Instituciones amenazadas

Una de las tareas aún pendientes en México es el fortalecimiento de las instituciones de regulación, supervisión y evaluación de las políticas públicas. De su fortaleza se desprende la credibilidad de éstas medidas hacia dentro y fuera del país, con consecuencias directas sobre la propia eficacia de las políticas implementadas, pero también, en algunos casos, sobre el flujo de inversiones que llega a México.

Uno de los mejores ejemplos que ahora tenemos en México sobre la fortaleza de una institución, que se ha traducido en ganancias de credibilidad interna y externa, así como de confianza de los capitales, es el Banco de México. Un organismo financiero que durante décadas fue presa de los intereses de los políticos en el gobierno, pero que la consolidación de una autonomía plena que puso distancia respecto de los caprichos del poder político y los intereses partidistas, le hizo ganar una credibilidad suficiente como para generar confianza en sus decisiones de política monetaria (Situación, por cierto, que debe preservarse con celo desde la sociedad civil).

Pero lamentablemente el caso del Banco de México más bien parece una excepción en las instituciones del país. Aún el reto de credibilidad es enorme para instituciones centrales como el Instituto Federal Electoral (IFE); la Comisión Nacional Bancaria y de Valores; el propio Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI); o la Auditoría Superior de la Federación. En otras instituciones de reciente creación, pero que son fundamentales para el país, como la Comisión Nacional de Competencia Económica o el Instituto Federal de Telecomunicaciones, sólo se puede decir que su escasa trayectoria aún no permite evaluar su fortaleza y credibilidad, pero los riesgos de toda índole que las acechan son enormes.

Otros pocos más, como el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, (INEGI); o el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Coneval, han logrado sentar bases firmes para ganar credibilidad en sus resultados a través de su independencia, transparencia y autonomía de gestión.

Pero habrá que tener cuidado. Hace algunos años quien era en ese entonces presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores me insistía en que no era conveniente plantear la autonomía plena de la Comisión ante el Congreso, por la sencilla razón -era su argumento- de que el organismo financiero sería “capturado” por los intereses partidistas en el Congreso, politizando -decía él- las decisiones de un organismo eminentemente técnico. En aquel momento sus razones no me convencieron porque precisamente la politización en la toma de decisiones de un organismo como la CNBV al depender de Hacienda y -por lo tanto- de Los Pinos era la principal razón para buscar la autonomía.

Pero en algo tenía razón aquel funcionario público. Los políticos en el gobierno y en el Congreso parecen estar a la caza de las instituciones de regulación, supervisión y evaluación de las políticas públicas para controlarlas según sus particulares intereses. De hecho -como ha ocurrido con el IFE, que es el árbitro electoral- uno de los graves problemas de estas instituciones es que han sido cooptadas a través del reparto político de las juntas de gobierno, de los consejos de administración o de los consejos técnicos asesores. En esa condición está Pemex, para no ir más lejos, y ésta también podría ser la condición del propuesto Fondo Mexicano del Petróleo que administraría y distribuiría los abundantes recursos petroleros.

Ahora mismo se decide en el Congreso -como parte de la reforma política- la suerte del Coneval, un organismo de evaluación de las políticas sociales que implementa el gobierno y cuya necesaria independencia del Ejecutivo Federal y de la partidocracia está siendo amenazada, precisamente por los intereses particulares de los legisladores y de los partidos que representan.

Fortalecer y colocar (aquí sí) un cerco a las instituciones, debe ser cuestión prioritaria de la sociedad civil organizada y asunto de agenda de la prensa independiente.