El desgaste prematuro de la línea 12 del Metro de la Ciudad de México les jugó una mala pasada al director del Metro, Joel Ortega, y al propio jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera.
El cálculo original era que la “bomba del escándalo” por las graves fallas de la Línea 12, que se construyó durante el gobierno de Marcelo Ebrard en la capital del país, estallara a tan sólo unos pocos meses antes de las elecciones internas del partido y de cara a las intermedias de 2015. Sería un golpe seco a las aspiraciones políticas del ex jefe de gobierno.
Pero el deterioro técnico de la línea no respetó estos cálculos políticos y los riesgos de un desenlace fatídico crecieron como la espuma a inicios del año.
Una vez estallado prematuramente el escándalo, la cuestión ahora es quién y cómo se enfrentarán los costos financieros derivados de un cúmulo de fallas que allí están y que son obvias.
Más allá de la “guerra política” al interior del PRD y del gobierno capitalino, el hecho es que será muy difícil que se fundamenten acusaciones y reclamos serios a las empresas involucradas en el caso de la Línea 12 del Metro capitalino.
La razón jurídica es simple: los contratos que firmaron, con el Metro o con el gobierno capitalino en su momento, cada una de las empresas involucradas en el proyecto, están hechos de tal manera que no hay responsabilidad que se les pueda atribuir directamente por lo ocurrido, sin que sea impugnado ante un tribunal. Ése es el punto.
Claro que los costos financieros para resolver los problemas derivados de la ya costosa Línea 12 son enormes y alguien los tendrá que asumir, porque el gobierno que encabeza Miguel Ángel Mancera tampoco tiene el presupuesto para hacerlo. Así que la negociación va en el sentido de que los trabajos de corrección transitorios que se están realizando sean financiados por las empresas. Se sabe que ya Carso, la empresa de Carlos Slim, lo está haciendo.
El asunto es que la Línea 12 requiere de soluciones definitivas, de largo plazo, que costarán una verdadera millonada, si se decide por ese camino. De allí la demora de Mancera y de sus huestes en el gobierno capitalino.
El golpe político está dado y seguramente se identificarán culpables en las próximas semanas, con lo que también se buscará alargar el escándalo. En el otro asunto -en el de los recursos para solucionar el problema- no hay respuestas fáciles; y si no, pregúntele al secretario de Finanzas del DF.
TODO POR DECIDIR EN TELECOM
Indefinido. Así se puede describir el clima al interior del sector de las telecomunicaciones después de la reforma. Y es que si bien el Instituto Federal de Telecomunicaciones, que preside Gabriel Contreras, ha venido haciendo su trabajo de acuerdo a la agenda programada, desahogándola con cierta celeridad, queda claro que el tema de la preponderancia en telecomunicaciones -léase América Móvil- es el asunto a resolver.
Y allí las preguntas que requieren respuesta son todas las que se nos puedan ocurrir, como ¿de qué modalidades de desincorporación de activos se está hablando? o ¿cómo se medirá la desincorporación que proponga América Móvil? De hecho -y para decirlo claro- aún no queda bien entendido en el sector, qué es esto de la preponderancia cuando se trata de ponerle números al asunto.
Ya los funcionarios de América Móvil se han reunido en dos ocasiones con los comisionados del IFT para detallar el asunto y a la última reunión del pasado miércoles 20 de agosto asistió Alejandro Cantú, el director jurídico de la empresa de Carlos Slim. Claro que no han sido las únicas reuniones para ver el caso. En las últimas semanas se han reunido con los comisionados del IFT tanto ejecutivos de Anatel, como de Televisa y Alestra, interesados en olfatear el rumbo que seguirá el caso.
No es para menos. Y es que el asunto de la preponderancia de América Móvil en el mercado de las telecomunicaciones puede resolverse en cuestión de seis meses o tomar tres años… con todo lo que ello implica.
ITAÚ, “DESPACIO QUE VOY DE PRISA”
El Grupo Itaú -el mayor conglomerado financiero de América Latina y unos de los mayores del mundo que ha decidido ingresar al mercado mexicano para sentar sus reales aquí- ya está en la fase final del proceso de revisión y aprobación de las autoridades regulatorias para operar como casa de bolsa.
El proceso administrativo podría concluir hacia inicios del próximo año. Itaú sería el segundo grupo financiero brasileño -ya su competidor, la brasileña BTG Pactual, opera en México- con presencia y licencia de operación en el mercado de valores de nuestro país.
Pero claro que la presencia de la banca corporativa de Itaú -Itaú BBA- es sólo el comienzo en México. Y es que difícilmente se puede pensar que Itaú presuma ser el mayor banco de la región sin una presencia destacada en un mercado como el mexicano. Así que la exploración de Itaú aquí pasa por buscar la compra de un “pez gordo” del sistema financiero local. ¿Quién le gusta? ¿Acaso Scotiabank, que desde hace un par de años se rumora en Canadá la venta de sus operaciones en México, como en Chile? No hay mucho de donde escoger por participación de mercado y precio. Así que apuéstele y no pierda de vista al gigante brasileño.
Samuel García
Editor y economista. Fundador y director de Arena Pública. Fundó y dirigió El Semanario de Negocios y Economía. Fue director editorial de Negocios del Grupo Reforma y 'El Universal'. Director fundador de 'Infosel'. Fue profesor de la Maestría en Periodismo y Asuntos Públicos del CIDE y del Diplomado en Periodismo Económico de la Escuela de Periodismo Carlos Septién. Máster en Periodismo Digital. Columnista, comentarista y consultor para diversos medios en México.