¿Cómo se explica que mientras el gobierno destina miles de millones de pesos del presupuesto público a subsidiar programas para combatir la pobreza, por otro lado genera más pobreza con una política de precios públicos que incrementa la inflación general y deteriora el poder adquisitivo de millones de familias?
La realidad es que la política de precios y tarifas públicas que ha seguido el gobierno federal y los gobiernos locales en México es inflacionaria, y es la causante de una parte importante del incremento general de los precios al consumidor que ha registrado la economía en los últimos años.
Le doy algunos datos que publica el Instituto Nacional de Estadística y Geografia (INEGI) y que ejemplifican este asunto. En agosto pasado la inflación anual fue 4.15 por ciento y los precios y tarifas que determina el gobierno contribuyeron con 1 punto porcentual a esa inflación; es decir, que 24.3 por ciento de la inflación registrada en ese periodo tuvo que ver con los incrementos en precios y tarifas que fija el gobierno, particularmente los precios de las gasolinas y de la electricidad.
Si revisamos este mismo impacto un año atrás -es decir para el periodo agosto 2012-agosto 2013- los precios que fija el gobierno tuvieron una incidencia mucho mayor en la inflación general, de 33.9 por ciento. En ese periodo, uno de cada 3 puntos de inflación registrados tuvo que ver con la política de precios del gobierno.
La pregunta es ¿por qué el gobierno incrementa los precios de los bienes y servicios que nos vende en porcentajes superiores a los del mercado y de la inflación general, como ocurre en el caso de las gasolinas, del diesel, de la electricidad o de los peajes? La respuesta es la ineficiencia con la que el gobierno produce y entrega esos bienes y servicios que -en su gran mayoría- tienen un carácter monopólico, por lo que los consumidores no tienen otra opción más que adquirirlos al precio y con la calidad que el gobierno los determina y los entrega.
Es el caso de los precios de las gasolinas que aquí ya hemos comentado en varias ocasiones anteriores. Con todo y que el precio de la gasolina en el sur de los Estados Unidos es menor que en México desde el año pasado, en el país se sigue incrementando su costo en términos de dólares y ¡además el gobierno sigue erogando miles de millones de pesos del presupuesto en subsidiar su precio de venta!
Tal irracionalidad sólo tiene sentido por la ineficiencia en los procesos de refinación y por la corrupción (no se puede olvidar que el robo de gasolinas en México causa importantes pérdidas al erario público) imperante en la producción y distribución de gasolinas en el país, además de los altos costos de transporte implícitos para acarrearla desde las refinerías texanas al país.
Así que el alto precio que pagan los consumidores por las gasolinas y sus incrementos muy superiores a la inflación general, están determinados por esa ineficiencia y corrupción.
De allí que los precios que fija el gobierno se incrementaron en agosto 7.03 por ciento a tasa anual, mientras que en agosto de 2013 el incremento fue de 8.16%. Prácticamente el doble de la inflación general en ambos años.
Esta política de fuertes incrementos en los precios públicos que ha seguido el gobierno es otra forma –además de los impuestos- de extraer riqueza de los bolsillos de las familias para financiar un presupuesto público que esconde -en los procesos operativos y de producción de las empresas públicas- ineficiencias y corrupción.
La inflación generada desde el sector público empobrece a los más pobres, lastra los bolsillos de las familias y castiga la competitividad de la economía limitando la generación de empleos. De allí que cualquier programa fiscal de combate a la pobreza que no vaya acompañada de una política de precios públicos que responda a criterios de eficiencia y de productividad del sector público, será limitada.
Así que el mandato constitucional dado al Banco de México de procurar la estabilidad del poder adquisitivo ha tenido en las políticas del gobierno a uno de sus mayores enemigos. Ni más, ni menos.
Samuel García
Editor y economista. Fundador y director de Arena Pública. Fundó y dirigió El Semanario de Negocios y Economía. Fue director editorial de Negocios del Grupo Reforma y 'El Universal'. Director fundador de 'Infosel'. Fue profesor de la Maestría en Periodismo y Asuntos Públicos del CIDE y del Diplomado en Periodismo Económico de la Escuela de Periodismo Carlos Septién. Máster en Periodismo Digital. Columnista, comentarista y consultor para diversos medios en México.