El mayor problema que ha enfrentado México en el último siglo ha sido la presencia monopólica en su vida política, económica y sindical, que ha lastrado el crecimiento de la economía y la calidad de vida de los hogares mexicanos.
Por siete décadas, la estructura monopólica que construyó el PRI dominó las decisiones políticas del país condenando a la competencia política a un acto de mera simulación. Bajo ese mismo paraguas del corporativismo dominante se desarrolló un liderazgo sindical fincado en relaciones de conveniente corrupción con el poder presidencial y con las élites económicas que crecieron a su alrededor.
Por décadas se prohijaron monopolios económicos -públicos y privados- convenientes para la administración de un régimen político dominante con altísimos costos en materia de crecimiento, de competitividad y de desigualdad. Es evidente que esta estructura monopólica que se asentó en las raíces mismas del sistema de ejercicio del poder político es el principal obstáculo para el crecimiento sostenido de la economía y ya no responde a las exigencias actuales que impone la competencia por los capitales globales y mucho menos a las exigencias de los consumidores-electores actuales.
Por eso las reformas económicas aprobadas por el Congreso tienen su mayor desafío en desmontar -en mayor o menor medida- la presencia de estos agentes dominantes en los mercados y sus prácticas monopólicas construidas por años y que últimamente han buscado defenderse basados en prácticas de simulación.
El presidente Peña Nieto sabía que este avance era irrenunciable para que las reformas realmente produzcan algún fruto durante los próximos años de su gobierno.
Siendo aún presidente electo, en octubre de 2012, Peña Nieto se comprometió, en la sede de la OCDE en París, a combatir las prácticas monopólicas. “México tiene que dar pasos decisivos para impulsar la competencia económica en distintos sectores de la economía”, dijo en aquella ocasión.
Y es que la verdadera reforma -la madre de las reformas económicas que ha impulsado en su primer año de gobierno- debe ser el combate a las prácticas monopólicas para privilegiar la competencia en los mercados. Esta es una cuestión de fondo que le dará validez o no a las reformas en sectores clave, como el de las telecomunicaciones o el energético.
De allí la importancia de analizar con todo cuidado la propuesta sobre la ley de competencia económica que enviará esta misma semana el Presidente al Congreso. O la propuesta de ley sobre telecomunicaciones que hará llegar al Senado en los próximos días. E, incluso, poco más adelante, la postura a detalle del Ejecutivo sobre la competencia en los sectores petrolero y eléctrico. Allí, en la redacción de estas propuestas sabremos si, efectivamente, Peña Nieto se ha dispuesto a dar el paso decisivo para remover el mayor problema que enfrenta México y que es raíz de inequidad, de privilegios, de corrupción y de pobreza.
Más allá de una mercadotecnia efectista para centrar los reflectores en las acciones reformadoras que ha emprendido su gobierno, la pregunta es si él y su equipo de reformistas tienen el músculo para que las leyes y el diseño de las instituciones de regulación de mercados, se orienten -sin atajos ni interferencias- hacia el cumplimiento efectivo de las sanas prácticas de la competencia en los mercados.
Esa es la madre de las reformas.
Samuel García
Es economista y periodista económico. Es fundador y director de Arena Pública. Fundó y dirigió El Semanario de Negocios y Economía. Fue director editorial de Negocios del Grupo Reforma y del diario El Universal. Director fundador de Infosel. Fue profesor de la Maestría en Periodismo y Asuntos Públicos del CIDE y Coordinador-profesor del Diplomado en Periodismo Económico de la Escuela de Periodismo Carlos Septién García. Columnista y comentarista en diversos medios de comunicación en México.