La farsa del Fondo de Pensiones para el Bienestar

La iniciativa de reforma de pensiones publicada el 4 de abril en la Gaceta Parlamentaria -que fue elaborada por la secretaria de Gobernación, María Luisa Alcalde, y presentada como propia por el líder del Grupo Parlamentario de Morena, Nacho Mier, y la diputada de ese partido Ivonne Cisneros- busca crear un Fondo de Pensiones del Bienestar.

Aunque no lo dice expresamente su iniciativa, sus promotores han señalado que su propósito es satisfacer el capricho del presidente López Obrador de que los trabajadores en el régimen de cuentas individuales puedan aspirar a una pensión igual a su último sueldo (es decir que se pensionen con una tasa de reemplazo del 100%). Es una simulación.

Esta iniciativa es una versión modificada de una de las 20 propuestas de reforma que envió el Ejecutivo al Congreso de la Unión el pasado 5 de febrero. Esta primera iniciativa también fue preparada por la titular de la Secretaría de Gobernación. De ahí su afanoso interés de que sus iniciativas prosperen en el proceso legislativo.

Hay dos diferencias importantes que conviene señalar entre las dos iniciativas. La del 5 de febrero propone la creación de un “fondo semilla” con una aportación inicial de recursos del erario por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) por 64 mil millones de pesos con el fin de otorgar un copete o complemento a las pensiones de las generaciones Afore que comenzaron a presentar sus primeras solicitudes de pensión en 2021. El monto de este complemento a las pensiones no puede ser mayor al salario promedio de cotización del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de 2023, equivalente a 16,777 pesos mensuales (actualizado por inflación).

En contraste, la iniciativa del 4 de abril crea un Fondo de Pensiones para el Bienestar por 40 mil millones de pesos que provendrían de la transferencia de los recursos de los trabajadores que tengan una edad de 70 o más años en sus subcuentas de Cesantía y Vejez en Edad Avanzada de las cuentas individuales de ahorro para el retiro (Sistema de Ahorro para el Retiro, SAR) y de las subcuentas de vivienda administradas por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT). Al respecto, llama la atención el silencio sepulcral que han guardado tanto el titular de la SHCP, Rogelio Ramírez de la O, como el Director General del IMSS, Zoé Robledo. 

Políticas públicas

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Ambas iniciativas son una simulación. La reforma a la Ley del Seguro Social de diciembre de 2020 que entró en vigor el 1 de enero de 2021 tuvo varias características importantes. Una de ellas fue el fortalecimiento de la pensión garantizada. En particular, antes de esta reforma, la Ley del Seguro Social garantizaba una pensión mínima igual a la actualización por inflación de un salario mínimo de 1997, equivalentes a 3,289 pesos en 2020. Por otra parte, el requisito mínimo de semanas cotizadas era de 1,250 semanas.

Con la reforma que entró en vigor en 2021, la pensión garantizada dejó de ser un número único y se fortaleció con una mayor cuota social por parte del Gobierno Federal y con una pensión garantizada que es función de la edad del trabajador (60 a 65 o más años), de sus salario promedio de cotización (desde un salario mínimo en adelante) y de las semanas cotizadas (entre el número mínimo de semanas cotizadas hasta 1,000 semanas o más). El requisito mínimo del número de semanas cotizadas para tener derecho a una pensión se redujo transitoriamente a 750 semanas en 2021 y se incrementa en 25 semanas cada año hasta llegar a 1,000 semanas en 2031.

En el año 2021 cuando entró en vigor la reforma a la Ley del Seguro Social, los primeros pensionados de la generación Afore obtuvieron por lo menos una pensión garantizada que fluctuó entre 2,622 pesos mensuales (para los trabajadores con 750 semanas cotizadas, una edad de 60 años y un salario de cotización de un salario mínimo) y 8,241 pesos mensuales (trabajadores con 1,000 o más semanas cotizadas, una edad de 65 años o más y con salario base de cotización de 5 UMAS o más). Estos montos se actualizan con la inflación y los incrementos al salario mínimo en febrero de cada año. Excluyendo a los trabajadores que obtuvieron una pensión mayor a la garantizada, el promedio de pensiones garantizadas que concedió el IMSS en 2021 fue de aproximadamente 4,400 pesos. El año pasado el promedio de las pensiones garantizadas fue de aproximadamente 7,740 pesos mensuales.

