El futuro alcanzó a las pensiones
En Pemex concluyó una semana compleja en medio de la aprobación de las leyes secundarias que darán forma a la reforma constitucional de este sector.
Sin embargo, para Pemex -ahora empresa del gobierno que ya no será paraestatal- comienza la etapa más compleja: la negociación con los burócratas afiliados al poderoso Sindicato de Trabajadores de la República Mexicana (STRM) que encabeza Carlos Romero Deschamps.
Para empezar, el Consejo de Administración de Pemex, donde participan: Fernando Navarrete Pérez, Fernando Pacheco Martínez, Jorge Wade González, Sergio Lorenzo Quiroz Cruz y el diputado José del Pilar Córdoba Hernández, no concluyó el análisis del incremento a los salarios de los trabajadores y sus prestaciones.
No se dio a conocer, por lo tanto, el supuesto acuerdo al que ya se había llegado entre la comisión revisora del contrato colectivo de trabajo de Pemex, el legislador Romero Deschamps y, por supuesto, el director general de Pemex, Emilio Lozoya Austin.
El problema es que para asumir como deuda pública los pasivos por más de un billón de pesos -que se calcula generaría la transformación de los pasivos actuariales de las pensiones de los petroleros- será necesario modificar precisamente el contrato colectivo de trabajo.
En teoría, ese contrato colectivo de trabajo debería estar vigente un año más y allí se acordó que las pensiones recibirán el mismo incremento que los salarios del personal en activo.
Además, se establecen una serie de compromisos vinculados con la productividad, con los cuales el sindicato esperaba amarrar sus privilegios.
Antes de llegar a este punto de quiebre que representará para los contribuyentes, como sucedió con el Fobaproa, el pago de una deuda pública durante al menos una década, la dirección general de Pemex propuso a los trabajadores petroleros transformar su régimen de pensiones -bajo el esquema de reparto- a un esquema de aportaciones, igual que el que se encuentra vigente para los trabajadores mexicanos que hace 17 años fueron integrados al Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR).
Las propuestas fueron muchas e involucraron, por supuesto, la necesidad de ampliar la vida productiva de los trabajadores al menos 10 años, con el propósito de reducir el déficit actuarial que generó un contrato colectivo obsequioso y privilegiado.
La oferta, sin embargo, tenía un enfoque positivo para Pemex porque le permitiría conservar a funcionarios expertos en el sector de la energía que ahora tendrán la puerta abierta (con una gran pensión en el bolsillo) para contratarse con empresas extranjeras que competirán directamente en sus mercados. El peor de los escenarios.
MÁS INFORMACIÓN: Pasivo laboral de Pemex podría cargarse al Erario. Arena Pública, 24 de julio del 2014.
