Además, la falta de incentivos para incorporarse al régimen fiscal y el actual sistema de seguridad social colisionan con los deseos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) de sumar a los registros contables del Servicio de Administración Tributaria (SAT) a ese numeroso sector.
Para Enrique Hernández Laos, profesor e investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana, campus Iztapalapa, la economía informal es un tema multifactorial en el que intervienen factores demográficos, económicos e institucionales.
Nuestra economía no ha tenido el dinamismo necesario para incorporar inversiones que permitan generar una cantidad de empleos formales como se requerirían desde el punto de vista de la dinámica demográfica del país.
dijo en entrevista.
Su visión parte de que el país experimentó desde los años setenta una transición demográfica que redujo las tasas de fecundidad y natalidad, cuyos efectos principales han sido una baja de la tasa de crecimiento de la población –un nivel actual de 1.2 por ciento- y una transformación en la estructura por franjas por edad que tendió a envejecerla.
Paralelamente, la economía mexicana ha sufrido desde los años ochenta crisis recurrentes y un proceso de apertura que ocasionó la rebaja de salarios en busca de competitividad.
No se extiende el empleo formal porque es muy costoso y a las personas no les interesa tanto, porque en ocupaciones de baja calidad obtienen mayores ingresos en el empleo informal que en un empleo formal que es muy restringido.
señala Hernández Laos.
Las consecuencias han sido salarios reales que no han crecido significativamente desde la década de los años ochenta, el aumento del desempleo abierto y el empleo informal, la expansión de la informalidad en condiciones de escasa capacitación, baja inversión por persona ocupada y muy baja productividad.
“Es la situación en la que nos encontramos desde hace más de tres décadas”, resume el académico.
Datos del SAT indican que 29.6 millones de personas, de los 53 millones que forman la Población Económicamente Activa (PEA), se desenvuelven en la economía informal.
El Consejo Nacional de Población sitúa el número anual de agregados a la fuerza de trabajo en aproximadamente un millón de personas, la cifra de empleos que el país debe generar anualmente.
El FMI, al rescate
Por eso la Subsecretaría de Ingresos de la SHCP, a cargo de Miguel Messmacher, acudió al Fondo Monetario Internacional (FMI) para que le asesore en un enfoque que mejore la atención del fisco a ese segmento.
Una misión del FMI visitó el país del 28 de abril al 12 de mayo pasado para presentar su análisis del tema y estudiar alternativas para sacar de las sombras fiscales a esa franja.
El grupo se reunió con funcionarios de Hacienda, del SAT, de las secretarías de Desarrollo Social y Salud, del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) y del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
El diagnóstico del FMI es que el Régimen de Incorporación Fiscal (RIF), dirigido por Patricia Delgado y vigente desde enero pasado, está bien diseñado pero su gestión puede hallar dificultades.
Por eso, recomienda la creación de direcciones para los contribuyentes grandes, medianos y pequeños y que cada una de esas instancias se responsabilice de la promoción de la educación fiscal, la fiscalización y las sanciones.
El SAT considera que 14 millones de personas que se desempeñan en la economía informal pueden ser inscritas en el RIF. La meta para el 2018 es de cinco millones.
El RIF contiene ya a cuatro millones 169 mil 732 contribuyentes, de los cuales sólo 587 mil son nuevos.
El 31 de marzo concluyó el plazo para que los asalariados y pensionados se registren en el esquema que remplazó al Régimen de Pequeños Contribuyentes (Repecos).
El interés del SAT no es monitorear a los microcontribuyentes, como los puestos de tamales o las tiendas ambulantes, sino llegar a través de ellos a sus proveedores de materias primas, agua o refrescos para determinar si hay evasión fiscal en esas ventas.
El Fondo sugirió también atención sobre el uso y pago de tarjetas de crédito, cuantiosas operaciones bancarias poco frecuentes, cruzar información con el INEGI y fortalecer la educación fiscal.
El interés del FMI se relaciona con sus frecuentes recomendaciones de fortalecer el cobro de ingresos no petroleros, como lo planteó el Directorio Ejecutivo del organismo cuando concluyó el 25 de noviembre del 2013 la consulta con México basada en el artículo IV del Convenio Constitutivo del ente financiero.
La misión fue integrada por el argentino Ricardo Fenochietto, del Departamento de Asuntos Fiscales; el colombiano Mauricio Soto, de la División de Política de Egresos de ese departamento; el chileno Enrique Rojas, de la División de Administración de Ingresos de esa misma circunscripción y Erin Holland, de la Comisión de Pequeñas Empresas e Individuos de la Oficina de Impuestos de Australia.
La SHCP y el FMI no respondieron a la consulta para este reporte.
La cuadratura del círculo
El FMI recalcó que la seguridad social desmotiva el registro fiscal. Por ejemplo, el subsidio a jefas de hogar o la pensión de adulto mayor equivale al monto mínimo que recibe una persona cotizante del IMSS después de 25 años.
Una muestra de ello lo aporta la Encuesta Nacional de Empleo y Seguridad Social 2013 del INEGI. Ese levantamiento indica que de cada 100 personas inscritas a una institución de seguridad social o de salud, 45 pertenecen al Seguro Popular, 44 al IMSS, siete al ISSSTE y el resto a otras instituciones.
Aunque considera que es muy pronto para evaluar resultados, Sonia Venegas, profesora de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, sostiene que no es una reforma “integral” y que faltan incentivos para que la gente se registre.