La relevancia de lo señalado en el párrafo anterior se desprende de la lacerante desigualdad del ingreso que caracteriza a nuestro país. De los 72 millones de trabajadores que tienen una cuenta individual en el Sistema de Ahorro para el Retiro (y por tanto una subcuenta de vivienda en el país), 75% de los titulares de estas cuentas que hoy se encuentran activos en el sector formal perciben en 2024 ingresos entre un salario mínimo (7,468 pesos mensuales) y el equivalente de 3 UMAS (9,901.59 pesos mensuales). 

El impacto de la reforma y de los incrementos al salario mínimo han significado que para los trabajadores de las primeras generaciones Afore que han tramitado sus solicitudes de pensión ante el IMSS a partir de 2021 y que cumplieron con el número mínimo de semanas cotizadas, estén obtenido pensiones equivalentes al 80-90% de sus salarios base cotización. Lo anterior, a pesar de que fue apenas hasta el inicio del año pasado que comenzaron a incrementarse gradualmente las aportaciones patronales desde 5.50% del salario base de cotización del trabajador (y que llegarán a 13.875% en el año 2030). Sin duda el incremento de estas aportaciones que llevará la suma de las aportaciones de los trabajadores y patrones a 15% en 2030, mejorará por mucho los ahorros en las cuentas individuales de los trabajadores, haciendo posible que muchos de ellos puedan aspirar a una mayor pensión y una tasa de reemplazo mucho más elevada. 

Ahora bien, si a las pensiones de ese 75% de trabajadores que son los que tienen menores ingresos y que resultan actualmente en tasas de reemplazo de entre 80 y 90%, se le añade la pensión universal de los adultos mayores a partir de los 65 años (7,700 pesos por bimestre), su tasa de reemplazo considerando ambas pensiones ya es superior al 100%. De hecho, la mayoría de los que se han pensionado con la pensión garantizada fortalecida con la reforma de 2020, más el monto de la pensión para los adultos mayores, están obteniendo entre 110 y 120% de su salario de cotización ante el IMSS. La pensión universal de adultos mayores funciona como un copete que les permite retirarse o jubilarse con un monto mensual superior a su salario base de cotización.

Desde esta perspectiva, la propuesta de crear un fondo semilla (iniciativa del 5 de febrero) o un Fondo de Pensiones para el Bienestar (hoy en discusión en el Congreso) para otorgar a los trabajadores de menores ingresos una pensión del 100% de su salario base de cotización es totalmente innecesaria. No es necesario crear ningún fondo semilla por 64 mil millones de pesos ni un Fondo de Pensiones para el Bienestar por 40 mil millones de pesos. 

Sobre este último punto baste decir que estos montos son “cacahuates”. Para poner estas cifras en contexto, las pensiones universales del bienestar para los adultos mayores que ya están consignadas como un derecho en el Art. 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ya representan una carga para el erario de casi medio billón de pesos en el presupuesto. De manera análoga, las pensiones que se pagan al amparo del sistema solidario del antiguo sistema de reparto de la derogada Ley del 1973, más las pensiones doradas de PEMEX y CFE son otro medio billón de pesos en el presupuesto federal.

Para poner un ejemplo, ni siquiera los 64 mil millones de pesos de la propuesta del 5 de febrero alcanzarían para cubrir un bimestre de los 13 millones de pensiones para el bienestar de adultos mayores (7,700 peso bimestrales, equivalentes a 3,850 pesos al mes). Son propuestas populistas que pretenden embaucar a la población trabajadora, y no debe sorprender que tengan lugar en un año electoral.

