El fracaso ante el crimen organizado
Al asunto de los aranceles le ha precedido la designación de los carteles mexicanos como terroristas y la entrega de un buen número de sus integrantes a los Estados Unidos. Esto no solo es un síntoma de las presiones de Trump sobre México, también es la consecuencia de la expansión del crimen organizado y de la creciente debilidad del gobierno mexicano para enfrentar esta amenaza. El Índice Global del Crimen Organizado da pistas del fracaso de la administración anterior en este tema.
Trump se inclina por atajos fáciles para atender complejos problemas, como la seguridad nacional. Por ello, denominó a los carteles de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, del Noreste (antes los Zetas), Nueva Familia Mexicana, del Golfo y Carteles Unidos como Organizaciones Terroristas Extranjeras y acusó al gobierno mexicano de aliarse con ellos. Esta es una exageración poco fructífera que desdeña el papel de los Estados Unidos como consumidor de drogas y proveedor de armas.
La ofrenda de 29 líderes del crimen organizado al gobierno estadounidense cumple el propósito de dar espectacularidad a la estrategia contra el narcoterrorismo de Trump y de intentar desmarcar al gobierno mexicano de acusaciones de contubernio con el narcotráfico. Sin embargo, los avances reales provendrán menos de estas puestas en escena y más de reconocer la expansión en la reducción la delincuencia organizada en México y la creciente debilidad de su gobierno para combatirlo
La evidencia anecdótica del crecimiento de la delincuencia organizada y la negligencia de las autoridades abunda, destacando los problemas de gobernabilidad de Sinaloa, particularmente de Culiacán, y las acusaciones del gobernador de Tabasco de que su antecesor inmediato promovió a un líder criminal para dirigir la Secretaría de Seguridad del estado. A esto habrá que agregar la información que revele el exlíder del Cartel de Sinaloa, el “Mayo” Zambada, en su juicio en Nueva York.
Los datos duros también respaldan un panorama de expansión del crimen organizado y la debilidad gubernamental para contenerlo. En los primeros cinco años de la administración de López Obrador se registraron 72,344 muertes a manos de los carteles mexicanos, mientras que en el periodo equivalente de la administración previa esta cifra fue de 16,706, de acuerdo con cálculos del Programa de Datos de Conflictos de la Universidad de Upsala a partir de cifras oficiales.
El Índice Global de Crimen Organizado (IGCO) permite profundizar en el caso mexicano y compararlo con otros países. El indicador proviene de la Iniciativa Global Contra el Crimen Organizado Transnacional, con sede en Suiza, y recibe apoyo de la INTERPOL, la Unión Europea y Noruega. El índice es particularmente útil porque distingue el crimen organizado de otra delincuencia, es consistente con fuentes oficiales y es de interés para el Departamento de Estado norteamericano.
De acuerdo al IGCO, entre 2021 y 2023 nuestro país pasó del cuarto al tercer lugar mundial en lo que se refiere a presencia del crimen organizado. La razón principal de este cambio se asocia al notable aumento del tráfico de personas y al contrabando de migrantes y armas. Lo anterior ocurrió sin que hubiera progreso alguno en el combate al narcotráfico y con una mayor tolerancia de las autoridades gubernamentales a la delincuencia o participación en actos de corrupción.
Para el mismo periodo, el IGCO detecta menor capacidad del estado mexicano para resistir y combatir el crimen organizado. En los años citados México pasó del lugar 112 al 124 en fortaleza ante la delincuencia organizada. Este debilitamiento se atribuye a la pérdida de transparencia gubernamental, las deficientes políticas de seguridad, el deterioro del marco jurídico, la caída en la cooperación internacional y un menor involucramiento de la sociedad civil con un liderazgo político estancado.
Donald Trump tiene un discurso exagerado e incompleto sobre el crimen organizado en México. Esto lo ha conducido a mezclar con el tema temerarias medidas comerciales, como la imposición de aranceles a México y Canadá. Sin embargo, la realidad mexicana y las acciones gubernamentales recientes le han dado elementos para alimentar la historia que quiere contar. No hay que dar excusas al que pocas o ninguna necesita para actuar.
Rodolfo de la Torre
Actualmente es Director de Movilidad Social del Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY). Ha sido coordinador de la Oficina de Desarrollo Humano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Director del Instituto de Investigaciones para el Desarrollo con Equidad de la Universidad Iberoamericana, y Director de El Trimestre Económico, del Fondo de Cultura Económica (FCE). Fue parte del Comité Técnico para la Medición de la Pobreza en México. Es economista por el ITAM, y maestro en Filosofía de la Economía por la Universidad de Oxford.
