Remueven a jueces que fallan a favor de indígenas en lucha contra megaproyectos
Si no puedes contra un juez muévelo.
Por creatividad no se para cuándo de eludir la justicia se trata.
En dos casos de luchas emblemáticas de comunidades indígenas contra la instalación de megaproyectos energéticos fueron removidos a otros tribunales los jueces que llevaron el caso luego de que fallaran a favor de las personas y ordenaran la suspensión de las obras, lo documentaron un conjunto de organizaciones defensoras de derechos humanos.
Se trata de Isaías Corona Coronado, quien como juez séptimo de distrito con sede en Salina Cruz, Oaxaca revisó el amparo de las comunidades contra Eólica del Sur y de Eduardo León Sandoval, antes juez segundo de distrito de amparo en materia administrativa quien llevó el amparo de los indígenas contra la hidroeléctrica Puebla 1.
Las organizaciones aclaran en su informe que no cuentan con elementos para afirmar que la remoción de los jueces se debió a que su resolución desfavoreció a las empresas, sin embargo, ponen en duda que se haya tratado de hechos aislados o coincidencias.
“No podemos dejar de decir que nos llama la atención la coincidencia en dichas remociones. Este aspecto podría está afectando el principio de independencia judicial al ser una manera de coaccionar a aquellas personas juzgadoras comprometidas con la defensa de los derechos de los pueblos indígenas”.
Aseguraron las organizaciones entre las que se encuentran el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda); Abogadas y Abogados para la Justicia y los Derechos Humanos, Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Serapaz, entre otros.
Cambio de juez retrasa justicia en Juchitán
Energía Eólica del Sur es un proyecto para la construcción de una planta que generará 396 megavatios para abastecer a Fomento Económico Mexicano (FEMSA), propietaria de la embotelladora independiente de Coca-Cola más grande del mundo y la cadena de tiendas OXXO.
Se ubicará entre los municipios de Juchitán de Zaragoza y El Espinal, Oaxaca, en la región del Istmo de Tehuantepec.
En 2014 más de mil indígenas asentados en la región interpusieron un amparo contra la construcción del proyecto alegando que se violaron sus derechos humanos durante el proceso de consulta realizado por la Secretaría de Energía para obtener su consentimiento.
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La consulta se hizo después de tiempo, es decir, cuando las autoridades ya le habían concedido a la empresa los permisos, así como autorizado la evaluación de impacto ambiental. Las comunidades denuncian que les faltó información y que recibieran amenazas y agresiones, entre otras irregularidades.
En diciembre de 2015 el juez Isaías Corona ordenó la suspensión definitiva del proyecto como una medida precautoria hasta que hubiera una resolución definitiva.
Sin embargo, en febrero de 2016 lo removieron del cargo y el nuevo juez sobreseyó el amparo en junio, es decir, le puso fin al procedimiento sin llegar a una solución, lo hizo sin tener elementos probatorios de acuerdo con las organizaciones.
La comunidad indígena interpuso un recurso de revisión que recayó en el Tribunal Colegiado en materia administrativa del estado de Oaxaca y actualmente la Suprema Corte estudia si atrae el caso.
Indígenas Tutunakú de la Sierra de Puebla aseguran que la hidroeléctrica Puebla 1 afectará a más de 100 mil habitantes.
En Puebla se reanuda la consulta
En la Sierra Norte de Puebla la remoción del juez no tuvo el mismo efecto que en Oaxaca. Puebla 1 es una de las 14 hidroeléctricas que pretenden construirse en la Sierra Norte de Puebla desde 2009, está a cargo de la empresa Deselec, filial de Grupo Comexhidro.
Originalmente Puebla 1 se construiría sobre el cauce del río Ajajalpan. Su objetivo es generar 60 megavatios para abastecer de energía a empresas privadas entre las que se encuentran Walmart, Waldo’s y Vips.
Indígenas Tutunakú aseguran que la hidroeléctrica -en ese lugar- afectaría a más de 100 mil habitantes de seis municipios, ya que construiría una cortina de 42 metros de altura para desviar el cauce del río más de cuatro kilómetros de tal forma que les arrebataría el agua a los cultivos y la oportunidad de pescar.
En abril de 2016 las comunidades indígenas de San Felipe Tepatlán, Altica y San Mateo Tlacotepec solicitaron la cancelación del proyecto mediante un amparo ya que se violó su derecho a la consulta, pues la comunidad fue informada cinco años después de que las autoridades les otorgaran los primeros permisos.
También se violaron sus derechos a la tierra y el territorio, al agua, al medio ambiente sano, la libre determinación, entre otros.
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Las comunidades ganaron el amparo y se ordenó la suspensión de las obras en tanto se dictaba una sentencia. Tiempo después el juez salió del tribunal sin que se diera mayor explicación al respecto, asegura el informe de las organizaciones.
A diferencia del proyecto Energía Eólica del Sur, el nuevo juez no contravino la suspensión de la hidroeléctrica que mandató su antecesor. Las autoridades se vieron obligadas a realizar nuevamente una consulta pública que sigue en curso, la empresa cambió el lugar donde ubicará la presa.
Las comunidades indígenas tanto en Oaxaca como en Puebla luchan contra intereses millonarios que conceden fuerte influencia a los empresarios responsables, tan sólo en Juchitán se estima que el parque eólico más grande de América Latina tenga un costo total de 14 mil 454 millones.
MÁS INFORMACIÓN: Informe sobre la situación de los derechos de los pueblos indígenas en México, noviembre 2017.
MÁS INFORMACIÓN: Fichas de casos sobre violaciones a los derechos de los pueblos indígenas, noviembre 2017.
