La salida que propone López Obrador (II)

¿De dónde saldrán los recursos que Andrés Manuel López Obrador pretende destinar a rescatar al campo, al sector energético, a la creación de millones de empleos y a políticas sociales para combatir la pobreza extrema y garantizar el pleno derecho a la educación y a la salud?

El político dice que lo hará reorientando los recursos del presupuesto público –de hecho no plantea un recorte al presupuesto- e impulsando la inversión pública con efectos multiplicadores sobre la inversión privada.

Así lo plantea en su libro 2018 La Salida. Decadencia y renacimiento de México que publicó recientemente y que comenzamos a comentar en este espacio hace un par de días.

Andres Manuel López Obrador, presidente del partido político Morena.

Con los datos del presupuesto aprobado para 2017, López Obrador propone reorientar 357 mil millones de pesos del actual Presupuesto de Egresos de la Federación.

De éstos, 132 mil millones de pesos provendrían del capítulo de “Servicios Personales” –un 11% del total- que incluye las remuneraciones que percibe el personal sindicalizado y de confianza del sector público en sueldos, salarios, honorarios, gratificaciones, seguridad social, diversas prestaciones y servicios y todas las erogaciones derivadas de la relación laboral.

López Obrador pretende reducir en más de 70 mil millones de pesos este capítulo al reducir a la mitad los sueldos de los altos funcionarios, además de eliminar los seguros de separación individualizada, los seguros de gastos médicos mayores privados, así como recortar drásticamente el personal de confianza ‘no fundamentales’ como secretarios privados o escoltas; y una reducción en la nómina de honorarios y eventuales.

Sabemos de los excesos en las altas esferas del sector público mexicano que deben ser combatidos de manera selectiva.

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El otro gran rubo de ahorros –dice López Obrador- se encuentra en las “Adquisiciones y contratos” que, siguiendo la recomendación de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en materia de compras, generaría un ahorro de 120 mil millones de pesos.

Aquí López Obrador propone deshacerse del avión presidencial y de la flotilla de aeronaves adquirida recientemente, además de una revisión y consolidación en la adquisición de bienes y servicios para el sector público.

Otros 105 mil millones de pesos en ahorros provendrán de los “Gastos operativos” y de “Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas”, partidas en las que López Obrador advierte una serie de irregularidades e ilegalidades como los gastos que se asignan a los ex presidentes, los gastos de seguridad pública y nacional, o la partida de “Otras asesorías para la operación de programas”.

Spot publicitario en el que AMLO propone vender el avión presidencial. 

En particular López Obrador apunta a quitar los “subsidios” que reciben las empresas que venden energía a la Comisión Federal de Electricidad.

En 2017 estima que la empresa del Estado pagará 25 mil 242 millones de pesos en “cargos fijos” por la operación y mantenimiento de estos proveedores privados de energía; un pago –que según López Obrador- no existe en otros países con mercados libres y abiertos de energía.

En suma, esta reasignación de 357 mil millones de pesos del presupuesto es un factor crucial para el financiamiento del desarrollo propuesto por López Obrador.

La pregunta es si esta propuesta es realista y sabemos que el diablo está en los datalles. Sin embargo la eficiencia, transparencia y reorientación del gasto público se ha propuesto una y otra vez en los últimos años.

Incluso Luis Videgaray, en la secretaría de Hacienda, planteó un presupuesto base cero para gastar mejor en 2016. Si bien la propuesta quedó en el olvido, dejó en claro que efectivamente una reasignación importante del gasto no solo es posible, sino necesaria.

Urge que el gobierno entrante se enfrasque en la titánica tarea de revisar, readecuar y, en todo caso, recortar las partidas del presupuesto para justificar cada partida de gasto en un ejercicio eficiente y transparente del dinero público.

 

Un año antes, la organización México Evalúa escribió en abril de 2014 que “el presupuesto en México es una Caja Negra porque no se ejecuta lo que se aprueba. Se gasta más, se gasta diferente y no existen mecanismos de transparencia y rendición de cuentas que permitan entender estos cambios”.

Pero al igual que México Evalúa, la OCDE, el CEESP y otros centros de análisis han puesto la mira en un gasto público que año con año crece a instancias del Ejecutivo y del Legislativo en partidas cuestionables, superficialmente analizadas y con una gran opacidad en su ejercicio como lo ha mostrado la Auditoría Superior de la Federación.

La reorientación del gasto no es un asunto a debate. Urge que el gobierno entrante –quien quiera que sea- se enfrasque en la titánica tarea de revisar, readecuar y, en todo caso, recortar las partidas del presupuesto (bajo el enfoque de presupuesto base cero) para justificar cada partida de gasto en un ejercicio eficiente y transparente del dinero público.

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Jorge Chávez Presa, un economista experto en estos asuntos, ex funcionario de Hacienda y ex diputado federal por el PRI, decía bien en un artículo publicado en estas páginas en diciembre de 2015:

“Los contribuyentes estamos pagando con sacrificio de consumo y ahorro una mayor proporción del gasto público. Es la gran oportunidad que tiene la administración de EPN para reorientar el gasto público a mejorar los servicios públicos. Es el momento de que el gasto público deje de ser tan intensivo en dádivas y programas tipo Robin Hood para concentrarse en la buena educación pública, seguridad pública, salud y acceso a la justicia. Que ahora paguemos más impuestos debe tener una consecuencia: tolerancia cero a la corrupción”.

Coincido con Chávez Presa y encuentro razonable la reasignación presupuestal planteada por López Obrador. Ahora la pregunta es ¿hacia dónde irán estos recursos según el líder de Morena?

Continuaremos…

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