Feudos

Los resultados que arrojó el censo educativo que realizaron conjuntamente la Secretaría de Educación Pública y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía confirman que el funcionamiento de la educación en México ha sido, por años, un asunto de particulares. Un verdadero feudo rentista imposible de penetrar para quienes son ajenos a sus intereses, incluyendo al Estado.

Esa es la razón que explica por qué al gobierno federal le fue imposible censar a todas las escuelas del país cuando desde el Pacto por México y desde el propio gobierno de la República se había acordado que así fuese.

Sin embargo, ello no ocurrió. En estados como Michoacán, Oaxaca y Chiapas un elevado porcentaje de escuelas no fueron censadas porque simplemente no se permitió el acceso a los encuestadores. El feudo no lo permitió.

En 12 estados no se entregaron las bases de datos de las nóminas magisteriales que se requirieron (Nuevo León, Quintana Roo, San Luis Potosí y Tamaulipas), o se entregaron vacías o incompletas (Baja California Sur, Chiapas, Coahuila, Colima, Durango, Sinaloa, Tabasco y Michoacán), por lo que el censo educativo -aunque nos da una buena idea de lo que está ocurriendo- es parcial debido a los férreos controles impuestos por el feudo, desafiando al Estado.

De cualquier manera, este censo nos permite asomarnos por una rendija a lo que está ocurriendo allá dentro, en las escuelas públicas y en las oficinas educativas del país, a pesar de las serias deficiencias con las que la SEP presentó sus resultados. Afortunadamente, los especialistas del IMCO han hecho una estupenda labor para acercarnos a estos resultados con mayor facilidad y sencillez.

Y lo que se ha logrado ver confirma las sospechas de siempre: que quienes controlan el feudo de la educación pública han dispuesto por años de los multimillonarios recursos públicos a su antojo: Multiplicando las categorías salariales (baste señalar que en Coahuila se reportan mil 91 categorías salariales), creando “escuelas fantasma” para recibir presupuestos adicionales (sólo en Guanajuato se han detectado 812 escuelas inexistentes), con lo que el feudo recibe más de 343 millones de pesos adicionales en lo que se conoce, o simplemente elevando sus ingresos sin control por parte de organismo público alguno (la encuesta -con todo y que es incompleta- detectó que más de siete mil maestros tienen sueldos superiores a 100 mil pesos).

Un feudo rentista que aglutina a miles de líderes magisteriales que viven del presupuesto educativo y que se lo reparten como botín particular. Un feudo rentista que, por supuesto, tuvo y tiene aún el patrocinio de políticos de todos los colores partidistas, de legisladores, gobernadores y presidentes municipales que han compartido durante décadas el botín educativo y las rentas políticas.

Construyeron un feudo útil a sus intereses y que ahora les es casi imposible desmontar, como lo hemos visto recientemente con el desprecio de no pocos gobernadores y legisladores locales a la reforma educativa que aprobó el Congreso a finales de 2012.

Claro que ahora preocupan los desastrosos resultados en la calidad de la educación pública -medido a través de evaluaciones como la prueba internacional PISA- porque ya es un serio obstáculo al desarrollo y a la calidad del crecimiento económico sostenible del futuro. Porque el estado de la educación pública pone en riesgo la viabilidad y rentabilidad futura de las reformas económicas que se han emprendido.

Pero, cuidado, el feudo educativo no es el único. Por décadas las clases políticas gobernantes sembraron feudos a modo por doquier, convenientes y que siguen sobreviviendo del rentismo tan característico de nuestras instituciones económicas.

Así que “mover a México” hacia el desarrollo, seguirá siendo una frase hueca si no se tocan éstos y otros feudos.