Pensiones opacas, en contra de los trabajadores

La opacidad solo conduce a la corrupción o a la trampa. Y si no es así, por lo menos a la sospecha.

El otro día me sorprendí de lo opaco que puede ser en México, incluso, la administración de los recursos que día a día depositan millones de trabajadores formales en sus cuentas de retiro.

Como todos sabemos –o deberíamos saberlo- los patrones depositan bimestralmente en una Administradora de Fondos para el Retiro, conocidas como Afores, un monto equivalente al 6.5% del salario base del trabajador que ha sido registrado ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Este monto de dinero se acumula a lo largo de los años de vida laboral para que, llegado el momento, el trabajador lo disponga ya sea para enfrentar una cesantía, su retiro o su vejez. Dependiendo del monto acumulado el trabajador podrá disponerlo en una sola exhibición o, si así lo decide, a través de una pensión que la Afore le entregará mes con mes.

Cada una de las 11 Afores que existen en el país administran estos recursos de los trabajadores a través de las llamadas sociedades de inversión especializadas en fondos para el retiro (Siefores), dependiendo la edad del trabajador: Mientras más viejo sea el trabajador, más conservadores serán los administradores de las siefores.

De hecho al 30 de junio pasado las afores ya registraban poco más de 3.84 billones de pesos depositados por los trabajadores formales del país para su retiro.

Hasta allí es información pública. Sin embargo lo que no es público -ni siquiera para los trabajadores que son los dueños de los recursos- es en qué invierten específicamente este dinero.

Y allí es donde vino mi sorpresa. Las Afores y la propia autoridad que las vigila y regula, que es la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) solo entregan información sobre el tipo de instrumentos financieros en los que invierten los recursos, pero no informan específicamente sobre el instrumento financiero en el que están invirtiendo el dinero de los trabajadores.

Por ejemplo, informan que invierten un porcentaje en acciones de empresas de infraestructura, pero no señalan en qué acciones específicamente. Y es que no es lo mismo que una Siefore haya invertido en una empresa de infraestructura como ICA o en una empresa de autoservicios como Walmart.

Específicamente estaba interesado en conocer qué Siefores habían comprado las acciones y los bonos de la constructora española OHL y/o de sus subsidiarias; empresas de las que hemos escrito aquí por sospechas de corrupción en los contratos con el Estado de México y por un manejo irregular de su contabilidad que causaría potenciales quebrantos a sus tenedores.

Busqué en cada una de las Afores, sin éxito, y tampoco lo tuve en el portal de Consar. Así que el lunes 25 de julio envié un correo a la subdirección de Información y Atención a Medios de la Consar y a la fecha no he obtenido ninguna respuesta por escrito de la titular de esa subdirección.

Telefónicamente la responsable de atender a los medios, Irina Rojo, respondió a una de nuestras reporteras que esa información no estaba disponible por razones de “competencia” de mercado y que –incluso- si la solicitábamos vía el órgano de transparencia, la respuesta sería la misma.

En otras palabras, ningún trabajador mexicano que deposita sus recursos para su retiro en administración en una Afore, puede saber en qué los invierten, exactamente, los administradores de esa Afore. Le dan una idea a través de grupos de activos financieros, pero no la información precisa.

Con esa opacidad en la administración financiera de las Afores, promovida además por la propia autoridad, no hay ninguna razón para quejarse de porqué los trabajadores no incrementan sus depósitos a través del ahorro voluntario. Nadie en su sano juicio lo haría si no sabe en qué se invertirá su dinero.

El problema es mucho más grande y grave. Porque estas cosas ocurren en México porque existe un enorme hueco en la construcción de ciudadanía; es decir, en la defensa de los derechos y en la consolidación de las libertades.

Una y otra vez, nos enteramos de fraudes sistemáticos y de grandes maquinaciones para quebrantar las leyes en el sector financiero y bursátil –con la complicidad de las autoridades- en contra de los ahorradores e inversionistas en pequeño, sin que los ciudadanos presenten una férrea defensa de sus derechos.

Hace no muchos años ocurrió en el sector hipotecario y el caso Ficrea ‘recreó’ –una vez más- estas prácticas.

¿Es inaceptable? Definitivamente que sí. Pero vuelve a ocurrir una y otra vez. Ya es tiempo de ir más allá de la sola denuncia en los medios.