México envejece mientras que la pandemia nubló el futuro laboral de los jóvenes
Los años pasan y la población envejece. La ventaja que los países europeos envidian a México está pasando desaprovechada, mientras que la juventud sufre por elevadas tasas de desempleo y condiciones laborales precarias.
México dejará de ser un país de jóvenes en unos años, conforme el grueso de la población envejece, lo que además de reducir la fuerza laboral del país, plantea desafíos a las políticas públicas futuras para garantizar una vejez digna a este sector de la población, plantea el reporte Tendencias Sociodemográficas elaborado por BBVA Research.
Con los datos del Censo de Población y Vivienda 2020, el área de investigación del banco español destacó el incremento de 26.2 a 31.9 años (5.7 años más) en el promedio de edad de la población mexicana en las últimas dos décadas (2000-2020), dejando ver la paulatina pérdida del llamado bono demográfico.
El bono demográfico es según el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA, por sus siglas en inglés) el potencial de crecimiento económico que existe en un país cuando la población en edad laboral -15 a 64 años- es mayor que la población económicamente dependiente, como los niños y adultos mayores.
Esta condición no se encuentra en las mayorías de los países europeos ni en Japón, naciones de alto desarrollo económico que, sin embargo, se encuentran ante una reducción cada vez más rápida de la población en edad laboral y una baja tasa de natalidad por lo que se están convirtiendo en naciones de alto consumo pero baja productividad. En México, el bono demográfico es desaprovechado. Según Moody's cuatro de cada cinco desempleados del país son jóvenes.
A pesar de que el promedio de escolaridad ha crecido entre los jóvenes lo que, en teoría, les brinda mayores herramientas y conocimientos que los empleadores pueden capitalizar, la realidad es que la inexperiencia laboral es el principal factor que limita la inclusión de la juventud al trabajo.
Según el estudio Escasez de Oportunidades Laborales para los Jóvenes México elaborado por Manpower Group, una empresa de gestión de capital humano, el 56% de los jóvenes son rechazados en su búsqueda laboral debido a este factor. Además, se observa que el nivel de escolaridad es un arma de doble filo, pues mientras el 71% de los jóvenes con posgrado tienen trabajo -la tasa más alta- son también más susceptibles (79%) a no encontrar trabajo que la población con estudios por debajo de licenciatura. Aquellos que solo cuentan con este último nivel son quienes tienen la mayor dificultad (83%).
La relación entre preparación académica y falta de experiencia es aún más relevante si se toma en cuenta que según los últimos datos del Inegi citados por BBVA Research, el porcentaje de jóvenes con posgrado es de 22%, siete puntos más que el promedio nacional, cifras que además sube hasta 35% para la Ciudad de México.
La pandemia nubló el empleo juvenil
Por si fuera poco, la crisis sanitaria del COVID 19 -que trajo consigo una crisis económica sin precedentes- golpeó aún más a la juventud, alejando a un gran sector laboral de los espacios productivos.
En un informe publicado en octubre, la Organización Mundial del Trabajo (OIT) señaló que las afectaciones de la contracción laboral de abril en México incrementaron la tasa de desocupación por grupos etáreos de forma inversamente proporcional: mientras menor la edad mayor la tasa.
Y así lo corroboran las cifras. Mientras el desempleo global se situó en 3.4%, la población desocupada de entre 15 a 19 años fue 6.96%, 6.93% para el grupo de los 20 a 24 años y 4.6% para las personas de 25 a 29 años,.
Además, en su informe Riesgos a considerar: los alcances del COVID a largo plazo, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCD dijo que entre los países miembros de la organización -México incluido- la reducción de horas de trabajo fue más común también entre los jóvenes.
El 17.2% de los jóvenes encuestados para el reporte señalaron que sus jornadas laborales fueron reducidas, porcentaje ligeramente mayor (+3%) que los adultos de más de 30 años, y 8% mayor que los de 50 a 64 años; lo que permite ver la tendencia a 'castigar' los empleos de los jóvenes, comúnmente destinados a puestos no esenciales ni directivos.
Del bono a la pesadilla demográfica
El desaprovechamiento del bono demográfico no sólo significa un desperdicio de oportunidades, sino que también constituye un riesgo para el futuro, especialmente para garantizar una vejez digna a la población.
El bono demográfico “está por agotarse” lo que empujará a la formulación de nuevas políticas públicas señaló la Secretaria de Gobernación, Olga Sanchéz Cordero durante el evento “Importancia y Uso de la Información del Censo de Población y Vivienda 2020” realizado en febrero.
