La captura de la autonomía de Banxico

Ayer el gobernador Agustín Carstens anunció su renuncia al Banco de México a partir del 1 de julio próximo, para aceptar la gerencia general del Banco de Pagos Internacionales (BIS, por sus siglas en inglés) a partir del 1 de octubre de 2017.

La noticia no fue sorpresiva. El 31 de octubre el diario The Wall Street Journal dio a conocer que Carstens y el francés Benoît Coeuré eran los dos candidatos para ocupar la silla que el próximo año dejará el español Jaime Caruana en el llamado banco de bancos centrales.

Sin embargo Carstens o no quiso revelar la invitación o no sabía de la oferta del BIS cuando hace una semana, el 23 de noviembre, en la conferencia de prensa con motivo de la presentación del Informe Trimestral se le preguntó sobre el asunto y respondió que no sabía de ninguna propuesta. Así que si el gobernador les dijo la verdad a los periodistas en aquella ocasión, tan pronto como recibió la invitación en algún momento de los últimos siete días, le presentó su renuncia al presidente Enrique Peña Nieto. Una renuncia apresurada.

Pero no fue así. Desde hace meses se había mencionado en el círculo cercano al gobernador sobre la posibilidad de su salida de la Junta de Gobierno del banco central, una decisión que cada día se hacía más presente ante las crecientes diferencias que mantuvo con el entonces secretario Luis Videgaray.

Si bien Carstens había sido propuesto por el presidente Peña Nieto –a instancias de Videgaray- para un segundo periodo al frente del banco central a partir del 1 de enero de este año, la relación con el ex secretario de Hacienda no era la mejor. La presencia de Carstens era útil para el gobierno de Peña Nieto por su buen prestigio en los círculos financieros internacionales, particularmente en el Fondo Monetario Internacional y en el Banco Internacional de Pagos, organismos en los que preside importantes comités.

Sin embargo, en la medida en que se fue deteriorando la credibilidad del manejo de las finanzas públicas desde Hacienda, la relación entre ambos decayó ante las constantes intromisiones de Videgaray en la toma de decisiones de la Junta.

A la salida de Videgaray de la secretaría de Hacienda el 7 de septiembre pasado en pleno escándalo por el encuentro entre Donald Trump y Peña Nieto en Palacio Nacional y que le sirvió como cortina de humo al entonces titular de las finanzas del país, Carstens también había decidido su futuro en el banco central. Y es que su nuevo interlocutor en Hacienda, José Antonio Meade, aunque se caracteriza por un mejor trato personal, no cambiaría la creciente intromisión desde Los Pinos en las decisiones relevantes del Banco de México.

El triunfo de Trump en las elecciones del 8 de noviembre pasado selló la salida de Carstens. El peso, que ya era la moneda más devaluada del mundo entre las más negociadas, continuó su paso firme hacia el deterioro. Era una moneda prendida de alfileres tocando sus mínimos históricos entre 20.50 y 21.00 pesos por dólar.

A la mañana siguiente, la apresurada comparecencia de Meade y Carstens ante la prensa dejó en claro –a pesar de los esfuerzos de maquillaje- que las zanjas entre Banxico y Hacienda eran ya de tal tamaño que no había acuerdos básicos entre la política fiscal y la monetaria. Las respuestas fueron las de siempre, ‘de cajón’: La economía mexicana tiene fundamentos sólidos. No haremos nada, fue la noticia que le entregaron a los medios esa mañana, mientras que el peso continuaba haciéndose pedazos frente al dólar.

Pero la gota que derramó el vaso fue la tibia decisión de política monetaria que tomó la Junta de Gobierno al subir la tasa en 50 puntos base. La expectativa era que el banco central diera un golpe de autoridad frente al mercado subiendo la tasa de interés de referencia con un incremento que reflejara las fuertes presiones inflacionarias derivadas de la depreciación cambiaria. Pero no ocurrió. Muchos analistas y operadores del mercado ‘vieron’ en esa decisión la mano invisible del gobierno federal.

La nueva depreciación del peso que ayer provocó la noticia de la salida de Carstens refleja precisamente la desconfianza y el nerviosismo de los inversionistas sobre el riesgo México. No solo es una posición especulativa, sino un riesgo acrecentado por la ejecución de una política económica bajo criterios que no responden a los estrictamente económicos, sino a un plan político-electoral que se sigue desde Los Pinos.

Carstens ha renunciado en el peor momento para la debilitada confianza en la economía mexicana. Su última respuesta fue reducir –con la Junta de Gobierno- el crecimiento económico esperado para 2016 y 2017 a contrapelo de los dichos de Hacienda.

Pero su renuncia, si bien lo llevará a una posición relevante en Ginebra, Suiza, con uno de los salarios más elevados entre los organismos financieros internacionales, solo ahondará lo que ya ha distinguido al gobierno de Peña Nieto: la captura de las instituciones. La captura de las autonomías.