El pasado martes le dijimos aquí que el “caso Oceanografía” es apenas la punta de un iceberg de mucha mayor dimensión que aglutinaría a políticos, empresarios y funcionarios públicos de alto nivel, quienes, por años, se han beneficiado de los millonarios contratos que otorga Petróleos Mexicanos.
Vaya, es mucho más que un caso de fraude en contra de Banamex en operaciones de factoraje y muy probablemente en contra de otras entidades financieras que se irán revelando. No se reduce, entonces, sólo a un delicado asunto entre particulares como ya se ha ventilado.
¿Por qué decimos esto? Porque la maquinación fraudulenta de los últimos meses en Oceanografía sólo fue la consecuencia de una gestión que por muchos años estuvo basada en el tráfico de influencias y en las irregularidades en los procesos de licitación de la petrolera estatal. Una cuestión que ha sido ampliamente documentada por el trabajo periodístico de varios años como ya se ha mencionado.
Es inconcebible señalar a los socios y directivos de Oceanografía por éstos y otros actos ilegales, sin dejar de investigar y apuntar a funcionarios públicos de alto nivel y a políticos que, del otro lado de la cuerda, fueron sujetos y cómplices de estas prácticas de manera directa, obedeciendo órdenes de sus superiores o, simplemente, guardando silencio.
Así que la investigación del caso atraviesa por igual las oficinas de Oceanografía, que de Los Pinos, de Pemex, de la Secretaría de Hacienda, de la Secretaría de Energía o de la Función Pública en épocas de los gobiernos panistas.
Por eso la pregunta más importante del caso, ahora que el hilo se reventó por lo más delgado con el millonario fraude en contra de Banamex, es hasta dónde piensa llegar la Procuraduría General de la República y, por supuesto, el presidente Enrique Peña Nieto con este asunto.
¿Cuáles son los límites autoimpuestos por el gobierno, si es que los hay? ¿Veremos una investigación sólo en torno a la probable comisión de delitos por falsificación de documentos, fraude mercantil, defraudación ante el IMSS y lavado de dinero; o se irá más allá? ¿Acaso la PGR investigará a fondo el espectacular crecimiento de Oceanografía en la última década y media? ¿Hará una revisión pormenorizada de la situación patrimonial de sus socios? ¿Acaso investigará a fondo los procesos de licitación de Pemex en los que participó, la forma como obtuvo esos contratos, a qué precios, con qué garantías y si acaso se cumplió la normatividad de Pemex? ¿Investigará el denunciado tráfico de influencias entre los socios de la empresa y funcionarios públicos para ganar las licitaciones en su momento? ¿Tendrá la PGR en su guión de investigación averiguar por qué Pemex, bancos acreedores y empresas de factoraje, como Banamex, hicieron caso omiso de las viejas advertencias que emitieron las calificadoras de riesgos -Standard & Poor’s y Fitch- sobre la opacidad de Oceanografía, el deterioro de sus finanzas y su prácticamente nula capacidad de pago?
¿Acaso se tiene la decisión política del gobierno actual para proceder legalmente incluso -si fuera el caso- en contra de ex funcionarios públicos de alto nivel de los gobiernos panistas y de sus cercanos?
En suma, ¿qué tan lejos llegará el espinoso ‘caso Oceanografía’? Tengo la impresión que no muy lejos; que la tradicional frase de “llegaremos al fondo del asunto, caiga quien caiga” esta vez sonará más hueca que nunca.
Por la credibilidad en las instituciones, que tanta falta hace, espero equivocarme rotundamente.
Samuel García
Es economista y periodista económico. Es fundador y director de Arena Pública. Fundó y dirigió El Semanario de Negocios y Economía. Fue director editorial de Negocios del Grupo Reforma y del diario El Universal. Director fundador de Infosel. Fue profesor de la Maestría en Periodismo y Asuntos Públicos del CIDE y Coordinador-profesor del Diplomado en Periodismo Económico de la Escuela de Periodismo Carlos Septién García. Columnista y comentarista en diversos medios de comunicación en México.