Otra razón por la cual estas reformas son innecesarias se desprende de que la legislación vigente ya contempla que los institutos de seguridad social puedan disponer de los recursos de las cuentas individuales y de vivienda que hayan permanecido inactivas y cuyos titulares, o sus beneficiarios de Ley, no se hubiesen presentado a reclamarlos conforme a la normatividad vigente a partir de 10 años contados a partir del año en que pudieron haber ejercido los recursos de sus cuentas individuales ya sea solicitando una pensión o, en caso de no cumplir con el mínimo de semanas cotizadas, obtener una negativa de pensión y recibir sus ahorros en una sola exhibición.

Lo mismo es cierto para quienes tengan algún saldo en su subcuenta de vivienda en el INFONAVIT. Si acaso, lo único que haría falta para que obtengan sus recursos es que los institutos de seguridad social emitan reglas y procedimientos claros para disponer de los recursos que les pudieran ser transferidos después de 10 años y que pudieran ser reclamados por el titular de las subcuentas y, a falta de éste, por sus beneficiarios según la legislación hoy vigente.

Esto no requiere ninguna reforma de Ley. Estos recursos los podrían utilizar para fortalecer sus finanzas y con ello cumplir mejor, si no es que cabalmente, sus obligaciones en los diversos ramos de aseguramiento (maternidad, incapacidades parciales o totales, accidentes de trabajo, matrimonio, gasto funerarios, y para fortalecer los servicios de salud que prestan a sus derechohabientes con mejores salarios enfermeros o medios, la compra de equipo médico, la adquisición de medicamentos o el mantenimiento y modernización de sus instalaciones). 

Algunas cuestiones verdaderamente indignantes 

La secretaria Alcalde ha remarcado en repetidas ocasiones que el 75% de los trabajadores que se han pensionado en los términos de la reforma de 2020 a partir de 2021 no han recibido una pensión. En realidad, el porcentaje es de 67%, pero admito que no deja de ser alto.

Luisa Alcalde ha sido deliberadamente omisa en señalar que la razón de esto es porque esos trabajadores no cumplieron con los requisitos mínimos de semanas cotizadas. Detrás de esto subyace el hecho de que 60% de la fuerza de trabajo (Población Económicamente Activa) se gana la vida en el sector informal de la economía. Pero estos 35 millones de mexicanos, no son siempre los mismos por la alta movilidad que existe entre los trabajadores entre los sectores formal e informal del mercado de trabajo. Sólo así se puede explicar porque hay 72 millones de cuentas individuales cuando el número de trabajadores empleados en el sector formal de la economía es de sólo 25 millones.

Es por esta razón que un altísimo porcentaje (ya sea 67% o 75%) de los trabajadores que presentan una solicitud de pensión no cumplen el requisito del número mínimo de semanas cotizadas, a pesar de que este requisito se redujo transitoriamente en 40% para el año 2021 y en 20% para 2030. Luisa Alcalde y Nacho Mier no mencionan que esto no va a cambiar en absoluto con las (innecesarias) propuestas de reforma de pensiones del 5 de febrero o la que crea el Fondo de Pensiones para el Bienestar. Quienes no cumplan con los requisitos mínimos de antigüedad (semanas cotizadas) seguirán obteniendo una negativa de pensión y podrán disponer de sus recursos en una sola exhibición. 

Por otra parte, para muchos trabajadores y sus beneficiarios, los montos acumulados en esas cuentan son cantidades que nunca han visto a lo largo de su vida, ya sea que se trate de 10 mil o 50 mil pesos. Para la enorme mayoría de ellos es su único patrimonio, o segundo patrimonio si tienen la fortuna de contar con una vivienda modesta o un auto usado. En este punto, la Secretaria de Gobernación y los legisladores de Morena ha sido deliberada y dolosamente omisos, si no es que farsantes.

También indigna profundamente que, en su mitómana y tendenciosa propaganda, Nacho Mier y Luis Alcalde afirmen que las pensiones que están obteniendo las primeras generaciones Afore son de 2,500 pesos al mes. Ya mencioné en el cuerpo principal de esta nota los montos promedio de las pensiones que están obteniendo las primera generaciones Afore son muy superiores a ese monto, incluso mayores que la pensión mínima garantizada que hubieran obtenido en ausencia de la reforma de 2020.

