Abrir la 'caja negra' del gasto público

El gobierno no gastará lo que aprobarán los legisladores para el próximo año. Gastará mucho más.

Más aún, lo que el gobierno nos dice a los ciudadanos que gastará en 2017, será solo una aproximación; de hecho, una lejana aproximación. En realidad, Hacienda tendrá muchos más recursos disponibles para gastar que lo reportado por sus funcionarios al Congreso y a los contribuyentes vía la prensa.

Así que, el asunto es de la más alta relevancia porque implica opacidad y discrecionalidad en el uso de los recursos públicos desde el gobierno federal; insuficiencia y distorsión en la rendición de cuentas; pero también un grave cuestionamiento al equilibrio constitucional entre el poder Ejecutivo y Legislativo, en la medida en que éste último no cumple su cometido de contrapeso al Ejecutivo en cuanto a la aprobación y fiscalización en el uso de los recursos públicos a través del Presupuesto.

¿De qué estamos hablando? De una verdadera ‘caja negra’ del gasto público que hay que abrir y desentrañar de una vez por todas.

A estas y otras conclusiones arriba Leonardo Núñez González, alumno del Centro de Investigación y Docencia Económicas, CIDE, en su tesina “Presupuesto de egresos ficticio: El gasto real del gobierno en la cuenta pública”, una tesina que dirigió Mauricio Merino y cuyos principales hallazgos será discutidos en el CIDE el próximo 14 de noviembre con la participación del propio Leonardo Núñez, así como de Mauricio Merino y de Carlos Elizondo Mayer Serra.

Por cierto, es altamente recomendable que asistan los periodistas dedicados a los asuntos económicos y, sobre todo, los legisladores y sus asesores que tendrían que conocer de cerca, no solo la relevancia técnico-económica de estos asuntos, sino también las implicaciones políticas e institucionales de esto que llamamos la ‘caja negra’ del gasto público en un momento en que se discute el presupuesto para 2017, quizá el de mayor trascendencia en muchos años.

Un par de datos son cruciales para llamar la atención sobre el asunto que plantea Núñez González:

De acuerdo al gasto real ejercido en la Cuenta Pública, entre 2000 y 2015 el gobierno ha gastado 3.2 billones de pesos más que lo aprobado en el Presupuesto de Egresos de la Federación para ese periodo. Por cierto, un monto erogado por el Ejecutivo, sin injerencia del Legislativo.

Las diferencias anuales entre lo aprobado en el Presupuesto de Egresos y el gasto ejercido en la Cuenta Pública, son tan significativas que pueden llegar al 15 por ciento del gasto total en un año. Lo anterior dimensiona la discrecionalidad en el ejercicio del gasto público en el país.

Pero, como escribe Núñez González en su tesina, no solo es muy preocupante la cantidad de dinero que puede gastarse el Ejecutivo sin que el Legislativo tenga injerencia, sino también “que los cambios al presupuesto van más allá: además del incremento del gasto total, éste también puede ser redistribuido de manera unilateral al interior de cada ramo, hasta el punto en que, por ejemplo, más de dos tercios del gasto de una Secretaría pueden ser diferentes de cómo había sido asignado originalmente en el presupuesto, terminando en rubros, programas u oficinas distintas a las que el PEF (Presupuesto de Egresos de la Federación) tenía contemplado.

¿Por qué existen estas diferencias entre el Presupuesto de Egresos de la Federación y la Cuenta Pública? La respuesta inmediata por parte de la Administración Pública es que la normatividad lo permite. Las leyes presupuestarias permiten que los ejecutores del gasto realicen ‘adecuaciones presupuestarias’, que son aumentos o disminuciones en las diferentes categorías del gasto, siempre y cuando cumplan con un criterio: que permitan la ‘búsqueda del mejor cumplimiento de los objetivos del Estado’.

Sin embargo, al inspeccionar la Cuenta Pública, las explicaciones disponibles para las modificaciones son, en el mejor de los casos, escuetas y poco claras. Lo mismo sucede con los informes trimestrales que Hacienda envía a la Cámara de Diputados para señalarle los cambios que ha decidido realizar al presupuesto. Además, estos cambios se realizan de manera unilateral por parte del Ejecutivo, ya que el Legislativo, que en teoría es quien aprueba el presupuesto, solo participa como un observador y no puede aprobar o rechazar estos movimientos.

Entonces, las diferencias entre el PEF y la Cuenta Pública, producto de las adecuaciones presupuestarias, los movimientos internos en cada ramo en ampliaciones o reducciones, sumadas con un desconocimiento de la lógica que les da lugar debido al proceso unilateral de decisión, ponen en entredicho nuestro sistema democrático de pesos y contrapesos, ya que el poder Ejecutivo gasta de un modo muy diferente al que la Cámara de Diputados cree y creemos que aprueba”, se lee en la tesina.

¿Qué motivaciones y criterios tiene el Ejecutivo para realizar estas  enormes modificaciones a discreción? ¿Responden realmente a motivaciones técnicas necesarias de la Administración Pública o a intereses políticos particulares?

Preguntas como éstas tendrían que hacerse los diputados en estos días antes de aprobar un Presupuesto que realmente no contempla ningún recorte para 2017.

Todo lo contrario.