El grave error de Peña Nieto

El presidente nacional del PRI, Manlio Fabio Beltrones declaró el pasado fin de semana a la prensa en Tamaulipas que en su partido, ni en ningún otro, deberían caber los desleales.

Beltrones se refería a candidatos de su partido que han apoyado a las campañas de candidatos del PAN. Ya antes Beltrones había declarado lo mismo sobre casos de candidatos de su partido que, presumen, mantienen algún tipo de nexo con el crimen organizado.

Tiene razón Beltrones cuando pone a la lealtad como un valor no negociable en la política. La pregunta es: lealtad a quién o a qué principios.

El problema que enfrentamos en México más que de lealtad a una agrupación política, es de honestidad en el quehacer público. Lo primero está inmerso en esto último.

El líder del PRI tendría que enfocar sus declaraciones sobre la conducta de los candidatos de su partido en relación a la corrupción; en que allí – ni en ningún otro partido político- caben los corruptos. Es honestidad en el servicio público y en el ejercicio político lo que reclama la ciudadanía según todas las encuestas.

Y es que la corrupción es ya el tema dominante en los negocios y en la política mexicana ahora y hacia 2018.

Hace poco un alto ejecutivo del sector financiero en la capital me decía que nunca -en sus más de dos décadas de trabajo- los directores financieros de grandes compañías multinacionales que le han visitado, le habían cuestionado específicamente sobre la corrupción en México.

“Simplemente no era un asunto que les preocupara”, me dijo. Sin embargo en los últimos meses las preguntas de los altos ejecutivos de compañías extranjeras sobre la corrupción en el país han sido frecuentes.

“Quizá los sonados escándalos de corrupción en Brasil han repercutido. Pero lo cierto es que la percepción sobre la creciente corrupción en los ámbitos públicos de México se ha convertido en tema para estos ejecutivos cuando se ponderan los riesgos de invertir en el país”, me dijo.

He escuchado esto repetidamente en lo que va del año. La resonancia mediática internacional de los casos ‘Casa Blanca’ y de los estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa, Guerrero, entre otros, ha sido mucho más fuerte que los resultados inmediatos de las reformas económicas emprendidas por el presidente Peña Nieto y que también han sido empañados por la incertidumbre económica global.

Artículos reiterados en los últimos meses sobre casos de corrupción en México, que involucran al presidente de la República y a sus colaboradores, publicados por medios influyentes como The Economist o The New York Times, han hecho mella en la percepción de corrupción como un costoso riesgo adicional para invertir en México.

A diferencia del pasado, la percepción sobre el costo de pagar elevadas cuotas o ‘mordidas’ a funcionarios públicos, reguladores, jueces y políticos para hacer negocios en México, ha crecido hasta convertirse en un factor para los consejeros y para los altos funcionarios de las grandes multinacionales. Una percepción que llega hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

El miércoles pasado Christine Lagarde, la directora-gerente del Fondo Monetario Internacional, recordó que la corrupción efectivamente frena la inversión local y extranjera, así como afecta el crecimiento económico y produce una mayor desigualdad en las poblaciones.

Pero también Lagarde aludió a que “el mayor desafío surge cuando la corrupción ha permeado una sociedad” a tal punto que incluso las instituciones encargadas de la aplicación de la ley, se ven comprometidas en su integridad y credibilidad.

Pues bien, sin mencionarlo específicamente, es el caso de la percepción que ahora se tiene desde fuera sobre México; confirmando aquella nota de The Economist de marzo pasado en la que la publicación británica señalaba enfáticamente que la corrupción era uno de los mayores pendientes del Presidente Enrique Peña Nieto, aún y cuando lograra rescatar a Pemex.

El 7 de mayo pasado la revista británica volvió a la carga con el tema y se preguntaba si Peña Nieto se había colocado en el lado equivocado de la historia al bloquear una ley anticorrupción efectiva.

Ninguna de estas palabras han pasado desapercibidas entre los círculos de accionistas, consejeros, CEO’s y CFO’s de las grandes multinacionales.

Los ciudadanos mexicanos también lo piensan así y con mayor fuerza. Tres cuartas partes de los encuestados por Reforma hace poco más de un mes (13 de abril) calificaron de “desfavorable” el combate a la corrupción por parte del Presidente; la calificación más negativa para Peña Nieto incluso por encima del manejo de la economía, de los empleos o del combate a la pobreza.

Sí, la corrupción es el tema dominante en México. Y también lo es para los capitales extranjeros asentados en el país y aquellos que están eligiendo sus destinos de inversión, con evidentes consecuencias sobre la economía como lo apuntaba Lagarde.

Pero ni Manlio Fabio Beltrones, ni Enrique Peña Nieto lo asumen así. No en los hechos. Y no lo asumen, o porque son incapaces de una autocrítica y ven el asunto como un estratagema de sus enemigos, o porque son lo suficientemente arrogantes como para creer que esto es un riesgo a su propia permanencia en el poder. O ambas cosas.

Desde la mirada económica, no revertir la creciente percepción de corrupción sobre la clase política y las instituciones del país, con acciones decisivas; es un grave error.

Allí está el espejo de Brasil.