INEGI: ¿Ineptitud, negligencia o captura?

El pasado viernes 15 de julio el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) presentó los resultados sobre las condiciones socioeconómicas 2015 que forma parte de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH).

Las cifras resultantes de esta encuesta, por localidad, municipio y entidad federativa, es la materia prima para la medición de la pobreza multidimensional que realiza el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) para todo el país.

En los resultados que presentó INEGI advierte que en la encuesta 2015 aplicó nuevas acciones para la captación de la información en campo, por lo que sus resultados no son comparables con las mediciones de años anteriores. En otras palabras: para fines de medición de la pobreza que realiza CONEVAL, es un borrón y cuenta nueva. De un plumazo se tendrán nuevas cifras sobre los pobres del país.

Y claro, lo que hizo encender la polémica en todos los frentes, es que la cifra de pobres –según esta nueva medición- es mucho menor que la reportada en la medición anterior; y es que los resultados arrojan –según CONEVAL- que los hogares más pobres tienen un ingreso 33.6% mayor que hace un año.

Así que, con estas nuevas acciones de captación de la información, INEGI nos dijo que en México no hay -ni había en años anteriores, si se extrapola estos resultados hacia atrás- tantos pobres como se nos había dicho.

El asunto estadístico levantó polvareda como pocas ocasiones, y con razón. La polémica desatada entre INEGI, CONEVAL, think tanks, ONG’s, expertos, y políticos no tiene parangón por las implicaciones técnicas y políticas que tienen estos resultados.

Ante la discusión pública, a la Comisión Permanente del Congreso no le quedó otra más que citar al presidente de INEGI, Julio Santaella, y al secretario Ejecutivo de CONEVAL, Gonzalo Hernández, para que expliquen sus públicas diferencias sobre estos resultados.

El asunto –que además es grave porque la credibilidad de INEGI puede irse al caño- arroja hechos y preguntas que merecen considerarse. Le doy algunas:

El año pasado Rosario Robles, entonces secretaria de Desarrollo Social, con el gobernador Rafael Moreno Valle, presidente de la Conago, promovieron que INEGI, presidido por Eduardo Sojo, realizara un estudio de mayor profundidad sobre la pobreza a nivel de localidades y municipios.

El interés de Robles Berlanga y de Moreno Valle fructificó y el 1 de julio de 2015 se firmó un convenio entre INEGI y CONEVAL con esa intención. El levantamiento de los datos se hizo entre el 11 de agosto y el 28 de noviembre del año pasado. Era clara la intención política de Rosario Robles de mostrar mejores cifras sobre la pobreza nacional y de Moreno Valle de hacer lo mismo con Puebla.

Pero, ¿acaso Sojo no atendió diligentemente la metodología y el levantamiento de los datos, dadas las pocas semanas que le restaban para dejar la institución? ¿Acaso efectivamente CONEVAL no conoció de las nuevas acciones que llevaría a cabo INEGI para la captación de esta información en los hogares?

¿Porqué Julio Santaella, presidente de INEGI a partir del 1 de enero de 2016 -y dada la importancia del asunto- no revisó a detalle con su equipo técnico, la calidad del levantamiento que se hizo en 2015 y el procesamiento de las cifras que se estaba haciendo ya durante su encargo?

¿Porqué en los seis meses de este año no revisó y cuestionó las implicaciones de todo orden que tendría la presentación de estas nuevas cifras y, en todo caso, porqué no presentó alternativas? ¿Acaso es cierto que Santaella se enteró de los resultados de la encuesta apenas unos días antes de su publicación?

¿Porqué Sojo y Santaella no plantearon, entre otras, la posibilidad de procesar y publicar las cifras de ingresos de los hogares bajo las dos metodologías: la anterior y la nueva; de tal manera que se mantuviera la comparación histórica, pero a la vez presentando la nueva con una mayor calidad en el levantamiento de los datos?

¿Acaso los resultados presentados por el INEGI para 2015, deberán también modificar los resultados sobre la medición de los ingresos de los hogares y de la pobreza en años anteriores, con la información obtenida en las encuestas? ¿Existen suficientes consideraciones técnicas como para que INEGI invalide estos resultados?

¿Estamos frente a un caso de ineptitud, negligencia o de captura para fines políticos de un organismo autónomo como INEGI?

En aras de la credibilidad de INEGI, este asunto requiere de una solución de fondo, que no deje lugar a dudas, ni a sospechas. De lo contrario, habremos perdido una de las instituciones más importantes del país.