La decisión de no aplicar la ley

En los últimos años los gobiernos en México han elevado los incentivos para el conflicto.

Los maestros de la sección 22 de Oaxaca cierran carreteras federales y se apropian de los lugares públicos del centro de la ciudad sin que los gobiernos apliquen las leyes que sanciona estos hechos y sin ninguna consecuencia legal para los infractores.

Recurrentemente grupos de manifestantes en el estado de Michoacán roban autobuses privados que utilizan en sus mítines con la complicidad de las autoridades que se niegan a cumplir la ley a la que están obligados.

A unos cuantos metros del Palacio Nacional en la Ciudad de México, sede de las oficinas del secretario de Hacienda, cientos de ambulantes gritan a todo pulmón sus ofertas de mercancías de origen ilegal a sabiendas que las autoridades fiscales y aduanales tampoco cumplirán con su deber de aplicar las leyes que dicen respetar.

Y como éstos, hay docenas de casos que muestran como los gobiernos han decidido renunciar, por razones políticas, a hacer cumplir las leyes a las que están obligados. Una poderosa razón que explica la multiplicación de conflictos en todo el territorio nacional.

Recuerdo que Arsenio Farell Cubillas, quien fuera secretario del Trabajo por casi 12 años durante los gobiernos de Miguel de la Madrid y de Carlos Salinas de Gortari, repetía que cuando se negocia la resolución de una huelga entre trabajadores y patrones, nunca debería ofrecerse pagar el 100% de los salarios caídos.

Su explicación era que, hacerlo, sembraba incentivos para generar nuevas huelgas y conflictos laborales. Por eso Farell insistía en que toda negociación que busca resolver una huelga deberá implicar costos importantes para ambas partes; o, de lo contrario, se tendría una multiplicación de conflictos difícil de detener en el país. Lo cierto es que el número de huelgas disminuyó sensiblemente durante esa época.

Pero esta lección de los costos para evitar la multiplicación de conflictos se ha olvidado. Y más aún, se han dejado a un lado las consecuencias que siempre debe tener el quebrantamiento de las leyes.

Por eso muchos docentes en algunas regiones del país pueden dejar de dar clases sin razones legalmente válidas, y cobrar puntualmente su quincena porque ninguna autoridad hace valer el cumplimiento de los contratos y de las leyes laborales.

Los legisladores locales y federales han hecho lo mismo en múltiples ocasiones sin que sus ingresos se vean afectados y sin sufrir los costos de su incumplimiento.

Los guardaespaldas de los políticos y empresarios quebrantan diariamente las leyes de tránsito y de portación de armas, sin ningún costo para sus influyentes empleadores, ni para ellos mismos; porque quienes deberían aplicar la ley reciben instrucciones de sus superiores de no hacerlo.

Así que no hay incentivos para cumplir las leyes. Por el contrario, en el país están dadas las condiciones, desde los mismos gobiernos, para incentivar el conflicto y multiplicarlo sin consecuencia ni costo alguno para los detractores de la ley.

Allí, en la decisión política de no aplicar la ley, está la raíz de la multiplicación de los conflictos que hoy azotan al país.

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El Centro de Investigación y Docencia Económicas, CIDE imparte desde hace tres años una maestría en Periodismo y Políticas Públicas que busca profesionalizar la actividad periodística en el país. Desde su nacimiento tuve la fortuna de que Ricardo Raphael, su coordinador, me invitara a participar como docente. El reto que ha asumido Raphael es enorme, pero éste es mucho más gravoso cuando hay un escaso entendimiento en las empresas de medios, en la comunidad empresarial y en el propio gobierno de que un periodismo profesional es indispensable para la construcción de una sociedad responsable que a todos conviene.

MÁS INFORMACIÓN: Reprueban 12 estados en cumplimiento de Ley de Contabilidad. Nota de Arena Pública del 15 de octubre del 2014.