En los Repecos “había muchísimas tiendas y fondas. Al principio, creyeron que no iban a pagar y cuando empezaron a ver el cúmulo de formalidades, se preguntaron de qué se trata. Por eso, el gobierno empezó a poner suavizantes”, señala.
El RIF se dirige a personas físicas con actividad empresarial, que enajenen bienes o presten servicios por los que no se requiere de un título profesional para su realización y cuyos ingresos no exceden dos millones de pesos anuales.
Esos contribuyentes deben registrar ingresos, egresos y pagos en medios electrónicos del SAT. En retribución, reciben un descuento de 100 por ciento en el primer año y luego uno de 10 por ciento anual hasta el año 10, cuando desaparece ese descuento
“Está muy difícil, porque el verdadero informal no entrega recibos”, resalta la académica.
El reciente informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) "Todos a bordo: haciendo posible el crecimiento incluyente" indica que en México entre 40 y 60 por ciento de la mano de obra trabaja sin seguridad social.
La más reciente Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del INEGI da cuenta que seis de cada 10 trabajadores carecen de las prestaciones mínimas estipuladas por la legislación laboral.
El SAT estima que los patrones y trabajadores por cuenta propia podrían aportar más de 550 millones de pesos en impuestos al mes.
La mayor parte de los empleados informales se encuentran concentrados en los dos rangos de ingreso más bajos, en los cuales el crédito al salario es mayor que el impuesto menos el subsidio. Así, casi 80 por ciento de los trabajadores informales perciben menos de tres mil 700 pesos mensuales.
Por ello, son carga potencial para el fisco y no constituyen una fuente de recaudación por el impuesto sobre la renta (ISR).
El SAT considera que, de formalizarse como asalariados, ese sector le costaría al erario más de 500 millones de pesos mensuales.
El potencial recaudatorio por ISR e impuesto al valor agregado rebasaría 27 mil millones, apenas medio punto porcentual del PIB.
Mientras, unos 10 millones de contribuyentes formales generan una recaudación equivalente cercana a 10 por ciento del PIB, unos 650 mil millones de pesos.
Hernández Laos cuestiona que “todo lo que haga el SAT, la Secretaría del Trabajo u otras instituciones no son más que paliativos que no aportan soluciones relevantes al abatimiento de la informalidad. Es muy evidente que ésta sólo se reducirá paulatinamente en la medida en que la economía de México reinicie el crecimiento”.
Venegas critica, a su vez, que la gente no ve resultados de los impuestos, en la forma de mejor infraestructura, más seguridad y mayor bienestar.
La SHCP tiene 25 días para revisar el reporte del FMI sobre la economía informal y, a su vez, el organismo financiero tiene un plazo similar para adecuarlo. El informe será público, si así lo decide el gobierno mexicano.
El Directorio Ejecutivo del FMI completó el 25 de noviembre de 2013 la revisión de la calificación de México para el acuerdo bajo la Línea de Crédito Flexible (FCL, por sus siglas inglesas) y reafirmó la calificación continua del país para acceder a recursos de las FCL.
El acuerdo de dos años de la FCL por 73,000 millones de dólares fue aprobado por el Directorio Ejecutivo el 30 de noviembre del 2012. El primer acuerdo fue aprobado el 17 de abril del 2009 y fue renovado el 25 de marzo del 2010 y el 10 de enero del 2011.
Financiamiento para microempresarios
Nacional Financiera (Nafin) ya implementa un programa para financiar a las empresas pequeñas y micro.
El esquema, para el cual cuenta con 100 mil empréstitos, proyecta la entrega de hasta dos millones de pesos anuales a las grandes microempresas, hasta 800 mil para las microempresas medianas y hasta 500 mil para las microempresas pequeñas.
En el caso de las grandes microempresas, Nafin será garante de 70 por ciento del crédito, entre 100 mil y 300 mil pesos, cuando haya información financiera disponible de la empresa.
Para las microempresas medianas, la institución cubrirá 50 por ciento, hasta 250 mil pesos, cuando se carezca de datos financieros y, para las microempresas pequeñas, habrá un límite crediticio de hasta un mil 500 dólares, pagaderos a cuatro meses, a una tasa de interés preferencial y con la entrega de una garantía –una olla o una estufa, por ejemplo-.
Nafin avalará hasta 25 por ciento de esa garantía y, cuando exista información financiera de la empresa, hasta 50 por ciento.
El programa de financiamiento se destinará a contribuyentes adheridos o por adherirse al RIF.
De esa forma, Nafin busca que ese segmento acceda a crédito, tomando en cuenta que no aplican para los préstamos tradicionales de la banca comercial.
Además, el organismo despachó a partir del 2 de junio dos unidades móviles que recorren el país para ofrecer los productos y afiliar a los interesados al RIF.
La dependencia entregó en 2013 a las Pymes 113 mil millones de pesos a más de 160 mil empresas, de las que una tercera parte fueron apoyadas por primera vez.
En el país hay unos cinco millones de empresas, de las cuales más de 90 por ciento son pequeñas y micro –la principal fuerza laboral y de generación del PIB-.
MÁS INFORMACIÓN: Un tercio de trabajadoras domésticas perciben salario por debajo del mínimo establecido. Nota de Arena Pública del 22 de julio del 2014.
MÁS INFORMACIÓN: El futuro alcanzó las pensiones. Nota de Arena Pública del 28 de julio del 2014.