Unas de las políticas públicas más urgentes derivadas del paulatino envejecimiento del grueso de la población son las que giran alrededor del fin de la vida laboral y los beneficios pensionarios a los que pueden acceder los trabajadores salientes.
Como señala el informe de BBVA Research, “existen adultos mayores que continúan trabajando en empleos precarios o informales por no tener jubilación o porque es muy reducida, por mantener seguridad social en el IMSS o el ISSSTE, o por falta de cobertura de algunas enfermedades en el Insabi o IMSS-Bienestar”
Es en este punto cuando el bono demográfico corre el peligro de convertirse en la “pesadilla demográfica” como lo llamó el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP), al señalar que la falta de inversión para el incremento de la productividad podría mantener las tasas de desempleo generadas por el COVID por más tiempo del estimado.
El desempleo, la ocupación informal o las condiciones precarias del empleo formal, son factores que pueden crear un frágil futuro para los ahora jóvenes, pues impactan directamente sobre las pensiones que puedan obtener al final de su vida laboral. De acuerdo con cifras de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR), se estima que únicamente el 24% de los trabajadores que cotizan a lo largo de su vida alcanzarían una pensión con el régimen existente antes de la reforma de 2020.
Reforma pensionaria, necesaria pero insuficiente
En diciembre entró en vigor la iniciativa de reforma a la Ley del Seguro Social y a la Ley del Sistema de Ahorro para el Retiro que el presidente Andrés Manuel López Obrador envió al Congreso de la Unión.
Entre sus principales modificaciones está el aumento en el monto de las cuotas patronales al sistema de ahorro para el retiro de 6.5% a 15% de manera gradual hasta el año 2030, así como el establecimiento de un límite máximo a las comisiones que cobran las administradoras de fondos para el retiro (Afore).
El objetivo de la reforma fue comenzar a atender el grave problema pensionario que existe en el país comenzando por la cobertura del sistema pensionario, es decir, el porcentaje de la población que obtiene una pensión, y la suficiencia del monto a recibir en el periodo jubilatorio para cubrir las necesidades del pensionado.
El Banco de México (Banxico) señaló en su reporte La Reforma del Sistema de Pensiones de México:Posibles Efectos sobre las Jubilaciones, la Dinámica del Ahorro Obligatorio y las Finanzas Públicas que las modificaciones realizadas contenían aspectos positivos de gran alcance al elevar los fondos gestionados por las Afores a un 56% del PIB para 2040, mientras que con el régimen anterior se estimaba sería apenas del 35%.
Sin embargo, un aspecto que considera el reporte, y que los críticos a la reforma han señalado, es la deficiencia en su alcance frente a la elevada alta tasa de informalidad en el país. El 55.5% de los mexicanos tiene un trabajo informal, es decir, sin seguridad social y sin poder acceder a los beneficios de la protección social, entre ellas el sistema de pensiones y las respectivas aportaciones patronales que la reforma busca aumentar. La cifra también se intensifica entre la población joven, alcanzando 95.3% para aquellos de 5 a 18 años, y 60.1% para los de 20 a 25 años.
La reforma considera un esquema de progresividad en las semanas de cotización necesarias. Si bien las redujo a un monto inicial de 750 -menor en 500 semanas al requisito previo- éstas escalarán hasta 1,000 lo que, según las estimaciones del banco central, causará que de un porcentaje inicial de 5% de trabajadores que no alcanzarán el requisito, éste se eleve hasta 55% conforme aumenten las semanas necesarias.
Además, la “bomba de tiempo” sigue presente, pues la garantía de una pensión mínima contemplada por la reforma significa que el 55% excluido desde el final del periodo de transición tendrá acceso a este beneficio completamente a manos del presupuesto estatal lo que daría lugar a un costo fiscal de cerca de 9.1% del PIB entre 2021 y 2100, si bien Banxico prevé que hasta 2045 el costo sería solo de 1.3%.
La última reforma constituye -según los expertos- un gran paso para garantizar una vejez digna, urgente ante la próxima pérdida de bono demográfico. Sin embargo, como han dicho sus críticos, no es suficiente a largo plazo dado que persiste la tendencia a la precariedad laboral entre la juventud, razón principal que ha limitado el aprovechamiento del bono demográfico. Pero además, compromete el futuro de quienes ahora son jóvenes.
