Pemex, el botín de siempre

El problema mayor es que desde Los Pinos no se atisba una instrucción clara sobre la urgencia de atender un asunto de este tamaño e importancia para el futuro de la naciente empresa productiva del Estado y para las finanzas públicas del país
6 Julio, 2015
El Observador

Este 31 de julio tendría que quedar cerrada la negociación del contrato colectivo de trabajo entre el sindicato petrolero que encabeza Carlos Romero Deschamps y Petróleos Mexicanos que dirige Emilio Lozoya.

Y el 11 de agosto próximo Pemex deberá ya tener un nuevo régimen de pensiones para detener la grave hemorragia que le significan sus multimillonarios pasivos laborales.

Pero el corto tiempo que quedan para estas fechas fatales no parece inquietar mucho a los políticos involucrados en estos asuntos, por la lentitud que observamos y por los intereses personales que están en juego. O quizá ya lo tienen resuelto; cosa que –sinceramente- lo dudamos.

Generalmente las negociaciones laborales en el monopolio petrolero estatal han sido de carácter político, como ha sido –y sigue siendo con todo y cambio de régimen jurídico- la naturaleza general de Pemex. Una empresa vista y operada bajo criterios e intereses políticos.

De allí que las negociaciones laborales en las que intervienen –directa o indirectamente- el propio presidente de la República, el secretario de Hacienda, el de Energía, el director general de la petrolera, y, por supuesto, los dirigentes sindicales, son un ‘estira y afloja’ dependiendo de la agenda del gobierno en turno, de la fuerza del liderazgo sindical para demandar recursos adicionales, así como de la coyuntura política y electoral.

En esta ocasión no solo no será la excepción, sino que el asunto se entrecruza con las aspiraciones políticas personales de los involucrados y ello, pensamos, también está jugando en contra de la agilidad y compromiso que requieren estos delicados asuntos.

Además de la negociación de las condiciones salariales y de las prestaciones laborales estipuladas en el contrato colectivo, el gobierno debe resolver el grave asunto de los pasivos laborales que desde hace mucho tiene hundido el balance de Pemex y que, de no resolverlo, le imposibilitará acceder al financiamiento que requiere una vez que se abra el mercado petrolero a la competencia.

Encontrar solución a los abultados pasivos laborales que prácticamente alcanza 1.5 billones de pesos, pasa por modificar el actual régimen de pensiones de la petrolera para convertirlo en uno que se sume al de las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores) y que deberá firmarse hasta el 11 de agosto próximo; en poco más de un mes. Y es allí en donde los avances en las negociaciones han sido lentos.

Los contactos entre los altos funcionarios del gobierno y los líderes petroleros han sido escasos para deshacer los nudos críticos de la transición; como a cuántos y a qué tipo de trabajadores aplicaría el nuevo esquema de pensiones o cuál será el destino de los más de 70 mil trabajadores contratados vía outsourcing por la petrolera.

¿Acaso estamos frente a una de las mayores acciones de despido de trabajadores –en outsourcing, de confianza y sindicalizados- de la petrolera lo que implicaría la multiplicación de las demandas laborales en contra de la empresa del Estado? ¿Acaso Hacienda ya tiene su ‘guardadito’ (¿en estos tiempos de ajuste de cinturón?) para hacer frente al costo de un millonario despido?

El problema mayor es que desde Los Pinos no se atisba una instrucción clara sobre la urgencia de atender un asunto de este tamaño e importancia para el futuro de la naciente empresa productiva del Estado y para las finanzas públicas del país.

Se sabe que Romero Deschamps y Luis Videgaray tienen más de un mes sin reunirse para abordar el asunto; y que el director general de Pemex parece estar más interesado en lo que ocurre al interior de la secretaría de Relaciones Exteriores e incluso en la decisión sobre el nuevo embajador de México en Washington.

Hemos visto (figuradamente) en estas últimas semanas al secretario Videgaray cómo ha intensificado su agenda con empresarios y gremios empresariales del país en una verdadera ‘operación cicatriz’ buscando restañar las heridas producto de la maltrecha relación que provocó durante el primer tramo del sexenio. Ahora se le ve ocupado en atenderlos y ‘apapacharlos’ –según sus propias versiones; quien sabe con qué intenciones.

Mientras tanto Pemex ha seguido tapando hoyos en su balance con un agresivo plan  de endeudamiento externo en momentos en que arrecia la incertidumbre financiera internacional y crecen los riesgos para la petrolera.

La cuestión central es que Pemex, a pesar de la reforma energética y de los cambios legales, se sigue manejando como el botín político que siempre ha sido para quienes llegan al poder; y no como la empresa que busca su eficiencia operativa, su rentabilidad y competitividad.

Las negociaciones con el sindicato sobre el pasivo laboral están respondiendo a estos intereses.

Samuel García Samuel García Es economista y periodista económico. Es fundador y director de Arena Pública. Fundó y dirigió El Semanario de Negocios y Economía. Fue director editorial de Negocios del Grupo Reforma y del diario El Universal. Director fundador de Infosel. Fue profesor de la Maestría en Periodismo y Asuntos Públicos del CIDE y Coordinador-profesor del Diplomado en Periodismo Económico de la Escuela de Periodismo Carlos Septién García. Columnista y comentarista en diversos medios de comunicación en México.