En su falaz propaganda oficialista, mencionan que la intención es que los trabajadores con cuentas individuales puedan obtener una pensión de hasta 16,777 pesos. Esto es otra afirmación tendenciosa en virtud de que ello no está contemplado expresamente en el texto jurídico de la iniciativa hoy en discusión.

Según la propuesta del 5 de febrero, ese sería el monto máximo de recursos que se pueden otorgar a un trabajador para lograr que su pensión alcance una tasas de reemplazo del 100%. Pero ya mencioné que esto será innecesario gracias a la reforma de 2020. Entonces, los únicos que podrán beneficiarse de una parte de ese copete son los trabajadores de las clases medias altas o de quienes perciben los mayores ingresos, pues son ellos los que seguirán teniendo las tasas de reemplazo más bajas (30 a 40%) y para la enorme mayoría de ellos, los 16,777 pesos mensuales no los llevarán a una tasa de reemplazo de 100%. De cualquier modo, esos recursos que se presume se utilizarán para mejorar sus tasa de reemplazo no estarían beneficiando al 75% de los trabajadores con menores ingresos.

Estas propuestas de reforma son innecesarias y son una simulación con tintes políticos en una época electoral. Ello, no quiere decir, sin embargo, que en caso de aprobarse ello no vaya a perjudicar los trabajadores o que no vayan a implicar promesas que no se podrán cumplir o que en última instancia podrían representar en cualquier escenario una carga adicional sobre el erario a medida que avanza el envejecimiento de la población en las próximos dos décadas. 

Se alega que transferir los recurso de las cuentas individuales de Cesantía y Veje en Edad Avanzada es como 'quitarle un pelo al gato' de las Afores que administran e invierten a través de las Siefores los ahorros de los trabajadores otorgando rendimientos elevados a lo largo de periodos suficientemente largos a cambio de una modesta y merecida comisión. Pero no es dinero de las Afores, son recursos privados de los trabajadores con nombre y apellido y con beneficiarios conforme a derecho. Ellos son los únicos propietarios de esos recursos. Dudo mucho que una bola de burócratas con interés personales y agendas políticas propias puedan custodiar, administrar e invertir los ahorros de los trabajadores con la misma eficiencia, transparencia y rendición de cuentas que lo hacen las Afores. 

Espero que esto sirva para proporcionar a la población de elementos suficientes para aclarar que estas reformas de pensiones, incluida la que será votada en el pleno de la Cámara de Diputados el lunes, es, por decir lo menos, una charlatanería. No debe ser aprobada. Todo lo que se promete o busca ya está atendido por la legislación vigente gracias a la reforma de 2020. Si acaso, sólo habría que homologar el sistema de los trabajadores al servicio del estado reconociendo su salario integrado, pues actualmente cotizan 8% de su salario de tabulador, sin considerar que la mayor parte de sus remuneración provienen de la compensación garantizada. Una modificación como ésta los beneficiaría mucho más que un incremento de las aportaciones del Gobierno Federal a sus cuentas individuales. 

Si la aplanadora de Morena aprueba la propuesta de Luisa Alcalde, la cual está motivada por razones políticas, exhorto a los legisladores a que puntos como los que aquí he señalado o los posicionamientos que consideren pertinentes queden asentados, respetuosamente, en las actas que dejan constancia del debate, ya sea en términos de posicionamientos, reservas, y su voto.

Que sea imposible detener la aprobación de estas malas propuestas legislativas, no justifica que no se deba dejar constancia en actas legislativas y ante la sociedad de que se trata de un engaño a los mexicanos y que estas iniciativas para fines prácticos no benefician a la clase trabajadora por las razones que ya expliqué y que, en todo caso, son un franco retroceso. Existen áreas de oportunidad en el SAR, en los institutos de seguridad social, y en el INFONAVIT que deben ser aprovechadas. Esa es la ruta a seguir.