¿En qué consiste la aplaudida reforma a las pensiones propuesta por el gobierno?
El gobierno de México dio a conocer este miércoles su iniciativa de reformas al actual sistema de pensiones para los trabajadores del sector privado, buscando elevar sustancialmente los montos por jubilación y reducir el tiempo de cotización de los trabajadores para pensionarse; aunque aún faltan por conocerse mayores detalles de la iniciativa que -de aprobar el Congreso- entraría en vigor a inicios de 2021.
¿POR QUÉ ES IMPORTANTE? La última reforma (1997) que México realizó al sistema de pensiones para trabajadores del sector privado registrados en el IMSS, otorgará a sus primeros pensionados -en 2021- alrededor de 30% del último salario, monto insuficiente que agudizaría la pobreza entre la población de la tercera edad en México, según los expertos.
Además, los crecientes recursos que destina año con año el Estado a las pensiones pone en riesgo la estabilidad de unas finanzas públicas debilitadas por la crisis económica reciente. A este elevado costo también contribuyen un gran número de sistemas de pensiones "en quiebra" (estatales, universidades, etc) que existen en el país, al margen del sistema de Afores.
LOS DETALLES Los aspectos más importantes que plantea la iniciativa del gobierno son los siguientes:
1. Aumentar gradualmente -durante un periodo de 8 años- la aportación que realizan los patrones de 5.15% a 13.87% del salario, a fin de que la aportación total para el retiro crezca del actual 6.5% a 15.0% del salario. Los patrones, debido a la crisis del Covid-19, tendrán dos años "de gracia" antes del primer incremento a partir de 2022. Las aportaciones de los patrones pueden ir desde 5.151% para trabajadores con un ingreso de 1.0 SM, hasta 13.875% para trabajadores con ingreso de 25 UMA. En este proceso de ajuste los trabajadores no verán afectado su ingreso dado que su aportación a su pensión se mantiene en el mismo porcentaje.
2. Disminuir de 1,250 semanas (25 años) a 750 semanas (15 años) de cotización como requisito mínimo, para que un trabajador reciba una pensión garantizada. Este requisito se elevará gradualmente hasta alcanzar 1,000 semanas (20 años) en un periodo de 10 años.
3. La aportación del gobierno (actualmente de 0.225% del salario) se transformará en una cuota social para beneficiar solo a los trabajadores de menores ingresos, hasta el equivalente a cuatro veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA). La cuota social propuesta del gobierno va de 8.724% para trabajadores con un ingreso de 1 SM, a 1.798% para los de 4 UMA.
4. La edad mínima para que el trabajador obtenga una pensión garantizada será la misma, de 60 años de edad.
5. El monto de la pensión garantizada se incrementará del promedio actual de 3,289 pesos (80% de un salario mínimo -SM) a un valor promedio de 4,345 pesos, que se otorgará en función de la edad, el salario y las semanas de cotización. El valor oscilará entre 0.7 y 2.2 SM (un promedio 4,345 pesos). Se proyecta que el porcentaje que representa la pensión respecto del último salario recibido por el trabajador antes del retiro, se eleve en promedio 40% respecto de su nivel actual.
6. Se reducirá el cobro de las comisiones que realizan las Afores a estándares internacionales "en un plazo breve". Actualmente las comisiones rondan el 1% y los estándares internacionales son de alrededor de 0.7%.
7. Se plantea incrementar los rendimientos en los ahorros de los trabajadores reformando el régimen de inversión de las Afores que permita una mayor diversificación de los riesgos y las inversiones en proyectos de infraestructura.
8. Se posibilitan los retiros de las cuentas de ahorro voluntario sin requerir periodos predefinidos (actualmente deben transcurrir 6 meses para realizar un retiro).
9. Se elimina la prescripción de derechos, de modo que los titulares de la cuenta individual o sus beneficiarios recuperen el saldo remanente en la cuenta aún después de 10 años de obtener el derecho a la pensión.
10. Se establece la posiblidad de combinar esquemas de rentas vitalicias con retiros programados.
LO QUE ESTÁN DICIENDO
Héctor Villarreal, director general del Centro de Investigación y Estudios Presupuestarios (CIEP), un think tank experto en finanzas públicas, escribió en su cuenta de Twitter: "¿La reforma mejora el sistema? En mi opinión sí. No resuelve la bomba del gasto público en pensiones. Se mitigan efectos, muchas de las grandes desigualdades entre grupos y generaciones, seguirían, ahí". Y puntualiza: "¿Encarece el empleo formal? Obviamente. De cualquier forma es más realista que querer pagar buenas pensiones con impuestos generales, una parte sigue como no contributiva".
Alfonso Gurza y Carlos Serrano, analistas de BBVA Research, escribieron en una nota: "La reducción del periodo mínimo de cotización permitirá a un significativo número de trabajadores acceder a una pensión, tema de particular importancia en una economía con un alto porcentaje de trabajadores que transitan entre el sector formal y el informal. En todo caso, es deseable emprender una reforma para reducir el nivel de informalidad en el país". Y añadieron: "De ser aprobada la reforma, aumentará la tasa de ahorro y la profundidad de los mercados de capital en el país".
Y AHORA ¿QUÉ SIGUE? En la presentación de este miércoles 22 en Palacio Nacional, el consejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer Ibarra, dijo que la iniciativa se enviará esta semana a la Cámara de Diputados, misma que fungirá como cámara de origen.
De acuerdo al titular de la Unidad de Seguros y Pensiones de la Secretaría de Hacienda, Carlos Noriega Curtis, quién fue responsable directo de la elaboración de la iniciativa, ésta sería discutida y aprobada en el próximo periodo ordinario de sesiones del Congreso. “Esperamos que pueda transitar todo el proceso legislativo en periodo ordinario de septiembre a diciembre (...), de manera que estuviese en vigor iniciando el año próximo”, le dijo a la agencia Reuters.